Puebla y el trofeo de plomo

La oportunidad es tentadora, considerar que el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI) realizado por Article 19 y México Infórmate es una muestra de que el estado de Puebla cumple la garantía del derecho de a la información que mandata la Constitución, es una interpretación sesgada y nulamente fundamentada.

El INOGDAI se conformó en tres dimensiones con la intención de evaluar la transparencia, la calidad de las respuestas y la aplicación de la ley -entre otras muchas variables- al interior del órgano garante y no respecto a la demarcación política. Con puntualidad, se calificaron únicamente algunas variables relacionadas con el desempeño y las condiciones legales e institucionales que enmarcan las funciones de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado o CAIP y no la gestión del Gobernador u otras dependencias del estado de Puebla.

Inferir que el primer lugar con una calificación de apenas 70.2 (respecto a 100) equivale a que la CAIP garantiza el derecho de acceso a la información, es un atrevimiento innecesario y mal fundamentado; Darío Ramírez (Director de Article 19), indicó durante la presentación del INOGDAI, que ésta era una herramienta para el análisis y cruce de la información, porque es una investigación que le permite al usuario calificar por medio de quince variables a las instituciones encargadas de proteger el DAI, sin embargo, ningún órgano a nivel nacional tiene 100, al menos 90, y eso es lo verdaderamente preocupante.

Respecto al panorama nacional, sí alguno de los órganos hubiera cumplido el 100% de los reactivos, ese órgano tendría el mínimo deseable para realizar el mandato que la Constitución y su ley estatal le exigen y no la máxima garantía del derecho.

Article 19 y México Infórmate, construyeron este estudio basal para evaluar dos funciones sustantivas que debe proteger cualquier órgano de transparencia. Primero, la función de promoción del DAI, porque como derecho humano debe ser reconocido y difundido para que la ciudadanía lo exija y utilice acorde con la Constitución. Segundo, por las funciones cuasi jurisdiccionales de resolución de controversias, ya que si las autoridades niegan o limitan el acceso a la información, corresponde al órgano garante resolver sobre la inconformidad ciudadana y determinar la trascendencia o no de su publicidad, clasificación o existencia.

El estado de Puebla tiene una ley estatal sólida, que fue propuesta y construida desde la sociedad civil y la academia, y la CAIP tiene un portal de transparencia accesible y ciudadano; sin embargo, la profundidad de la carencia de los órganos estatales en otras demarcaciones le da un avance que nos asegura que se encuentra mejor qué, pero que no cumple el 100% mínimo para proteger y garantizar de forma adecuada el DAI.

Otros Institutos de transparencia son deficientes en las interpretaciones a la ley, tienen un presupuesto muy limitado, no promocionan el DAI, tienen una pésima descripción sobra la generación de archivos, no entregan la información o ni siquiera tienen un folio de búsqueda o para darle continuidad a nuestra solicitud de información. Como indica Gabriela Morales de México Infórmate “El Índice es un instrumento cuantitativo que busca contribuir al diagnóstico sobre el estado de las garantías del derecho a la información en México. Busca identificar áreas de oportunidad donde la acción de los órganos de transparencia puede ajustarse a los más altos estándares en la materia para brindar mayor protección al derecho a saber”.

Article19 y México Infórmate, están conscientes del esfuerzo de la sociedad civil poblana y la CAIP por iniciar el camino e impulsar las bases de la transparencia y el cumplimiento del DAI, pero los aciertos del órgano garante respecto a las deficiencias de otras instituciones estatales significan aún el rezago de un mandato constitucional y al respecto una falta lamentable al Estado de derecho, la democracia y el contrapeso al que deben obedecer.

Hemos reprobado a nivel nacional y no tenemos el mínimo deseable para exigir nuestro derecho a la información, cualquier propuesta de trofeo en transparencia y acceso a la información, será un trofeo de plomo, muy por debajo de la respuesta y la calidad que nos deben garantizar.

*Publicado el 4 de febrero de 2014 en Ojos abiertos.

De las buenas intenciones de los Órganos de Transparencia

Si el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, el de la opacidad en México, también. La semana pasada algunos(as) Comisionados(as) de los órganos estatales de transparencia indicaron “deficiencias” metodológicas en el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información o INOGDAI afirmando que sus instituciones no merecen la calificación que tienen y desacreditando el trabajo que con cautela se ha realizado junto con México Infórmate desde hace más de un año.

El INOGDAI fue una herramienta considerada desde la perspectiva ciudadana, que atendió la duda de qué sucede si una persona –poco docta en el tema- trata de generar una solicitud de información, vaya respuesta.

El nada placentero resultado –no para los Comisionados de los órganos, sino para toda la ciudadanía- impactó a quienes creíamos que los garantes y revisores de hacer cumplir el derecho de acceso a la información habrían transparentado al menos el mandato constitucional.

Los resultados indican que sólo seis órganos de los treinta y tres superan la calificación de seis y no más de siete punto cinco. La calificación es un reflejo, pero más que un reflejo, una mirada ciudadana de la forma en que los órganos de transparencia estatales nos retroalimentan. En gran parte de estos órganos no hay retroalimentación y no cuentan con programas educativos suficientes que nos empoderen en la exigencia del derecho a la información, considerado un derecho humano herramienta para el ejercicio de otros derechos, y un derecho en sí mismo.

Al tener los resultados iniciales del INOGDAI, nos presentamos -por invitación- en la reunión anual de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) donde confluyen los(as) Comisionados(as) de los órganos estatales de Transparencia para dialogar sobre diversos puntos del mandato constitucional. Al presentarnos, explicamos la metodología y explicamos las calificaciones por cada una de las tres dimensiones medidas, antes de que los resultados fueran entregados a los medios de comunicación.

Algunos Comisionados lo tomaron como una fuerte agresión, insistiendo en el punto de que no éramos autoridad para calificarlos, curioso criterio para un órgano que debe su autonomía y consideración a la ciudadanía. Al terminar tan sombrereada reunión, algunos(as) Comisionados(as) aplaudieron el trabajo de Artículo 19 y México Infórmate agradeciendo contar con un mecanismo externo de evaluación y prometiendo trabajar en las recomendaciones realizadas.

Dentro de la página se incluyó una sección con las réplicas por órgano de cada estado y tenemos al momento las de Campeche, Coahuila, DF, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas e invitamos al foro de presentación a los medios al Presidente de la COMAIP y algunos(as) Comisionados(as) para dialogar sobre el Índice.

Darío Ramírez, director de Artículo19 oficina para México y Centroamérica, indicó con claridad “…todas las voces críticas son bienvenidas” y hemos establecido la cooperación y retroalimentación desde el principio.

