Razones de interés público en el acceso a la información

El derecho de acceso a la información contempla una regla general: toda la información que se encuentre en poder de la autoridad es pública.  Sin embargo, la Constitución reconoce que existen ciertos principios y derechos fundamentales que fungen como excepción a esta regla.   De esta manera, la información puede reservarse o bien considerarse confidencial cuando se enmarca en algún supuesto legal.  

A pesar de esto, como en muchas otras materias, en la práctica, la excepción se vuelve la regla.   Las autoridades invocan la reserva ante cualquier solicitud de información que pudiera mínimamente enmarcarse en alguno de los supuestos de reserva.  Garantizar el derecho de acceso a la información en el sentido más amplio no es una característica de la actividad gubernamental, por el contrario la autoridad da lo mínimo indispensable para cumplir con su deber de entregar información y el ciudadano cada vez tiene que ir más lejos para obtenerla.

En este sentido, la apertura de las averiguaciones previas, ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años dentro de los distintos poderes y las autoridades en México que inclusive ha generado diversas recomendaciones a México por parte de organismos internacionales de derechos humanos.

Desde la creación del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) hasta la publicación de la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, este órgano garante del derecho de acceso a la información,  había determinado que todas las averiguaciones previas concluidas eran de acceso público, bajo la consideración de que el proceso deliberativo había culminado, y por tanto, su divulgación no afectaría el interés público, si no que aportaría a la rendición de cuentas de los funcionarios encargados de la procuración de justicia.

Sin embargo, esa reforma declaró la absoluta reserva de toda la información que integra las averiguaciones previas.  A partir de ese momento y hasta ahora, todas las investigaciones a las que se ha logrado acceder ha sido a través  de largos procesos judiciales que merman uno de los principios básicos del derecho de acceso a la información, la expedites.

Luego, una reserva absoluta, se convierte en una regla.  La reserva absoluta de las averiguaciones previas es una contracción al motivo de este derecho, una violación.  Cualquier restricción a un derecho fundamental debe invocarse únicamente cuando exista un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo y como en todo acto de autoridad, debe haber una fundamentación y motivación que se adecuen específicamente a los hechos.  Sin embargo ¿cómo se puede especificar el daño que puede causar la divulgación de una información cuando no se estudia un caso concreto? ¿Cómo podemos saber que la apertura de una averiguación previa puede ser más perjudicial que su reserva?

Tomemos el caso de Florence Cassez como un ejemplo de  la importancia de la divulgación eficiente de información. De acuerdo a una encuesta publicada en el mes de enero por el periódico Reforma después de la resolución del caso, el 83% de los encuestados opinó que la SCJN protegía sólo los derechos “de los delincuentes”.  Esto a pesar de que la Corte hizo un gran esfuerzo por explicar las razones legales por las cuales se le otorgó el amparo liso y llano.

Probablemente son pocos los que tuvieron acceso a la averiguación previa y al expediente judicial completo, sin embargo, el impacto de los medios en el caso generó apreciaciones sociales muy negativas en contra de la francesa.  Por lo tanto, en orden de otorgar credibilidad a la Corte, sería necesaria la publicación de este expediente para que la opinión pública tenga los elementos para entender por qué el caso se resolvió así y entonces generar un juicio propio sobre los verdaderos responsables.

Contrario a lo anterior y siguiendo lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, no existe manera de que el expediente se abra para su divulgación sino hasta pasados 12 años ya que es “estrictamente reservado”.  Sin embargo, de no hacerse, la SCJN y las demás instituciones encargadas de procurar justicia, seguirán ante los ojos de los ciudadanos como las instituciones que defienden los derechos de los delincuentes y no de las víctimas.

Este caso es solo una muestra de lo deficiente que es nuestro sistema de procuración de justicia en el que se fabrican pruebas y evidencias  y se llevan a cabo procesos arbitrarios en total opacidad.   Entonces ¿por qué no podemos hacer un escrutinio de la actividad del Ministerio Público que permita reconocer y reparar en estas deficiencias antes de que la opinión pública pierda la credibilidad en las instituciones encargadas de procurar y proveer justicia?

