Agenda Pendiente

El inicio de un año es sin duda el período perfecto para replantear estrategias y redefinir el rumbo de las políticas públicas en un país.  En materia de acceso a la información y libertad de expresión hay –entre muchos otros– dos asuntos pendientes, no solo porque se plantearon como una de las políticas prioritarias del presente gobierno, sino porque la crisis social y política que vivimos a finales del 2014 requiere respuestas inmediatas, una efectiva rendición de cuentas que dé certeza a la sociedad e información plural que abone a un verdadero debate democrático.

Pleno del Nuevo IFAI - Grabaciones de sesiones
Pendiente número 1: aprobar la Ley General de Transparencia y Acceso a la información.

A principios de 2014 se aprobó la reforma constitucional de transparencia que gratamente, y después de un largo proceso, culminó con  un texto de vanguardia.  Pocos son los países en el mundo que cuentan con un reconocimiento tan amplio y acertado del derecho de acceso a la información.

Entre estos avances se destaca la eliminación del régimen de excepción que blindaba a los partidos políticos, a los fondos y fideicomisos públicos y a los sindicados y personas que reciben y ejercen recursos públicos, de otorgar información; se le otorgó autonomía constitucional al IFAI y nuevas facultades que amplían los mecanismos de exigibilidad y garantía del derecho como la facultad de revisión, de atracción y de interposición de acciones de inconstitucionalidad; además se le otorgó el carácter de definitivas e inatacables a sus resoluciones.

Luego, tras un primer intento de parlamento abierto[1], se generó una iniciativa de Ley General que amplía significativamente la protección del derecho de acceso a la información frente al marco normativo actual.  Esta iniciativa hace hincapié en la promoción que, los sujetos obligados y los organismos garantes, deben hacer para llegar a poblaciones en situación de vulnerabilidad; elimina toda disposición que criminalice el ejercicio del derecho -como las de halconeo[2]– y; garantiza el derecho a la verdad de la sociedad ante violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad[3].

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, esta iniciativa representaba un gran avance, pero horas antes de presentarla en el Pleno los Senadores introdujeron una serie de disposiciones que pusieron en riesgo su progresividad[4]: incluyen como causal de reserva de información aquella que pueda dañar la estabilidad económica[5]; imponen sanciones a los funcionarios públicos de los organismos garantes que divulguen indebidamente información que pueda generar daños o perjuicios a los sujetos obligados[6] y;  reconocen la reserva de  información sobre infraestructura estratégica de servicios públicos por un tiempo indefinido[7].

La discusión aún no termina y  estamos en la cuenta regresiva, este mes  debe aprobarse la Ley General para que el Congreso no incurra en omisión.  El riesgo que implica la no aprobación de esta iniciativa es grande, pues se puede tirar por la borda lo ganado en la reforma Constitucional y regresar a la inercia que nos dejó la anterior[8], un sistema de acceso a la información asimétrico y organismos garantes “autónomos”[9].

Gob Abierto foro Costa Rica-43 desaparecidos
Pendiente número 2: regular la Publicidad Oficial.

Otro tema “prioritario” para nuestro Presidente fue la regulación de la asignación de la pauta publicitaria a los medios de comunicación.  Después de las acusaciones hechas por Andrés Manuel López Obrador respecto a los montos millonarios gastados por Peña Nieto como gobernador del Estado de México, era necesario hacer una promesa inmediata y contundente a la ciudadanía que supusiera  independencia de los medios.  Sin embargo, como en muchos otros casos, dicha promesa se quedó en el tintero.

Imagen difundida por Gob Fed _Sin Hambre

La regulación e publicidad oficial se planteó como uno de los compromisos en el Pacto por México (compromiso 95) y se incluyó en los transitorios de la reforma político – electoral[10] pero nada pasó y ahora pende de la voluntad política para su realización[11].

Mientras, las autoridades federales y locales aprovechan esta falta de regulación para controlar las líneas editoriales de los medios de comunicación.  La asignación de publicidad oficial sobre bases partidistas y políticas moldea poderosamente el contenido informativo que reciben las audiencias. Esto limita la posibilidad de generar un debate verdaderamente plural y democrático.

Así, este año representa un gran reto para la libertad de expresion y el derecho a la información y es responsabilidad del Congreso asumirlo.

*Publicado en la edición de febrero de 2015 en Central Municipal.

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[1]  Digo intento porque a pesar de que la Iniciativa se generó en conjunto con la sociedad civil y las principales fuerzas políticas, hasta el momento no se ha dado continuidad al proceso de colaboración que permita hablar de una verdadera co-creación. Para hablar de Parlamento Abierto, necesitamos considerar una participación efectiva de la sociedad en el proceso legislativo hasta el momento de aprobación de la ley.
[2]  Comunicado. ARTICLE 19 promueve amparos contra ley de halconeo en Chiapas. Disponible en: http://www.articulo19.org/newsletters/comunicado-article-19-promueve-amparos-contra-ley-de-halconeo-en-chiapas/#sthash.k7D3YVLr.dpuf
[3] Con una ley como esta estaríamos en condiciones de  obtener información sobre las investigaciones de Ayotzinapa o de la masacre de 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas.
[4] En riesgo sistema nacional de transparencia, disponible en: http://www.articulo19.org/en-riesgo-sistema-nacional-de-transparencia/
[5] Todo afecta el valor del dinero, las violaciones a derechos humanos, los escándalos de corrupción, etc.
[6]  Esto inhibe el funcionamiento autónomo del organismo garante y crea una nueva categoría para restringir información además de la reservada o confidencial.
[7]  De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda reserva de información tiene que estar fundada en una ley, ser temporal y ser necesaria para una sociedad democrática.
[8] Desde la reforma Constitucional de transparencia de 2007 la sociedad civil había pugnado por eliminar las asimetrías existentes en la garantía del derecho de acceso a la información entre las entidades federativas a través de una ley general que nunca se aprobó.
[9] El 7 de febrero de 2015 culmina la vacatio legis para la aprobación de la Ley General.
[10] El artículo TERCERO transitorio previó la regulación de publicidad oficial a más tardar el 30 de abril de 2014.
[11] ARTICLE 19 presentó dos demandas de amparo en contra de la omisión del Congreso de regular publicidad oficial, y a pesar de que en un caso (el otro está pendiente de resolución) el Juez solicitó a las Cámaras pruebas sobre el proceso de discución que la propia Cámara no pudo solventar,el Tribunal Colegiado de Circuito decidió sobreseer el juicio.


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