Esta semana han intentado deslegitimar el trabajo de la sociedad civil en un productivo esfuerzo de calificar y monitorear sus acciones como órganos garantes, sin embargo Artículo 19 seguirá protegiendo la libertad de expresión y exigiendo la máxima protección al derecho a la información. Cada crítica es bienvenida y atendida, pero el debate no puede incorporarse a la heterogeneidad de los órganos o la falta de precisión en las preguntas, porque justo ese es el corazón del debate, somos una organización ciudadana con una metodología sólida y capacidad académica suficiente, en lugar de impugnar tan deshonrosa calificación, y hablarnos de todas sus buenas intenciones, vamos a trabajar ¿no?

Sobre el Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información

Un año y medio atrás, Artículo 19 y México Infórmate intercambiaron algunos elementos que nos hicieron suponer que las evaluaciones externas que reciben los Órganos estatales de Transparencia eran pocas o limitadas.

Frente a esta apreciación se investigó e impulsó la idea de generar algún instrumento que midiera desde la perspectiva ciudadana el desempeño de los mecanismos de exigibilidad del Derecho de Acceso a la Información (DAI). Por tal motivo, nos planteamos tres preguntas básicas sobre los Órganos: ¿Cuentan con las capacidades institucionales y presupuestarias para cumplir con la exigencia legal? ¿Cumplen con su mandato? ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos sobre su mandato? Así inició una larga tarea.

Toma de decisiones ciudadana

El INOGDAI (Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información) es una herramienta que mide la calidad del servicio de los órganos de transparencia en los 31 estados de la República y el D.F.

Sus objetivos son fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, promoción del derecho de acceso a la información y resolución de controversias de los Órganos garantes y reconocer la independencia y efectividad de los mecanismos esenciales para la exigibilidad del derecho.

La información fue recopilada a través de las respuestas a 792 solicitudes de información (24 solicitudes por Órgano, incluido el IFAI) que fueron ingresadas en el periodo de enero a junio de 2013. Ésta se capturó y unificó en un software especializado para cruzar la información llamado INDABA[i].

Se revisaron los 32 portales de internet de las Comisiones e Institutos de Transparencia y en cada una de estas categorías, el INOGDAI revisó las facultades legales dispuestas en cada marco institucional.

Para el análisis se definieron tres categorías y quince variables de la siguiente forma:

De estas tres categorías de análisis y las quince variables, el INOGDAI calificó a los Órganos de transparencia a nivel nacional con un promedio de 53.60, lo que significa –como cualquier calificación escolar- que no hay un sólo Órgano de transparencia que proteja a cabalidad el Derecho de Acceso a la Información. Aun así, hay matices relevantes que debemos describir.

Los cinco estados con mejor calificación a nivel nacional fueron Puebla con 70.2, Tlaxcala con 66.5, Distrito Federal con 66.1, Durango con 63.3  y Chihuahua con 62.2. Los cinco estados con menos calificación fueron Nayarit y Guanajuato empatados con 46.6, Sinaloa con 46.0, Baja California Sur con 40.9, Estado de México con 39.2 y San Luis Potosí con 20.1.

Lo anterior no es directamente proporcional a su desempeño, pero describe una radiografía que muestra carencias en el servicio de entrega de la información, las leyes limitadas de los estados, la falta de leyes institucionales de archivos, el poco presupuesto o la falta de rendición de cuentas al congreso estatal.

INOGDAI-Resultados-

Puntos destacables

En el Distrito Federal hay publicidad en las actuaciones de los titulares de Órganos garantes y formulan criterios fundamentales para la interpretación de la ley; en Jalisco hay una revisión legislativa sobre las acciones del Órgano; en Oaxaca se permiten las evaluaciones externas; en Coahuila tienen una buena ley de archivos; en Guerrero y Durango hay mecanismos de asistencia para población vulnerables; en Baja California se observa mucha claridad en las respuestas; en el Estado de México indican con precisión la ruta de información para acceder a sus archivos vía internet; en Chiapas se marca el seguimiento a los recursos de revisión.

Pero no todo es positivo. La variable más débil hace referencia a la casi nula interpretación de la ley, ya que sólo 19% de las entidades generan criterios de interpretación. De 120 Comisionados(as) que dirigen los 32 Órganos de Transparencia nacionales sólo 40 tienen experiencia previa en Acceso a la Información o Transparencia. Es fundamental destacar que la Promoción del Derecho de Acceso a la Información sólo obtuvo un 10% a nivel nacional.

Los datos se encuentran en la página www.inogdai.org pero la falta al derecho humano a solicitar y recibir información pública la vivimos todos los días.


[i] http://www.indaba.es

¿Es posible la gobernanza municipal en México?

La gobernanza requiere como principio fundamental que las relaciones entre la sociedad y el gobierno sean horizontales, equilibradas y transparentes. El término infiere controles y contrapesos fundamentados en la participación ciudadana, que implícitamente deberían tener los municipios, ya que el Cabildo es el lugar más cercano a la toma de decisiones de cualquier ciudadano en la mayor parte del territorio nacional. La valía de la gobernanza desde la izquierda política se basa en que le otorga un lugar fundamental al Estado –en un criticado proceso de pérdida de control estatal respecto a los mercados nacionales y transnacionales- y la flexibilidad y multipolaridad de la toma de decisiones cuando se estructuran los canales de comunicación adecuados como las TIC, las app georeferenciadas, las asambleas ciudadanas, las redes vecinales, etc. y desde la derecha en la creación de instituciones acordadas por la colectividad, que impulsan el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos como triada fundamental de cualquier país que se jacte de ser gobernado. Sin embargo, el camino se encuentra lleno de baches y mala iluminación.

Los municipios son ámbitos de gobiernos incuestionablemente líquidos e indiferentemente autónomos. Son espacios de cambio constante, pero distantes en muchos sentidos de la agenda y el interés nacional, por contradictorio que esto parezca. La democracia, los subsidios, la transparencia, la sustentabilidad, el control adecuado del gasto y la seguridad impulsan debates “nacionales” de trascendencia Federal, posibles proyectos a nivel estatal y en contadas ocasiones de interpretación municipal. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) por medio de su índice 2012 proyectó que el 50% de la población a nivel nacional tiene la percepción de vivir en un municipio inseguro y los homicidios están concentrados en siete ciudades: Tijuana, Chilpancingo, Nuevo Laredo, Tepic, Mazatlán, Chihuahua y Juárez[i]. El riesgo de vivir en determinados estados es alto, pero el riesgo de vivir en determinadas ciudades-municipios dobla la posibilidad de perder la vida, por lo que la gobernanza planteada desde el miedo y la inseguridad es prácticamente inaplicable. Otro ejemplo es el que plantea la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) que indica que cerca de 1,500 de los 2,445 municipios que hay en el país registran problemas marginales respecto a las finanzas públicas, aproximadamente el 61% del total nacional[ii], con lo que la deuda pública y los montos a pagar imposibilitan el gasto en necesidades primarias, en las que los municipios tienen sobrado control.