En 2010, el INEGI publicó[1] que en el 31% de los casos en el que se denunció algún delito no pasó nada, en el 15% no procedió la denuncia y solamente en el 5% hubo consignación; no existe una verdadera fiscalización que permita identificar dónde está el foco de atención, dónde reside el problema.

Una vez que se denuncia, existe una caja negra que nos impide ver si efectivamente hubo o no un delito,  si el probable responsable acreditó cada uno de los supuestos legales para así señalarlo,  o bien, si la investigación fue llevada a cabo de manera legal, exhaustiva, congruente e imparcial.  De esta manera es imposible darle valor al actuar del Ministerio Público y desligarlo de la impunidad que impera en el país[2]; pues aún cuando existan consignaciones, la experiencia ha mostrado que en muchos de los casos los inculpados no son quienes cometieron el delito[3] o no existen los elementos suficientes para probar que lo hayan cometido.

Es innegable que para formar una opinión justa de la ciudadanía hacia la actividad de las instituciones, es necesario que esta cuente con la información para juzgarla, pues  de otra manera todo es mera apreciación.

Por esto,  las razones de interés público que limitan el acceso a la información no pueden ser indeterminadas; si lo son, entonces serían arbitrarias.   El estudio de cada caso determinará la proporcionalidad del daño que puede causar la divulgación de una averiguación previa, más no el hecho genérico de encontrarse enmarcada en un supuesto legal pues de otra manera el daño de no publicar la información puede ser mayor que aquel que genere su divulgación “…no basta que una norma general que establece una restricción a un derecho fundamental tenga un fin legítimo para ser constitucional, dado que en ese caso deberá verificarse si la restricción es proporcional a dicho fin…”[4]

 *Publicado en Marzo de 2013 en Central Municipal


[1] Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010

[2] De acuerdo al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI) la percepción de las víctimas que acudieron al Ministerio Público es que éste, en el 84.9% de los casos, no brindó información sobre la investigación que supuestamente se inició con su denuncia.

[3] Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del ITESO, en su libro Crimen sin castigo. Procuración de Justicia Penal y Ministerio Público en México del Fondo de Cultura de Económica, señala que el 70% de las personas privadas de su libertad es inocente.

[4] Señor Ministro Valls Hernández

Publicidad Oficial en los Municipios del Estado de Querétaro

Cuando hablamos de publicidad oficial (o comunicación social) nos referimos a los espacios que compran los gobiernos a los medios de comunicación para informar a la ciudadanía.

En las democracias, la publicidad oficial es el instrumento idóneo para que el ciudadano conozca las decisiones y las actividades de los gobiernos. Cualquier autoridad tiene la obligación de informar, explicar y justificar cada una de sus acciones a la sociedad, ya que todas son de interés público.

Además, es una herramienta que debe fungir como un puente de información entre los gobiernos y los gobernados, en donde exista una verdadera pluralidad de contenidos: la plataforma de un debate público que fortalezca la libertad de expresión.

A pesar de esto, más allá de informar a la sociedad sobre las decisiones y acciones gubernamentales, la publicidad oficial ha sido el concepto de gasto idóneo para ensalzar a los políticos y armar propaganda; un gasto que aunque debiera transparentarse y encontrarse disponible para toda la ciudadanía[1], es casi imposible de conocer.

 

Aunado a esto, los mismos gobiernos utilizan estas contrataciones como un instrumento de censura sutil y los medios a su vez utilizan su poder para asegurar sus ingresos. Luego entonces,  la línea editorial de un medio se ciñe a aquella dictada por el gobierno que “subsidie” su existencia. Esta situación abona a la opacidad en el ejercicio del gasto en publicidad oficial, debilita la libertad de expresión al limitar la pluralidad de contenidos y por lo tanto restringe el derecho a saber de la ciudadanía.

