Justicia, violencia y rendición de cuentas

justicia-by  J R Mora

En un momento como este, vale la pena crear las condiciones para que el Estado garantice el acceso a la justicia, la reparación del daño y la no repetición de hechos tan lamentables e indignantes como los de Tlatlaya, Atotzinapa, Cadereita, San Fernando, etc.

México debe ponerse una meta para acabar con el estado de inseguridad y reducir la impunidad y la corrupción en las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia. Para formular tal proeza es fundamental construir indicadores de rendición de cuentas como una forma de recuperar la confianza social que ha degenerado en el desprestigio de la clase política, la procuración de justicia y la misma sociedad.

Hablar de gobernanza en temas de seguridad, desde la experiencia del trabajo de Artículo 19 es como tratar de romper un diamante con los dedos. El acceso a la información relacionada con las acciones de las instituciones encargadas de seguridad o de administrar justicia se encuentra blindada por supuestos de reserva relacionados con la posible obstrucción de justicia, persecución de los delitos y el ataque contra el honor de los funcionarios públicos. Incluso ahora, en el proceso de aprobación de la reforma Constitucional de transparencia, la única excepción a la definitividad de las resoluciones del IFAI fue la seguridad nacional.

Por su parte, los periodistas que tratan de documentar violaciones a derechos humanos para informar sobre la corrupción y colusión de autoridades con el crimen organizado se encuentran constantemente amenazados y proliferan las legislaciones que restringen los espacios de participación civíca para las voces críticas y disidentes. La tendencia a criminalizar el acceso a la información y la libertad de expresión en México va en aumento, lo que se traduce en una limitación al flujo de información libre y plural que debiera tener la ciudadanía en un país democrático.

Con énfasis en el acceso a la información, es fundamental que en uno de nuestros proyectos llamado “votos cautelosos” descubrimos que las ocho principales dependencias de Seguridad pública y nacional, el CISEN, el Instituto Nacional de Migración, la antes PFP, hoy Policía Federal, la PGR, SEDENA, SEMAR,  Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al entrar en vigor la Ley Federal de Transparencia tenían la misma tendencia de clasificación que la totalidad de la administración pública federal. En los últimos siete años, mientras la tendencia para las otras instituciones es abrir la información, para las ocho mencionadas, es reservarla.

Nadie supone que toda la información debe ser pública, son evidentes y bienvenidas las excepciones, pero después de doce años de haber sido aprobada la Ley Federal de Transparencia, la excepción es la regla. En el tema es fundamental tener información suficiente sobre la incidencia delictiva o el estado de la seguridad en cierto lugar, ya que  permite a los ciudadanos tomar mejores decisiones, estar al tanto de los riesgos a los que estan sujetos y tomar medidas de prevención más adecuadas.

Artículo 19, como parte de las organizaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), ha coordinado las mesas de “Seguridad y justicia” que generaron dos compromisos sobre “la funcionalidad y utilidad de la base de datos de desaparecidos” y un “Sistema de búsqueda y localizaciones de detenidos en tiempo real”. Ambas plataformas nos darán elementos de control sobre el Estado y plantearán nuevas categorías de rendición de cuentas ciudadanas, gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  Sin embargo, existe mucha resistencia para cumplir con estos compromisos, son los únicos dos del Plan de Acción 2013 – 2015  de los que no se ha firmado un plan de trabajo.

Foro-Gobierno abierto en Costa Rica_San José-

La corrupción de las autoridades y los cuerpos de seguridad en el caso de Ayotzinapa y Tlatlaya es un ejemplo de la necesidad de hacer un escrutunio público directo sobre estas instituciones. Necesitamos conocer la verdad de los hechos, los actores involucrados y las acciones u omisiones de las autoridades para construir comunidades seguras e instituciones que rindan cuentas y generen confianza.

En este doloroso e indignante panorama, consideramos que la libertad de expresión asi como el uso de la transparencia y el acceso a la información es una ventana que nos puede apoyar a reducir la violencia y los índices de muerte, a construir un posible Estado de derecho con acceso igualitario a la justicia, a fortalecer las instituciones públicas y los órganos autónomos para prevenir la violencia y limitar las acciones criminales de diversos actores y políticos.

En este sentido hay que destacar el alto índice por el que se priva a las personas del derecho a recibir un juicio justo e imparcial, acciones sobre las que se fundamenta la nociva corrupción. Como describió Eduardo Guerrero en su estudio-diagnóstico sobre Gobierno Abierto y Seguridad y Justicia respecto a la Alianza para el Gobierno Abierto, hay que generar reportes periódicos que indiquen las actividades y los gastos en materia judicial; poner a disposición del público datos judiciales, procedimientos de las cortes, resoluciones y transcripciones de los juicios; hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los jueces y Ministerios Públicos; divulgar ampliamente los derechos del debido proceso; y grabar las audiencias judiciales para ponerlas a disposición del público.

Por esto, consideramos que la agenda de desarrollo 2015 debe considerar a la libertad de expresión y el derecho a la información como metas necesarias para impulsar el estado de derecho. Sin medios independientes, espacios cívicos libres y una sociedad informada, no podremos hablar de comunidades seguras e inclusivas. La meta 16 de la agenda de desarrollo, sobre la promoción de comunidades seguras e inclusivas para el desarrollo sustentable, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instuciones efectivas que rindan cuentas, no se logrará si el gobierno mexicano no considera el problema desde la sociedad y le permite participar.

El contexto nacional en la materia supone construir nuevos balances en temas como el derecho a la verdad de la sociedad mexicana, ante la desaparición de más de 20,000 personas porque hay un tufo de incapacidad y corrupción estatal que parece anticipar el quiebre de las instituciones y mayores movimientos sociales de arriesgados alcances.

La violencia desbordada por la actuación ad hoc de los cuerpos policiacos y los militares en numerosos espacios, o micrositios libres de Estado y derecho, imprimen la idea de que no sólo el Estado puede tener el monopolio de la fuerza, dado que hace años se lo cedió a grupos paramilitares, sino -por ahora- el retrato y el miedo de un territorio donde la muerte más allá de la justicia, parece ser la constante anhelada esperanza para sobrevivir.

*Publicado en la edición de diciembre de 2014 en Central Municipal.

ACR

 


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