Los problemas públicos de los municipios se han acrecentado en los últimos años, porque sus atribuciones y controles están considerablemente limitados respecto a los diversos y nutridos poderes fácticos como la iglesia, narcotráfico, crimen organizado, empresas, etc. Sí la unión hace la fuerza, los municipios pueden coordinarse y asociarse con otros o con el estado al que pertenecen para mejorar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, aguas residuales; alumbrado público; residuos; mercados, panteones, rastros, y en algunos casos seguridad pública, sin embargo el diablo está en los detalles. La participación ciudadana ve limitada su actuación no sólo por la inoperancia y falta de profesionalización de sus servidores públicos, sino por los poderes descritos, que operan o exigen concesiones respecto a esas áreas de acción. Adjudicaciones directas, opacas, compradas, amenazadas o arrebatadas para los servicios públicos o territorios delimitados por el narcotráfico, el crimen organizado o la iglesia, que impide a quien detenta el monopolio de la fuerza, actuar sobre estrategias favorables para la gobernanza.

La ingobernanza municipal, no recae sólo en la falta de participación ciudadana (discusión típica), sino en las limitaciones del pacto federal, considerando que las pocas atribuciones de los Municipios son insuficientes para determinar rumbos comunes a corto o largo plazo, pero funcionan como espacios de ordeña para quienes reconocen en la ilegalidad un nicho de usos y costumbres.

Pats Cabrera (2003) dice que la gobernabilidad se refiere a la capacidad de una determinada sociedad para enfrentar positivamente los retos y oportunidades que se les plantean en un momento determinado[iii], todos a favor, pero no es sólo un asunto ciudadano. Los municipios están construyendo espacios ciudadanos, sinergias proactivas y colectividades que exigen y rinden cuentas, pero el poder legal del mismo Estado e ilegal de los poderes fácticos, terminan por deslegitimar las acciones que deberían sustraerse a la organización social y territorial municipal encargada de las eventualidades diarias, como mejorar un deportivo con el alcantarillado adecuado y la iluminación deseada.

Muchas esferas políticas e ideológicas buscan el diálogo y las redes sociales como formas de gobernanza, sin embargo y aún con ese legítimo interés, observan sus esfuerzos limitados ante el miedo por la contención y la desesperanza ante ignorancia.

Es posible que los municipios tarden muchos años, muchas reformas y varias vidas antes de que puedan hacer frente al inequitativo control del poder. Pero la balanza también puede moverse a favor con acciones decididas y de impacto zonal que trasciendan los limites típicos.

Hace unos meses, nos visitó una asociación llamada Pacto por Juárez[1], que ha demostrado cosas fundamentales sobre la gobernanza. Queremos que en este proceso participen las administraciones e instituciones públicas de todo tipo, las instituciones de educación, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos científico-tecnológicos, los empresarios, las organizaciones laborales, los medios de comunicación, las iglesias y, por supuesto, la ciudadanía en su conjunto. En definitiva, queremos la participación activa de todos, porque estamos convencidos que esta es la principal clave para tener éxito en el objetivo que nos planteamos de mejorar la gobernabilidad.

Crear organismos municipales coordinados entre sí, o bien, un organismo metropolitano, encargado exclusivamente del manejo de residuos urbanos, que cuente con incentivos adecuados y que rinda cuentas a los gobiernos locales y estatales, a través de indicadores de gestión y sujeto a sanciones en caso de incumplimiento.

Enfocar los esfuerzos en el tema hacia una reducción en la cantidad de residuos generados por los hogares de una ciudad. Para esto, se recomienda programas de cobro por cantidad de residuos generada acompañadas de campañas de concientización en medios de comunicación.

Elaborar planes de manejo y tratamiento de residuos a corto y mediano plazo tomando en cuenta diferentes aspectos sociodemográficos de las ciudades, como lo son el crecimiento poblacional, el nivel de ingreso y la densidad poblacional, entre otros.


[1] En Twitter: @pactoporjuarez

La ventanita de los órganos estatales de Transparencia

Cada uno de los 31 estados de la República y el Distrito Federal, de acuerdo al pacto Federal, tienen instituciones con el mandato de proteger y garantizar la Constitución y diversas leyes a nivel nacional. El proceso de homologación y armonización de las leyes ha sido cuestionado con base en que los estados no tienen la infraestructura, los presupuestos, el andamiaje legal, entre otros alcances de los que la federación supuestamente goza.

Bajo esta estructura gubernamental, existen 32 órganos de transparencia y acceso a la información pública en México. Por nombrar algunos, en Chihuahua se cuenta con el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), en Chiapas el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIPCh) y en Puebla la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (CAIP).

Las funciones de cada uno de estos órganos garantes de acceso a la información dependen en gran medida de sus leyes estatales de transparencia, sin embargo, en numerosos casos, observamos la voluntad de impulsar mejores prácticas en la materia creando nichos de transparencia que se exigen (al interior del órgano de transparencia) y les exigen (a los sujetos obligados) rutinas y acciones para facilitar y alcanzar las mejores prácticas en el derecho de acceso a la información.

En los municipios y estados la ciudadanía constantemente se pregunta: ¿En qué se gastan mi dinero? ¿Cómo tomó el regidor esa decisión? ¿Quiénes lo avalaron? ¿Cuándo iniciarán? ¿Cuántos servidores públicos trabajan para esa función? ¿Qué programas tendrá la Institución? Y lo podemos constatar con las protestas públicas que buscan lidiar con nuestra opinión sobre la corrupción gubernamental.

La ley por la vía institucional ha resuelto publicar y transparentar las acciones de los diferentes espacios de gobierno. Estas generalmente se pueden observar en los portales de internet de cada institución gubernamental, sean políticas, jurídicas, financieras, seguridad, etc. El conflicto inicia cuando las instituciones de gobierno no quieren darnos la información (respuesta a nuestras preguntas), y es ahí donde el órgano garante de transparencia (como los mencionados de Chihuahua, Chiapas y Puebla) funge como el facilitador y responsable de indagar bajo qué argumentos no nos quieren resolver nuestras dudas.