Al reconocer los patrones de asignación discrecional de la pauta publicitaria y el alto nivel de opacidad en el ejercicio de estos recursos, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) y Locallis en colaboración con  ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, llevaron a cabo un ejercicio inédito sobre el acceso al gasto en publicidad oficial a nivel municipal en los 18 municipios del estado de Querétaro[2].

Los resultados del diagnóstico muestran por un lado una cultura de opacidad en la mayoría de los municipios y por otro lado el ejercicio injustificado de recursos públicos por concepto de publicidad oficial.

De los 18 municipios de Querétaro, solamente dos (Huimilpan y Cadereyta) respondieron cada una de las solicitudes planteadas[3], tres municipios (El Marqués, Jalpan y San Juan del Río)  respondieron a dos solicitudes y dos municipios (Querétaro y Corregidora) solamente a una.   Los otros once municipios no respondieron nada.

 

Al ser la primera respuesta de los municipios prácticamente nula, resultó complicado hacer un estudio del gasto.  El análisis de los montos y la asignación en una situación como esta, requirió diversificar las fuentes de información[4].

Finalmente, se logró obtener resultados reveladores para 12 municipios de los 18 entre los cuales se destacan: la carencia de criterios predefinidos para asignación de la pauta a los distintos medios de comunicación, un gasto excesivo en total opacidad y una muy mala planeación en el gasto.

Establecer criterios en la asignación de la pauta da lugar a un verdadero pluralismo informativo y fortalece la libertad de expresión.  Sin embargo, los municipios de Querétaro no cuentan con criterios claros y predefinidos, situación que se presta a la arbitrariedad y a favoritismos que no precisamente responden a las necesidades específicas de un proyecto o campaña si no a la afinidad que el medio muestre con el gobierno en turno.

Por su parte, el diagnóstico muestra que los municipios gastan más de lo presupuestado; 9 de 12 municipios, de los cuales se obtuvo información, registran un incremento en su gasto ejercido en comparación con el aprobado en su presupuesto de egresos para 2011. En general hubo un sobre-ejercicio del 115%[5]: aprobaron en total 31.9 millones de pesos y se gastaron 68.9.  Este incremento de más del 100% es el reflejo de una mala planeación en el gasto, que además representa su ejercicio injustificado.

El Municipio de Querétaro representa el 78.5% del gasto con 54.1 millones de pesos, monto que equivale al gasto que ejerce el estado en un año de 1,858 alumnos de preescolar y primaria[6]  o el gasto del estado en salud de 6,638 mexicanos en un año[7]. Los municipios que le siguen con el mayor nivel de gasto son Corregidora con 5.8 millones de pesos y San Juan del Río  con  2.24 millones de pesos.

Por su parte, el municipio de Arroyo Seco, es el municipio que gasta más en publicidad oficial per cápita $70.90, seguido por el Municipio de Querétaro que gasta $67.50. Estas cifras al compararse con lo que gastaron los estados en 2010 (un año antes) muestran que Arroyo Seco, gastó el doble por habitante que lo que gastó el Gobierno del Estado de Colima y casi el doble de lo que gasta el Gobierno del Estado de Zacatecas[8].

Reparar en el gasto de estas sumas millonarias implica indudablemente cuestionarse sobre la justificación que tienen los gobiernos para hacerlo y sobre su eficiencia en relación con los resultados obtenidos. Sin embargo, no podemos asentar sobre lo qué hicieron los gobiernos municipales con estos millones de pesos, ni tampoco qué empresas se beneficiaron de ellos.

Por tanto, es necesario que los gobiernos municipales además de transparentar los gastos por concepto de publicidad oficial fijen los criterios de la asignación de la pauta, procurando la existencia de diversos medios que garanticen el derecho a saber de las personas que habitan en cada uno de ellos.

 *Publicado en diciembre de 2012 en Central Municipal.


[1] La fracción V, artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todo el ejercicio del recurso público debe ser transparente y encontrarse disponible al ciudadano.

[2] En 2011, ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentaron el Diagnóstico sobre el Gasto en Comunicación Social y Publicidad en las Entidades Federativas (consultar los resultados en http://publicidadoficial.com.mx/indice-gasto-publicidad-oficial-estados).

