Publicidad oficial y censura indirecta

En México, la asignación de la publicidad oficial es la herramienta más común para ejercer la censura indirecta y es una parte integral del complicado panorama mediático del país. Sin reglas claras y precisas, permite influir o chantajear a los dueños de los medios y a los periodistas. Los gobiernos federales y locales utilizan la publicidad oficial para dar forma a la línea editorial de los medios de comunicación y empujar agendas partidistas. La asignación opaca y arbitraria de la publicidad oficial restringe el pluralismo y la diversidad de voces mediante la financiación selectiva de medios de comunicación que apoyan a los funcionarios y sus políticas[1].

 

El 1º de abril se presentó el Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas[2] realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.  Los resultados de esta investigación, que se ha realizado por tres años consecutivos, son una muestra del uso descontrolado de recursos públicos, de la corrupción y de la impunidad que impera en el país.

Veintiséis estados gastan 5,377 millones de pesos de los cuales no se sabe a dónde se destinaron más de la mitad. Es decir, existen 2, 833 millones de pesos que se fueron a quién sabe dónde.  Estamos hablando de un presupuesto que podría ejercerse en el tratamiento de 200,000 enfermos de SIDA y no hay investigaciones abiertas, no hay sanciones para los funcionarios públicos que no pueden dar cuenta de lo que hicieron con este dinero, no hay nada.

Eso explica por qué los estados de Guerrero, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Puebla y Tamaulipas, sin más, deciden violar la Constitución y negar el acceso a la totalidad de la información del gasto o por qué Nuevo León y Yucatán ejercen 4 veces más de lo que fue aprobado originalmente por su Congreso. En 16 casos nos encontramos con sobreejercicios que llegan hasta cuatro veces de lo originalmente presupuestado. En total, 25 entidades sobreejercieron 72% más de lo aprobado porcentaje equivalente a 2,197 millones.  Esta situación refleja la carencia en la planeación y fiscalización del ejercicio de este concepto.

Por último, la distribución del gasto –de lo que se pudo tener acceso con información de diecinueve entidades– muestra la arbitrariedad y discrecionalidad con la que se maneja ya que 2,544 millones de pesos fueron distribuidos 44% a televisión, 24% a prensa escrita, 17% a radio, 12% a otros y 3% a internet. Sin conocer los criterios para llevar a cabo esta asignación.

Además, existen estados como Hidalgo y Sinaloa que destinan el 86% y 71% del presupuesto a prensa escrita respectivamente o Jalisco y Nuevo León que asignan 76% y 71% a televisión.

En un sistema democrático, la publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la ciudadanía y la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades[3]. Por esto, la publicidad oficial debe sustentarse bajo los criterios de claridad, objetividad, equidad y no discriminación.

Sin embargo, la naturaleza autoritaria del gobierno ha marcado profundas distancias entre la ciudadanía, la rendición de cuentas y el diseño de políticas públicas, incorporando millones de pesos a estrategias mediáticas ausentes de transparencia y regulación.

La publicidad oficial desde la experiencia mexicana, ha sido una válvula que ha favorecido de forma selectiva acuerdos e intermediaciones que impactan en la libertad de expresión y el derecho a la información.

La arbitrariedad y el favoritismo en la asignación de publicidad oficial han viciado de manera estructural la relación entre medios y gobierno. Se ha llegado a una dinámica de presiones mutuas y de “vicios aprendidos.”  La posibilidad de “negociar” la publicidad oficial promueve la autocensura, e inhibe la función social y de vigilancia que los medios de comunicación deben desempeñar en una sociedad democrática[4] generando lagunas importantes de información para el ciudadano.

La asignación de la publicidad oficial bajo criterios claros, transparentes y objetivos que garanticen la libertad de expresión y la libertad de información es un asunto que interesa a todos, requerimos información eficiente que nos permita tomar decisiones y ejercer derechos, necesitamos medios independientes.


[1] Dupuy, J., & Ruelas, A. C. (2013). Comprando Complacencia; publicidad oficial y censura indirecta en México. Paris: WAN – INFRA

[2] Resultados del índice de publicidad oficial disponible en www.publicidadoficial.com.mx

[3] Asociación por los Derechos Civiles (ADC). 2006 Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial. Argentina. ADC. disponible en línea en: http://www.censuraindirecta.org.ar/sw_contenido.php?id=139 (Última consulta febrero 2013).

[4] Dupuy, J., & Ruelas, A. C. (2013). Comprando Complacencia; publicidad oficial y censura indirecta en México. Paris: WAN – INFRA.