El derecho de acceso a la información protegida por estos órganos estatales tiene como principios la máxima publicidad, la expedites y la gratuidad, sin embargo, esa no es la única tarea de los órganos garantes de transparencia, ya que también son sujetos obligados y deben realizar las acciones que enmarca la ley. Veamos algunas obligaciones, pero también prácticas positivas de otros órganos.

Los órganos deben publicitar los procesos deliberativos dentro de los órganos colegiados para reconocer la especialidad, razonamiento y argumentaciones sobre las resoluciones.

Es fundamental la disponibilidad de los informes y las revisiones legislativas, ya que la facultad horizontal de control del poder legislativo se ejerce al enviarle el informe anual de actividades del órgano de transparencia.

La diferencia entre dar la información requerida o no, puede fundamentarse en el sistema de archivos de las instituciones públicas, por lo que es fundamental el control adecuado en la generación, selección y organización de toda la información.

Para los órganos de transparencia es primordial promover las auditorias, por parte del mismo gobierno y las evaluaciones externas, por parte de cualquier centro académico o institución privada.

El órgano de transparencia debe desagregar los datos sobre su presupuesto (asignado y ejercido) con claridad y precisión, lo anterior es fundamental para no generar opacidad en una de las solicitudes recurrentes a la administración pública.

Al frente de los órganos de transparencia debe haber titulares (comisionados o consejeros) preparados en la materia; el derecho de acceso a la información y su andamiaje legal, social, institucional y la transversalidad de las nuevas tecnologías de la información y comunicación no deben abordarse desde las limitaciones del desconocimiento.

Es fundamental que el órgano se someta a un sistema de quejas ciudadanas, éste puede ser por internet o físicamente, pero con el folio adecuado que permita el seguimiento del caso.

La entrega de la información debe ser –de preferencia- gratuita o generar un costo razonable y funcional a la solicitud; además de ser entregada a la brevedad, por lo que el sistema de archivos mencionado es neural.

Los órganos estatales de transparencia, también deben promover el DAI, por una parte a la población en general pero con especial atención a los grupos que viven en situación de vulnerabilidad y a los mismos funcionarios que se encargan de proteger el derecho de acceso a la información o que pertenecen al sector público en general.

Los órganos están facultados (no siempre obligados) a interpretar la ley y generar criterios que le den certeza a los ciudadanos sobre diversas controversias que surgen en la ponderación del derecho o actividades en general que requieren este tipo de intervención.

Los órganos deben darle seguimiento a las resoluciones que generan hacía los sujetos obligados para identificar si las cumplen o ignoran.

En conclusión, la rendición de cuentas ciudadana y legislativa; el contrapeso entre los órganos de transparencia e instituciones de gobierno; las auditorias y evaluaciones externas; los sistemas de archivos ordenados; las entregas gratuitas y expeditas; y otras actividades descritas, fortalecen la democracia e integran el tan anhelado e icónico Estado de derecho.

#Derechoalaverdad

Han pasado tres años desde el día en que 72 migrantes, en su camino a Estados Unidos, fueron secuestrados y asesinados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas.  

Desde entonces, y a pesar de la conmoción social que generó la noticia, ha sido poca  la información difundida por las autoridades.  A finales de 2010 y principios de 2011, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió algunos comunicados de prensa en los que informaba sobre el avance de la investigación y después de un silencio absoluto, en 2013, se anunció que uno de los autores intelectuales de la masacre había sido capturado  (el Z – 40).

Sin embargo, estos destellos de información no han sido suficientes para esclarecer las dudas y generar certeza, aún quedan muchas preguntas por resolver; sobre lo que pasó, sobre las víctimas, sobre los culpables.  No existe pronunciamiento alguno sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas durante esta matanza y a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una queja para investigar su existencia se ha quedado callada.

No conocemos la verdad y aparentemente el Estado no ha entendido que los hechos duelen tanto a la sociedad mexicana como a las familias centroamericanas que perdieron a uno de sus miembros.  Las y los mexicanos, compartimos la tristeza e indignación que generó la masacre, sentimos el miedo y el coraje.

Lo que sí sabemos es que este caso -como muchos otros en México-  permanece en la impunidad.  Este es el reflejo de la falta de compromiso del Estado por cumplir con su parte del contrato, la de la proteger la vida y la libertad de las personas.

El derecho a la verdad ha sido reconocido a nivel internacional como aquél que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad a conocer la verdad de los hechos ante violaciones a derechos humanos a fin de evitar que algo así vuelva a pasar.   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso de 10.480 contra El Salvador que este es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y, un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación del daño[1].

En México, existe el andamiaje jurídico e institucional necesario para garantizar este derecho.  Sin embargo, las autoridades se mantienen renuentes a su garantía.

En 2011, ARTICLE 19 solicitó información sobre la averiguación previa de la masacre con la intención de evaluar la capacidad del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) como garante del derecho de acceso a la información, de fincar un precedente que diera pauta a conocer la verdad en hechos de trascendencia social y hacer un escrutinio sobre la actividad del estado en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.  Después de casi dos años de haber ingresado la solicitud y de un proceso judicial de por medio, en el que se le ordenó al IFAI explicar los motivos por los cuales la masacre podía o no constituir una violación grave a derechos humanos a fin de ordenar la apertura de la información[2],  regresamos a la entrada del laberinto[3] donde todo es opacidad.

El IFAI señalaba en su resolución -contrario a lo que la ley dispone- que no podía aplicar la excepción del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  (LFTAIPG) al caso pues no había determinación previa sobre la existencia de una violación grave a derechos humanos y que ésta solamente podía hacerla la CNDH, el Poder Judicial o las institucionales internacionales de derechos humanos.  Lo que el IFAI no pudo entender, es que no se trataba de determinar la existencia de violaciones y nombrar culpables; se trataba de garantizar la verdad de un hecho de trascendencia social e interés público que aún sigue impune.

La oportunidad del IFAI de abrir la información e interpretar su ley garantizando las más amplia protección del derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad, se le fue de las manos.  Era la ocasión para demostrar su fortaleza y capacidad de protección de un derecho humano, sin embargo, la echó por la borda ¿cómo confiar en un institución que se dice garante cuándo no conoce los principios básicos de los derechos humanos? La verdad y la transparencia debieran ser valores inherentes al Instituto, principios deontológicos que lo hicieran el ejemplo de las demás entidades de gobierno.

En este caso la responsabilidad cae sobre quien no reconoció que para exigir justicia y evaluar la actividad del Ministerio Público es necesario conocer la verdad (el IFAI).  Sin embargo, en paralelo son responsables las autoridades que no han dado respuestas.  Si el IFAI dice que no puede ordenar el acceso a esta información porque no hay pronunciamiento de autoridad competente ¿qué está haciendo la CNDH? ¿dónde está el Organismo millonario de protección de derechos humanos  a quién desde 2011 se le otorgó la facultad de investigar estos acontecimientos? Si el secuestro y la muerte de 72 personas no amerita sus palabras, entonces ¿qué se necesita para ameritarlas?

