Gobierno abierto ¿espacios abiertos?

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El día de hoy a las 3:00 pm, México asumió la presidencia de una iniciativa global que busca mejorar la vida de las y los ciudadanos a través de una relación horizontal que permite identificar problemas y generar acciones, la Alianza para el Gobierno Abierto.

La posición de México como cabeza de esta iniciativa – de acuerdo a lo mencionado por el Presidente Enrique Peña Nieto en el discurso en las Naciones Unidas – es construir una nueva relación entre el gobierno y sociedad, aprovechando al máximo el derecho a la información pública y las tecnologías de la información; ampliando la rendición de cuentas de los gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva.

El Presidente mencionó la importancia de consolidar el concepto de gobierno abierto como un nuevo modelo de gobernanza basado principalmente en la participación y colaboración de la ciudadanía en los asuntos públicos lo que implica la construcción de una relación horizontal.

De esta manera y tomando en cuenta la posición país para un nuevo modelo de gobernanza, creo que sería interesante que nuestro gobierno reconociera que no solo se trata de cumplir con los 26 compromisos del Plan de Acción 2013 – 2015; habría que reconocer que para ser un gobierno abierto es necesario garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y no restringir bajo ninguna figura los espacios cívicos.

Actualmente, la sociedad civil enfrenta serias amenazas.   Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas se colocan ante diferentes formas de represión (encarcelamientos, amenazas, desapariciones y muerte).  En México, como en muchos países de la región, el gobierno sigue utilizando formas sutiles para la restricción de los espacios donde la sociedad civil y las voces disidentes operan.

A pesar del discurso sobre la apertura gubernamental y la cercanía con los ciudadanos, cada vez existen más limitaciones legales o cuasi legales que permitan la asociación, la defensa y la vinculación con las políticas públicas, la comunicación y cooperación entre pares y la recepción de financiamientos.

En los últimos dos años,  los gobiernos federal y locales han desarrollado herramientas para censurar a los grupos independientes con leyes restrictivas como las de movilidad, las de difamación, calumnia y halconeo.

También han incrementado los arrestos y las agresiones legales en contra de periodistas y defensores por criticar el sistema de gobierno.

Además, con la justificación de seguridad nacional se han aprobado leyes que permiten la intervención de los sistemas de telecomunicaciones y la georeferenciación sin previa autorización judicial.

La posición de México como nuevo representante de una iniciativa de 64 países será significativa cuando funja como ejemplo para los demás países;  para esto tendrá que trabajar duro.

Además, como nuevo Presidente, tendrán que cuestionarse sobre la inclusión de aquellos países que restringen espacios cívicos  y sobre las sanciones a las que serían acreedores los que, dentro, llevan a cabo estas prácticas ¿cómo hablar de gobernanza cuándo una de las partes involucradas se encuentra sometida a restricciones que limitan su participación?   Una iniciativa que busca transparencia, rendición de cuentas y limita la participación a ciertos espacios no es suficiente para avanzar hacia una verdad relación horizontal o para construir confianza.

Hablar de gobierno abierto es mucho más que 26 compromisos, implica una perspectiva en las políticas públicas que responda a las necesidades de los ciudadanos y una construcción en conjunto que potencie el ejercicio de derechos.


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