*Publicado en la edición de Mayo de 2014 en Central Municipal.

La designación del #NuevoIFAI, un proceso colectivo

Hace unos momentos fueron elegidos para formar parte del pleno del #NuevoIFAI[1], Francisco Javier Acuña, Areli Cano, Oscar Guerra, María Patricia Kurczyn, Ximena de la Mora, Joel Suárez y Eugenio Montemayor Chepov (revisa los perfiles abajo). Aunque el ejecutivo tiene 10 días hábiles para objetar cualquiera de estos siete nombramientos, el acuerdo parece haberse establecido.

El proceso de designación fue un ejercicio inédito en la timorata democracia mexicana, desde Artículo 19 observamos un proceso único, abierto, transparente y ciudadano, propuesto por un colectivo de organizaciones y académicos expertos en el área del derecho a la información.

Los perfiles y el proceso de designación del #NuevoIFAI se cimentaron en la voluntad política de los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), Pablo Escudero (PVEM), Arely Gómez (PRI), Javier Corral (PAN) y la exigencia de un proceso transparente e informado por parte del Colectivo por la Transparencia (integrado, entre otras organizaciones, por Alianza Cívica, Artículo19, Cimtra, Gesoc y Fundar) y México Infórmate. Sociedad civil impulsó un proceso transparente y con una clara metodología y los representantes de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos Segunda, escucharon y atendieron la posible opción.

La propuesta surgió del grupo de “notables” en la última elección de los consejeros del extinto IFE. En ese caso, después de tres años de innegociables diferencias sobre las tres vacantes para Consejeros Federales, un grupo de cuatro personas: José Narro, José Paolí, Cuauhtémoc Cárdenas y Jorge Carpizo, destrabaron en un mes aproximadamente un proceso que finalizó con la elección de María Marván, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdova[2].

Al considerar quienes podrían conformar el grupo que acompañaría al Senado en la designación del #NuevoIFAI, se pensó en académicos o personas de sociedad civil que utilizarán o fueran expertos reconocidos en el área del Derecho de Acceso a la Información en México. Como resultado de diversos perfiles, la sociedad civil propuso a Agustín Millán (ExComisionado del InfoDF), Mauricio Merino (CIDE), Issa Luna Pla (IIJ), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Eduardo Guerrero (LANTIA Consultores), Haydeé Pérez (FUNDAR), Jaqueline Peschard (ExComisionada del IFAI), López Ayllon (CIDE), Pedro Salazar (IIJ) y Alejandro González (GESOC).

De la convocatoria del Senado, la lista de la Junta de Coordinación Política pasó casi intacta, mostrando a 158 posibles aspirantes al IFAI. El reto fue enorme. Los representantes entrevistaron durante más de una semana por aproximadamente 25 minutos, a cada uno(a) de los(as) aspirantes, integrando al grupo de acompañamiento (turnándose tres expertos de los diez por Sesión) a cada comparecencia. Sociedad civil y academia propusieron a 25 posibles finalistas, de los cuales, los Senadores eligieron a seis. El único nombre que no fue elegido por el grupo de expertos, es el de Eugenio Monterrey Chepov, cercano al PRI y exComisionado presidente del Instituto de Transparencia del estado de México.

En general el proceso se ha nutrido de la voluntad política, el trabajo de sociedad civil y el expertis académico, sin embargo en la recta final tuvo un tufo partidista impulsado desde la coyuntura de numerosas reformas (específicamente la de Telelcom) que le restaron –según los propios Senadores y Transparentólogos- fuerza y legitimidad.

Los expertos eligieron a los 25 “mejores inscritos” de forma objetiva revisaron su experiencia profesional, conocimiento en la materia, nivel académico, cartas de recomendación, etc. La metodología es pública también. El espacio que les otorgaron fue “alterno” a los representantes, y se les permitió describir y proponer a los perfiles. Pudieron proponer un número y los Senadores tomaron 6 de 7. La falta de alianzas partidistas no garantiza la apertura de la información, visceversa.

La ganancia del proceso es que estuvimos todos involucrados y que, al menos, de los 168 posibles que un día quisieron ser paladines de la Transparencia, quedaron varios fuera ante su incapacidad de demostrar interés real en el tema, incluso hubo algunos que aplicaron al INE también. Si no era uno, podría ser el otro. La pérdida, es que las cuotas partidistas ensombrecieron a los más altos perfiles y los aperturistas se olvidaron en el cabildeo final.