*Publicado en Octubre de 2013 en Central Municipal


[1] Caso 10.480, Informe Nº 1/99, El Salvador, Lucio Parada Cea, Héctor Joaquín Miranda Marroquín, Fausto García Funes, Andrés Hernández Carpio, Jose Catalino Meléndez y Carlos Antonio Martínez, 27 de enero de 1999, parr. 150.

[2] De acuerdo al último párrafo del artículo 14 de la LFTAIPG, la información sobre violaciones graves a derechos humanos es pública y por lo tanto ninguna causal de reserva puede ser invocada.

[3] El IFAI finalmente resolvió que carece de competencia para determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos en el caso de la masacre y ordenar la apertura de la información  y que para aplicar la excepción del último párrafo del artículo 14 de la LFTAIPG debe haber un pronunciamiento previo de autoridad competente sobre la existencia de dichas violaciones.

La Alianza para el Gobierno Abierto y sus compromisos legítimos

“Los hombres con frecuencia se oponen a

una cosa tan sólo porque no han tenido

intervención en idearla…”

El Federalista, núm. 70, p. 299

 

Las opciones para la retroalimentación ciudadana y el gobierno sobre diversos problemas públicos en los tres ámbitos (municipal, estatal y federal), son considerablemente numerosas. No son suficientes, pero en la tropicalización de la democracia –porque cada ámbito se la apropia o la vulnera como quiere- es aún menos claro que significa participar, incidir, construir acuerdos o crear las sinergias necesarias para atinarle -en una de esas- a la good governance.

No podemos generalizar sobre la importancia que este ejercicio tiene para la ciudadanía y el gobierno, pero si describir que existe una sensación colectiva de que con foro o sin foro, los tomadores de decisiones hacen lo que quieren o lo que consideran prioridad, aun cuando esa prioridad recaiga en las decisiones del alcalde de Bucaramanga, Luis Bohórquez, quien propuso uniformar a las personas en situación de calle para que vivan bien en “su” ciudad.

En muchos casos, la trascendencia o el impacto de la participación ciudadana en los asuntos del gobierno, carece de líneas de acción útiles y prácticas por medio de las cuales sea viable dar seguimiento a la implementación de los compromisos concertados. No es difícil imaginar que los espacios de interlocución en donde hay más de cincuenta actores discutiendo la dirección de una avenida, la suerte de un bosque o el destino de la reforma energética, construyan largas peroratas sobre la pintura epóxica, las hadas madrinas o la transformación del fierro de las plataformas de Cantarell en ventiladores del Istmo de Tehuantepec; acordar e identificar los problemas públicos es muy complicado.

Al respecto, el ejercicio de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) ofrece una forma muy interesante de reunir actores clave y generar en tan sólo unas horas (por medio de metodologías bien definidas y un facilitador), compromisos legítimos in situ entre gobierno, academia y sociedad civil de donde nace la idea de “Alianza”. Por su parte, el Gobierno Abierto es un concepto que en los últimos años ha cobrado gran importancia a nivel mundial. Se trata de un conjunto de técnicas tendientes a optimizar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos para lograr un diálogo dinámico, colaborativo, efectivo y eficaz, donde las nuevas tecnologías de la información juegan un rol trascendental.[1]

El límite de la AGA es el ámbito Federal, pero son varios compromisos consensuados con el impulso que en las últimas dos décadas han dado las propuestas globales operadas a nivel ministerial o interestatal.

En México, desde el mes de septiembre y parte de octubre (2013) Artículo 19[2] y más de cien tomadores de decisiones o expertos en diversas materias, fueron invitados por Fundar Centro de Análisis e Investigación[3], la Secretaria de la Función Pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos a trabajar en cuatro de las nueve mesas temáticas, las cuales generaron (o esa era la intención) dos compromisos viables que pudieran cumplirse a más tardar en octubre de 2015 (dos años) por medio de un Plan de Acción que incluye todos los compromisos creados en cada mesa temática.

Mesa temática

OSC responsable

OSC corresponsable

OSC corresponsable

Fecha

Compras públicas

Transparencia Mexicana

CIDAC

Instituto Mexicano para la Competitividad

29 de agosto
Agenda Digital

Social TIC

Artículo 19

Fundar

3 de septiembre
Competencia y fomento económico

Instituto Mexicano para la Competitividad

CIDAC

Transparencia Mexicana

5 de septiembre
Política Social (MMP Coneval)

Gestión Social y Cooperación A.C.

Artículo 19

Transparencia Mexicana

10 de septiembre
Medio ambiente y cambio climático

Cultura Ecológica

Instituto Mexicano para la Competitividad

Transparencia Mexicana

12 de septiembre
Infraestructura

CIDAC

Gestión Social y Cooperación A.C.

Artículo 19

17 de septiembre
Transparencia presupuestaria y fiscal

Instituto Mexicano para la Competitividad

Fundar

Gestión Social y Cooperación A.C.

19 de septiembre
Justicia y seguridad

Artículo 19

Instituto Mexicano para la Competitividad

CIDAC

8 de octubre
Energía e industrias extractivas

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Transparencia Mexicana

Gestión Social y Cooperación A.C.

10 de octubre

Cuadro referenciado de la página sobre compromisos de la AGA-México[4]

Este no es el plan piloto de la AGA en México, existe un antecedente. Desde septiembre de 2011 México se integró a la AGA, reconociendo cuatro elementos fundamentales de trabajo (la transparencia y el acceso a la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas) y una herramienta transversal (nuevas tecnologías de la información) que marcan la creatividad de casi todos sus compromisos, a su vez se comprometió a que los Secretarios de Estado darían seguimiento a lo plasmado en la mesa para garantizar que los objetivos se realicen y a que el monitoreo incluiría a la sociedad civil de forma constante y en igualdad de circunstancias para brindarle la legitimidad necesaria. En los años que le siguieron las experiencias son considerables, y por ello, en este Plan de 2013 al 2015, las mejoras son reconocidas a nivel internacional.

Al terminar las mesas con los compromisos listos, se realizará una reunión entre las instituciones responsables y las organizaciones de la sociedad civil donde se establecerá el tiempo, la forma de trabajar, las metas y la logística en general para el cumplimiento cabal.

