La propaganda entorno al Segundo Informe de EPN

El 2 de septiembre durante su discurso del Segundo Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto repitió las frases de spots y ‘entrevistas’ que se difundieron en medios de comunicación la dos últimas semanas. Enalteció las reformas estructurales, iniciativas que –incluso– no han sido aprobadas e informó sobre nuevos proyectos no consensuados.

Imagen difundida por Gob Fed _ Reformas

En este periodo de ‘permisión’ su cara y voz acapararon todos los medios de difusión posibles a pesar de que existe una prohibición constitucional sobre el uso de la propaganda o publicidad oficial para la promoción personalizada[1]. La inexistencia de una ley que regule y establezca los lineamientos sobre el uso y difusión de la publicidad oficial ocasiona que eventos protocolarios como estos se vuelvan una puerta abierta a funcionarios que gustan de construir su imagen con recursos públicos.

Estos funcionarios se escudan en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice que la comunicación social en el marco de los informes de labores “no será considerada como propaganda”[2]. Esta disposición ha sido el instrumento idóneo para vulnerar la libertad de expresión e información, y pasar por la libre la restricción expresa de hacer proselitismo con la comunicación social.

Sin embargo, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas en la que se resaltó la posición del Ministro Franco González Salas, quien destaca que la promoción que se haga de los informes de labores debe ser objetiva y fuera de campaña (como lo señala el 242 de la LEGIPE) y que en ningún momento sus contenidos pueden contravenir la prohibición constitucional de utilizar imágenes, voces o símbolos que hagan alusión a una persona[3]. Es decir, los informes de labores, si bien son un ejercicio de rendición de cuentas del Presidente a sus ciudadanos, deben ceñirse al marco constitucional y su promoción de ninguna manera debe ensalzar figuras públicas.

Además, el Pleno del máximo tribunal menciona en reiteradas ocasiones que la causa de la mala aplicación de ese artículo 242 es precisamente la omisión del Congreso de cumplir con su responsabilidad de regular la publicidad oficial[4].

Imagen difundida por Gob Fed _Sin Hambre

De esta manera, la administración actual ha utilizado la falta de regulación para inclinar la balanza a una cobertura mediática que favorece las reformas impulsadas[5] y la imagen del Presidente.

En el evento de Palacio Nacional hubo muchos reconocimientos, pero poco se habló de resultados. La rendición de cuentas –que justifica la existencia de una excepción a la propaganda– quedó olvidada. Hasta el momento la publicidad oficial sigue mostrándonos una realidad inexistente y sigue siendo utilizada por los funcionarios para pasar de largo lo errores y tropiezos.

*Publicado en Alto Parlante de Animal Político el 5 de septiembre de 2014.

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[1] El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Octavo párrafo prevé: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

[2] El Artículo 242, párrafo 5 del LEGIPE dice: … lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico 

[3] Versión estenográfica de la Suprema Corte de Justicia.

[4] Desde la reforma al artículo 134 Constitucional en 2007 el Congreso de la Unión debió regular la publicidad oficial. Sin embargo, a pesar de numerosas iniciativas por diversos Senadores y Diputados de las distintas fuerzas políticas, el tema se ha mantenido en la congeladora. El artículo tercero transitorio de la reforma político – electoral previó su regulación a más tardar el 30 de abril de 2014 pero el Congreso mantuvo la inercia.

[5] De acuerdo al informe “Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013, primer año del presidente Enrique Peña Nieto”, Turismo, Hacienda y Energía son los sectores que más gastaron en publicidad oficial en 2013. Disponible aquí.


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