La experiencia indica que el proceso ha sido enriquecedor y plantea posibles adecuaciones para futuras elecciones en órganos ciudadanos u otras instituciones. Se ha logrado la vigilancia y propuesta de los mejores perfiles (dentro de una previa selección de 158), la última decisión es por Ley y de acuerdo a la Constitución de los Senadores.

Aprendimos y agradecemos la inclusión al proceso, sin embargo, Artículo 19 seguirá evaluando cada acción institucional o personal y señalando las carencias que limiten los más altos estándares en materia de protección de datos, transparencia y acceso a la información.


[1] Hashtag propuesto por el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate en redes sociales.

[2] http://www.eluniversal.com.mx/notas/900274.html

El IFAI, entre comparecencias y discordias

La comparecencia de los hoy ex Comisionados del IFAI ante el Senado, se realizó como una lamentable exposición de asuntos indignos y vergonzosos. Al parecer, el sólo contar con la legua originaria, juntar millas aéreas, enviarse correos para auto-ocuparse o dormirse en las sesiones, fueron varios de los motivos por los que los cuatro importantes funcionarios mantienen criterios Institucionales irreconciliables.

El IFAI como Órgano Colegiado goza de criterios sobresalientes en cada decisión del pleno, presumiblemente porque sus integrantes discuten de acuerdo a la extensa experiencia profesional y su destacado conocimiento en diversas materias asociadas al derecho a la información, sin embargo en su solicitud de reinserción como Comisionados ganó el show y el señalamiento mordaz e irrelevante.

De tan frívola comparecencia y al margen de los Comisionados –qué paradójico- hubo acontecimientos ciudadanos que no debemos dejar pasar.

Los(as) Senadores(as) iniciaron informando que utilizarían parte de las treinta y nueve preguntas generadas por el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate[1] para incluirlas en los cuestionamientos con los que defenderían su permanencia y utilidad a nuestro golpeado y pisoteado órgano. Algunas de nuestras preguntas fueron: “exponga tres casos en los que el derecho de acceso a la información haya sido útil para hacer exigibles otros derechos o haya contribuido al empoderamiento ciudadano”, “¿Cuál es el método de interpretación empleado por el pleno del IFAI cuando existe una colisión de derechos?”, o “¿Usted cree que el órgano garante debe ejercer el control de convencionalidad? Explique algún caso en que hubiere sido aplicado en su ponencia.” sin embargo la regla fue la evasión, la incongruencia y nuevamente las acusaciones que nada aportaron a su permanencia. Efecto o no de este catastrófico ejercicio, se fueron los cuatro.

Los Senadores(as) integraron las preguntas incorporando el trabajo de sociedad civil a sus curules, dentro de la dinámica democrática de darnos la palabra, sin embargo el trabajo hacía los exComisionados fue desordenado y nada equitativo. En el caso de la primera Comisionada las preguntas fueron numerosas por cada bancada y diversas, de ahí en adelante la intensidad fue reduciéndose hasta que el tono e incluso el quórum se vio minado por la muy cercana hora de descansar de los Senadores.

Actualmente la solicitud del Colectivo por la Transparencia y México Infórmate sobre el #NuevoIFAI y que se vayan los cuatro Comisionados se cumplió, pero estaremos pendientes del proceso que sigue para la integración de los siete nuevos Comisionados.

Nuestra percepción es que debe existir un Comité de expertos en la materia, que ayuden a las Comisiones Unidas del Senado a seleccionar a los siete nuevos integrantes. El Colectivo estará al pendiente del proceso de designación exigiendo la transparencia en la toma de decisiones que en muchas ocasiones las cuotas partidistas limitan y aseguran perfiles nada ciudadanos e incluso con tendencias contra el valor primordial de tan compleja institución, la autonomía.

 *Publicado en Designaciones


[1] www.colectivotransparencia.org

De libertades, derechos y agua

El acceso al agua potable y su saneamiento como un derecho humano fue reconocido por Naciones Unidas en el año 2010 y dentro de los objetivos del Milenio como la meta número siete. El acuerdo es reducir en un 50% el déficit a nivel global, panorama contrastante y limitado, si consideramos que aproximadamente 900 millones de personas carecen del recurso y su privatización crece sin medida. Lo anterior no significa que los gobiernos de los estados provean o distribuyan, es más, garanticen en alguna medida el recurso, sólo que estos representantes monopólicos tienen la obligación –al menos en México y numerosos estados- de rendirnos cuentas.