Al conjunto de compromisos en el caso mexicano se le llamará el “Plan de Acción México 2013-2015” el cual será presentado ante diferentes organizaciones, académicos, medios de comunicación y empresarios en la última penúltima semana del mes de Octubre, donde se planteará su presentación en la reunión anual de la AGA en Londres, Reino Unido.

Sin duda el proyecto abarca ejes que todas las dependencias e instituciones a nivel global deberían de considerar, sin embargo, los compromisos de los otros 60 países invitados a la AGA[5] durante el periodo 2011-2012, demuestran que en la era de la información, no sabemos cómo procesarla o de qué forma acceder a ella, independientemente de que los gobiernos no tengan la voluntad política para hacerla pública.

En el caso de Dinamarca[6] -por ejemplo- uno de los compromisos es generar un formato en línea para ayudar a las autoridades e instituciones públicas a ordenar, monitorear e integrar las prácticas de gobierno abierto en sus rutinas. En última instancia, este material constituye un manual o caja de herramientas para transversalizar las TIC en temas de Transparencia y el Acceso a la Información. En Indonesia[7] desarrollaron un portal One-Map[8] para promover la eficiencia en la gestión forestal. La iniciativa digitalizará los datos e información relacionada con los bosques primarios y secundarios (incluyendo las tierras de turba) en un solo portal. Los datos e información se sincronizarán con licencias de los datos vinculados a la superficie. Otro ejemplo es el paraguayo[9] en el que se propuso el desarrollo de un Sistema integrado de Administración de Salud (e-salud) con lo que se logrará que la ciudadanía sea atendida en clínicas y hospitales de forma eficiente y ágil, por medio de turnos y consultas organizadas en tiempo real. En Tanzania[10] se comprometieron a explorar la factibilidad de establecer un Nifanyeje[11] que es un sitio web donde los ciudadanos obtienen información práctica sobre cómo obtener servicios como una beca para la universidad, agua y electricidad, licencias de manejo, licencia de negocio, pasaportes, etc. y qué hacer si no pueden asegurar el servicio en el tiempo requerido.

En la AGA del año 2011 uno de los compromisos más comentados a nivel internacional fue la propuesta mexicana de Artículo 19, sobre el “Sistema de información del ofendido”. Las averiguaciones previas son estrictamente reservadas y solamente pueden tener acceso a la información que contienen la víctima, el inculpado o su representante legal, sin embargo muy pocos Ministerios Públicos ofrecen esa certeza jurídica. Ante esto el Compromiso No. 14 del Plan de Acción 2011-2012 fue elaborar un programa dirigido a las víctimas del delito para conocer el estado de las averiguaciones previas vía electrónica con el objetivo de agilizar y transparentar la consulta de las investigaciones. El sistema de información está completamente terminado, pero en este caso la PGR debe ponerlo en funcionamiento.

La AGA es un espacio crucial para las sinergias que deben crear la Sociedad Civil, los Académicos y el Gobierno Federal; se han planteado la posibilidad de incluir los espacios estatales y municipales si resulta sostenida la producción de compromisos y se llega a las metas propuestas.

Ésta puede ser la tropicalización de la democracia más ordenada y coordinada de la última década para encontrar en sólo cinco horas, problemas públicos con respuestas precisas a trabajar en dos años, pero además tiene un espíritu extraordinario y secreto; las reglas al interior de las mesas impiden protagonizar, aleccionar o marcar el territorio ideológico de los tres principales grupos de asistentes, la humildad del foro es una regla.

Siempre se agradece y sorprende un acto así, podría asegurar que la voluntad política del gobierno y la humildad que deben tener académicos y sociedad civil han creado sinergias y compromisos de reconocimiento mundial. Falta monitorear con cautela cada compromiso, pero un espacio así, siempre será bien recibido.

¿Te gustaría conocer los compromisos que México propuso este año? http://aga.org.mx/Noticias/default.aspx


[1] http://aga.org.mx/SitePages/DefinicionGob.aspx

[2] http://articulo19.org/

[3] http://fundar.org.mx/index.html/

[4] http://aga.org.mx/Noticias/default.aspx

[5] Aquí puedes revisar cada país y sus compromisos: http://www.opengovpartnership.org/countries

[6] http://www.opengovpartnership.org/country/denmark

[7] http://www.opengovpartnership.org/country/indonesia

[8] Aquí puedes observar una entrevista de la Dra. Daju Pradnja sobre la importancia del One-Map : http://www.youtube.com/watch?v=LLxqY2bfXKI

[9] http://www.opengovpartnership.org/country/paraguay

[10] http://www.opengovpartnership.org/country/tanzania

[11] http://www.bbg.gov/blog/2012/08/07/tanzania-health-project-je-nifanyeje-what-shall-i-do/

La verdad sobre las violaciones graves a derechos humanos

El sexenio de Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico fue el escenario de una película sangrienta en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos; asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas detenciones arbitrarias, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, fueron el guión que siguieron autoridades y agentes de Estado en los tres niveles de gobierno

Desde la reforma en 2007 para garantizar el derecho de acceso a la información y elevarlo al rango de derecho fundamental, se reconoció la necesidad de divulgar información de trascendencia social como las violaciones graves a derechos humanos y a partir de entonces, se ha determinado -en numerosos casos- su publicidad[1].  Sin embargo, a pesar de la progresividad en la interpretación del derecho de acceso a la información que en algún momento se vivió, actualmente existen grandes obstáculos para acceder a documentos relacionados con este tipo de hechos.

El derecho a la verdad, también conocido como derecho a la información, es un derecho de todas las víctimas de violaciones graves a derechos humanos y hace referencia a la obligación de los estados de proporcionar información a estas, a sus familiares y a la sociedad en general, sobre las circunstancias en que se cometieron.  Tenemos derecho a saber qué paso y qué está haciendo nuestro gobierno para que no vuelva a pasar.

En agosto de 2010, grupos del ejército encontraron los cuerpos asesinados de 72 migrantes en San Fernando.   La noticia sacudió a la población,  todos los medios de comunicación hablaban de los hechos, las organizaciones internacionales emitieron comunicados de atención al gobierno federal e hicieron pública su preocupación.  Asimismo, la sociedad civil exigió al gobierno tomar cartas en el asunto a fin de encontrar a los culpables, garantizar el derecho de las víctimas del acceso a la justicia y la reparación del daño  y otorgar la información suficiente sobre el seguimiento del caso.

Desde hace ya varios años organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas habían advertido sobre el secuestro de personas en situación de migración de México en su camino al país del norte.