[3]A todos los 18 municipios se les solicitó lo siguiente:

a)        Los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad oficial del municipio a los medios de comunicación.

b)       Los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

c)        Los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el periodo del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

d)      Las facturas que comprueben los pagos que realizó el municipio en materia de publicidad oficial a los medios de comunicación para el año 2011.

[4] Las fuentes de información consultadas para obtener una aproximación del gasto fueron:

a)        La información proporcionada en la primera respuesta a la solicitud de información.

b)       La información proporcionada como consecuencia del proceso de recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG).

c)        Decretos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, publicados en el Periódico Oficial del estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga .

d)       Reportes de ejercicio presupuestal acumulado, publicados en páginas de internet de los gobiernos municipales

[5] Todas las tasas de crecimiento de este documento son nominales.

[6] De acuerdo a la OECD, en 2011, México gasta por alumno de preescolar y primaria anualmente 2,158 USD.

[7] De acuerdo a la Banco Mundial, en 2010, México tiene un gasto per cápita anual en salud de 604 USD.

[8] Cifras del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en los Estados de Fundar y ARTICLE 19, disponible en www.publicidadoficial.com.mx

Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos en el Distrito Federal

Los servicios públicos buscan satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. La calidad en la prestación de estos servicios, permite elevar el nivel de vida de los habitantes de un lugar e impacta directamente en su desarrollo.

En el Distrito Federal, como en muchos otros estados de la República Mexicana el problema en la prestación de servicios públicos no es menor. La definición de los servicios públicos en cada una de las Delegaciones del DF considerando las necesidades ciudadanas es un reto latente que las autoridades delegaciones tienen que perseguir.  Mejorar la calidad de los servicios públicos y hacerlos verdaderamente accesibles para todos habitantes requiere de recursos económicos y humanos suficientes, además de instrumentos que midan su efectiva gestión.

La exigibilidad de servicios públicos de calidad parte del conocimiento de las  y los ciudadanos sobre sus derechos y los recursos que tienen a la mano para hacer sus demandas.

Por esta razón, ARTICLE 19 desarrolló un Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos en el cual se analiza el acceso a la información de indicadores de gestión, la metodología para la evaluación de calidad y el presupuesto destinado para la prestación de los servicios públicos de agua, drenaje, bacheo, alumbrado público y recolección de residuos sólidos en las 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México con la intención de generar un contexto de exigencia a las autoridades que dé como resultado el mejoramiento en la calidad de los servicios públicos y satisfacer eficientemente las necesidades ciudadanas.

Basura en avenida-Foto- María Luisa Severiano¿Qué observamos?

A pesar de las atribuciones que se le confieren a cada una de las Delegaciones Políticas para la prestación de servicios públicos, las respuestas de las Delegaciones muestran  un desconocimiento casi generalizado de sus competencias en esta materia[1].

De las dieciséis Delegaciones Políticas solamente Miguel Hidalgo y Venustiano Carraza cuentan con procedimientos documentados para la prestación de los servicios públicos, indicadores de gestión definidos y una clara metodología para evaluar la calidad.

Sin embargo, no existe una instrumentación de los resultados de las evaluaciones que permita la redefinición de los servicios considerando las necesidades de sus habitantes.   Es decir, aún cuando hay documentos que permiten evaluar la prestación de los servicios dentro de las Delegaciones, no contamos con acciones documentadas sobre el proceso mediante el cual estas son tomadas en cuenta para mejorarlo.

*Publicado en Noviembre de 2012 en Central Municipal.


[1] Las Delegaciones de Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos y Tlalpan, remiten a diferentes áreas del Gobierno del Distrito Federal argumentando que no cuentan con la información relativa a los indicadores de gestión, metodologías de evaluación de calidad, ni un sistema de quejas y sugerencias sobre la prestación de los servicios públicos de agua, drenaje, bacheo, alumbrado público y recolección de residuos sólidos, por no ser de su competencia.