En diciembre de 2011 ARTICLE 19 México realizó una solicitud de información a la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer la averiguación previa (en trámite) respecto a la masacre de 72 migrantes en San Fernando Tamaulipas ocurrida en el año de 2010.  La intención de ARTICLE 19,  fue fortalecer el acceso a la información en aquellos casos en los que la duda sobre la existencia de violaciones graves de derechos humanos, impidieran su divulgación para privilegiar el principio de máxima publicidad. Sin embargo, tanto la PGR como el Instituto Federal de Acceso a la Información negaron su acceso y las autoridades competentes como el Poder Judicial o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la fecha, no han determinado sobre la existencia de violaciones graves a derechos humanos en el caso de San Fernando.

Después del lamentable suceso, diversos comunicados de prensa emitidos por la PGR informaron someramente sobre los avances de las investigaciones o sobre los  presuntos responsables; tres años después  la averiguación previa sigue en curso y no existe respuesta alguna para los familiares de las víctimas o la sociedad.

El contexto que enmarca el caso de la masacre de San Fernando, habla de la necesidad de una explicación por parte del Estado a la sociedad sobre su política de protección a migrantes y también de las investigaciones que se han llevado a cabo a partir de esta.   El Estado debe rendir cuentas a la sociedad sobre las acciones que ha realizado para que estos hechos no queden impunes.  Es necesario que la ciudadanía pueda hacer un escrutinio de la actuación de su gobierno ante hechos gravosos que marcan la historia.  Sin el conocimiento de la verdad no hay confianza ni seguridad.

 *Publicado el 12 de Septiembre de 2013 en Etcétera


[1] En los últimos años se ha hecho pública la averiguación previa del Caso Radilla, información relacionada con el caso del Campo Algodonero, información relacionada con el caso de Tlatelolco, entre otros.

La salud del Presidente ¿un asunto de interés público?

Después de la muerte del ex Presidente Hugo Chávez me pregunté si habría cambiado el sentido del voto de los venezolanos si estos hubieran tenido información suficiente sobre el estado de salud del entonces candidato.

En la historia ha habido muchos Jefes de Estado que han sufrido alguna enfermedad grave durante su cargo, situación que los ha hecho transitar por tratamientos médicos agresivos a la par de cumplir -en la medida de la posible- con todas las atribuciones que implica su función.

En América Latina, recientemente se ha tenido conocimiento de diversos casos en los que los Jefes de Estado sufren de alguna enfermedad grave: en Paraguay al Presidente Fernando Lugo se le detectó un cáncer linfático; en Venezuela el cáncer de Chávez; en Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue diagnóstica con un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides; y en Colombia Juan Manuel Santos informó que tenía un cáncer de próstata.

En cada uno de estos casos,  los Jefes de Estado determinaron o no informar sobre su estado de salud a la ciudadanía. Por un lado, el Presidente Santos hizo público el expediente médico donde indicaba el tipo de intervención al que se sometió para extraer el tumor, en contraste la enfermedad de Hugo Chávez continúa promoviendo especulaciones lamentables.

En México, toda la información relacionada con la privacidad y los datos personales de cualquier  individuo se encuentra protegida y solamente puede divulgarse cuando hay consentimiento del titular de la información o cuando su secrecía afecta la seguridad nacional, salud, orden o seguridad públicas o cuando se pudiera dañar el derecho de otra persona.  Así, la información sobre el estado de salud de las personas es considerada confidencial, es decir, ningún individuo no autorizado para conocerla puede acceder a ella.   Sin embargo, cuando se trata del estado de salud del Presidente de la República, entonces existe una disyuntiva entre la publicidad de esta información, -por ser de interés de la sociedad- y su privacidad.

El Presidente de la República, es el representante del Estado mexicano, el encargado de promulgar y ejecutar las leyes; de nombrar y remover a los secretarios de estado, embajadores, coroneles y oficiales superiores del Ejercito; de preservar la seguridad nacional; de disponer de la Guardia Nacional; de declarar la guerra; de dirigir la política exterior; es el único que puede restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos o garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a una situación de invasión, perturbación grave de la paz, o de cualquier otra que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, entre muchas otras cosas.

El Presidente se debe en todo momento al pueblo que le otorgó el voto para ser su representante y por esto aún en breves momentos de ausencia, es necesario contar con la aprobación del Congreso para que alguien más pueda asumir sus responsabilidades.

Por esto, aún cuando el Presidente tenga plena libertad  para elegir sobre su vida, existen ámbitos de ésta que nos conciernen a todas y todos pues pueden impactar -directa o indirectamente- en nuestros derechos y en la forma en la que asumimos nuestras obligaciones.

Las decisiones del ejecutivo nos afectan tanto en lo público como en lo privado, en nuestro bienestar y desarrollo.   Entonces es obvio que la salud del Presidente de la República nos interesa a todas y todos. Debemos estar seguros y tranquilos de que cualquier decisión es tomada con plena capacidad física y mental.

ARTICLE 19, presentó un amparo en el mes de junio de este año  (2013) en contra de la negativa de acceso al expediente médico actual del Presidente Enrique Peña Nieto. Es importante destacar que el Ejecutivo no  se negó a dar acceso al mismo, simplemente no se le solicitó su  consentimiento[1].   La autorización del Presidente de la República de hacer accesible para las y los ciudadanos la versión pública de su expediente médico sería un paso adelante de su gobierno para mostrar la apertura a la sociedad y ser un referente nacional e internacional de la garantía del derecho a saber de la sociedad.

El conocimiento y la certidumbre de las y los ciudadanos sobre la salud de su Presidente es necesario para la verdadera construcción democrática, es el derecho de la sociedad a conocer las implicaciones que pudieran surgir ante una posible enfermedad, es contar con la convicción de que las política de seguridad nacional, seguridad, salud y orden públicos están en manos de una persona capaz para reaccionar a cualquier estímulo, es estabilidad,  es certidumbre.  Por esto,  todas y todos tenemos derecho a saber.

*Publicado en Agosto de 2013 en Central Municipal


[1] Tanto la Unidad de Enlace de Presidencia como el IFAI, clasificaron la información como confidencial, sin previamente consultar al Presidente Enrique Peña Nieto si se oponía a la divulgación de esta información.

Municipios ciudadanos

“Impuestos sin representación es tiranía”

Daniel Gookin (1612-1687)

La democracia con sus claros obstáculos se asemeja a un sistema de valores qué difícilmente un ciudadano puede invocar cuando se enfrenta a las nada sutiles costumbres del poder.

Palpar la rendición de cuentas, el Estado de derecho, los checks and balances o el gobierno abierto cuando el poste de luz pandeado dejó de funcionar en 2005, y se encuentra sobre la que solía ser una banqueta que hoy, se eleva del piso con mucho esfuerzo hasta cinco centímetros aún en pie por la cantidad de basura que lo sostiene, bueno, no es cosa fácil.

El “ser ciudadano” es un aura, una burbuja, una vibra que al salir de casa vas dejando como un traje aguado de látex en cada esquina; todos lo somos al no tirar basura, pero no nos regalan estrellas en la frente por hacerlo, mucho se exige el comportamiento como ciudadanos, pero cuando no se cumple tampoco te castigan con una multa administrativa a menos que te encuentres frente a un policía -comúnmente llamado por el simple acto de hacer que se cumpla la ley- “de avanzada”.

La construcción sobre la ciudadanía es un proceso cultural, y no una metáfora meritocrática. Si lograr que ésta se asuma es complicado, suponer que los gobiernos municipales permitirán su inclusión, lo es aún más.

La mayor parte de los servicios que exige un(a) ciudadano(a) dentro de su colonia o vecindad es responsabilidad de los municipios, específicamente del órgano principal de gobierno o Ayuntamiento (también llamado cabildo, regimiento o concejo[1]integrado por el Presidente Municipal, los síndicos, y los regidores). En el Artículo 115 de la Constitución se afirma que el Ayuntamiento manda de manera exclusiva y que no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado[2], si bien los municipios no pueden resolver el tema sobre la reforma energética, si pueden revisar el desarrollo urbano y regional, crear reservas territoriales, vigilar el uso del suelo u otorgar licencias y permisos para construcciones; y en esas decisiones de a quien sí y a quien no, se mueve mucho dinero.

El Ayuntamiento es elegido por quien vive en las demarcaciones para representarnos, y esa representación supone un acuerdo previo que autoriza la profética responsabilidad de aplicar el derecho que de las leyes locales y federales dimanan con la intención de garantizar el multicitado, nombrado y aplastado Estado de Derecho. Entonces ¿Por qué le hacemos tan poco caso a los municipios si son nuestra exigencia inmediata? Porque la representación no se vincula desde la sociedad municipal hacia el gobierno, sino como un sistema de favores basado en la opacidad de casi todas las decisiones, aunado a la apatía o poca información sobre el “ser ciudadano”, los Ayuntamientos son espacios de enriquecimiento y paraísos atractivos para el ejercicio del poder, y no para la representación y el buen gobierno.

Socorro Arzaluz del Colegio de México (COLMEX) concluye en una investigación publicada a principios del 2013[3] que la participación ciudadana en México “desde ningún punto de vista alcanza a ser representa­tiva de la totalidad de los municipios mexicanos, pues de 2450, sólo 17 han obtenido reconocimiento en materia de participación y de éstos, sólo algunos han incidido de alguna forma en las tareas de gobierno.”[4]. En sintonía, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un estudio sobre la calidad de la información que los municipios publican en sus portales de internet con resultados igual de escalofriantes[5]. Sólo el 16% de los municipios considerados en el estudio, cuentan con información clara y completa sobre el estatus de permisos y licencias, y sólo el 33% publica el catálogo de giros permitidos y de uso de suelo. Para dramatizar el análisis, el INEGI afirmó en 2011 que de los mexicanos que reportaron alguna dificultad al realizar algún trámite municipal, 53% dijo que su problema fue que no se exhibían los requisitos o que obtuvo información incorrecta y el 34.3% consideró que el grado de ocurrencia de estas prácticas ilícitas es “Muy Frecuente” en los municipios o delegaciones[6].

El panorama no parece dejarnos muy bien parados como ciudadanos. Sin embargo, de vez en cuando hay ejemplos y direcciones que trazan precedentes con el simple (nada simple) acto de aplicar la ley, incluso con todos los riesgos que eso significa.

El 1° de agosto el “Colectivo por una Cultura de la Legalidad” y el “Colectivo por la Transparencia”, invitaron a la organización “Plan Estratégico de Juárez”[7], a dialogar sobre las estrategias que ha implementado y a describir la formula con la que ha desarrollado interesantes sinergias[8] entre académicos, empresarios, funcionarios públicos, periodistas, instituciones, y otros actores de Ciudad Juárez, Chihuahua. La importancia fundamental de su actuación proviene del orden y la claridad de las ideas y las metodologías que sus elementos de sustento legal, presupuestal y de política pública participativa contienen[9].

La incidencia de la participación ciudadana enfocada a los gobiernos municipales, impresiona por lo rápido que lo público se convierte en privado, es fundamental analizar con cautela el rol actual de los Ayuntamientos, por ejemplo, respecto a la recaudación, la planeación o la ejecución de programas sociales, pero con mayor énfasis en el Derecho de Acceso a la Información como derecho y como herramienta, por eso la interesante propuesta de “Plan Estratégico Juárez” que embiste a cualquier observador de la democracia, porque lo que exigen se encuentra en la ley mientras fomentan la transparencia como mecanismo fundamental del derecho de acceso a la información sustentada en el artículo sexto Constitucional.

Otro caso de atención y de éxito es “Alcalde ¿cómo vamos?” una plataforma con sinergias similares a las del Plan Estratégico Juárez pero con la intención de hacer que los candidatos a la alcaldía en los nueve municipios conurbados de Monterrey que gobernarán del 2012 al 2015 rindan cuentas por medio del monitoreo de sus actividades. Ambas acciones contribuyen a cambiar la relación entre el “ser ciudadano(a)” y la forma en que se toman las decisiones de gobierno; hay que replicar, analizar, pero sobre todo, valorar las valientes experiencias que desde la plaza pública impulsan con decisión, nuevas formas de impulsar la democracia.


[1] Interesante destacar que concejo con la letra “c” no es un error ortográfico y hace referencia en diferentes dimensiones a lo que podríamos entender como consejo también. Referencia de la RAE:

http://lema.rae.es/drae/?val=concejo

[2] Una revisión rápida al Artículo puede realizarse desde aquí:

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/115.pdf

[3] Integrada por medio de las bases de datos del premio Gobierno y Gestión Local desarrolladas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

[5] Índice de información presupuestal Municipal 2012:

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2012/12/iipm_2012_final.pdf

[6] Encuesta sobre calidad de trámites y servicios del gobierno http://inegi.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/metadatos/encuestas/ENCIG.asp?s=est&c=17677&e=10

[7] Aquí se describe el proceso: http://rendiciondecuentas.org.mx/invitan-al-pacto-ciudadano-a-impartir-conferencia-sobre-transparecia/

[8] Aquí se puede observar sin un análisis exhaustivo: http://www.planjuarez.org/socios_impulsores.php

[9] Recomiendo la revisión de su página web: http://www.planjuarez.org/index.php