Water_a_bnSegún la OMS, el agua debe cumplir determinadas características para el abasto de una persona,  por ejemplo, cualquiera debe acceder desde 50 hasta 100 litros por día, debe encontrarla a una distancia menor a un kilómetro, y no le debe tomar más de 30 minutos la posibilidad de recolectarla; en discursos más estructurados, debe existir disponibilidad, calidad, accesibilidad física y accesibilidad económica. Estas características son medibles y podemos construir con rápidas nociones si el Estado garantiza, ignora o coordina diversas políticas públicas o programas para satisfacer el derecho humano; sin embargo, el problema público se vuelca en algunos otros contextos.

La idea de que el mayor bienestar de una población que vive en alguna ciudad, debe regir sobre el bienestar de una comunidad rural, indígena o fuera de la percepción de lo citadino, es cálculo suficiente para explotar, amenazar, limitar y cooptar los derechos de poblaciones enteras, violando derechos culturales, económicos, sociales, ambientales (DESCA) y cualquier otro que nos propongan las nuevas convenciones internacionales en la materia. La violación de derechos a cambio de intercambios económicos o materiales  entre el sector privado y el público, se legitima con el asentimiento de la población que vive en las grandes ciudades. Al final y acorde con las malas representaciones democráticas y la tiranía de las mayorías, las ciudades son las que votan.

Un caso icónico y muy documentado es el de la hidroeléctrica El Cajón, la obra más importante del sexenio de Vicente Fox. La obra es monumental, por el tamaño de la infraestructura y las dos turbinas que alimentan de luz a diversos espacios de Nayarit. Por desgracia para Los Ciruelos[1], una población cercana a la obra, las negociaciones fueron todo menos eso. La comunidad fue inundada, reubicada y pagada de forma discrecional, mientras crecía la cortina de agua, que impide el paso del rio por control de las compuertas. Lo anterior podría describirse como una dolorosa metáfora.

Los Ciruelos y El Cajón no son la excepción, incluso poblaciones organizadas se niegan a la construcción de La Parota, otra hidroeléctrica que generaría la energía limpia que todos requerimos, aunque lo sucio sea la distribución de las ganancias, la opacidad de los contratos y la indiferencia hacía aquellos y aquellas que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Una de las opciones que más aportan al control en el uso gubernamental del agua, es el del acceso a la información sobre proyectos de interés público exante, expost y de impacto, para monitorear la construcción de obras desde la claridad de los elementos que deben tener por obligaciones de Transparencia y las dudas que surgen por medio de las solicitudes de información.

ARTICLE 19 ha definido tres dimensiones en la defensa del derecho a la libertad de expresión e información y el derecho al agua. The right to know: el derecho a saber y tener la información suficiente sobre proyectos, abastecimiento del agua, o medidas ante la escasez del recurso; the right to speak: el derecho a comunicar información libre, oportuna e informada, sin la manipulación del Estado en favor o en contra de las decisiones sobre infraestructura, abastecimiento o calidad del agua; y the right to be heard: el derecho a ser escuchados, ya sea por medio de consultas populares, radios comunitarias o medios masivos, éste contiene especial énfasis en la consulta a grupos vulnerables y una participación activa de la comunidad para darle legitimidad y fuerza a todas las opiniones y discusiones.

Los estados tienen la obligación de respetar, proteger e impedir que cualquier actor privado viole nuestro derecho al agua -individual o de cualquier comunidad- sobre todo bajo la sombra de la mala interpretación de la idea de crecimiento y desarrollo.

Por eso en caso de considerar la creación de una hidroeléctrica como obra sexenal, es necesario solicitar información (si la transparencia es limitada) sobre el diseño del proyecto, la temporalidad y afectaciones, la descripción de las reuniones y las negociaciones, las licencias, las condiciones sobre las que trabajará el gobierno y las empresas, las condiciones de la consulta pública, las bases, la descripción y medición de los resultados respecto a las encuestas, consultas, referéndum, etc., las estrategias de protección a los DESCA respecto al avance gradual de la obra, y el estudio de impacto -varios años después- con la intención de que el sector público y privado rindan cuentas, ante cualquier eventualidad violatoria de derechos humanos.

En el caso del agua que bebemos cada día, también podemos hacer las preguntas que nos indiquen su calidad, la cantidad, el tratamiento, las estrategias en caso de carestía, el costo por litro y las razones, responsabilidades respecto a la privatización o concesión, entre muchos otros aspectos, no es asunto de grandes corporaciones y comunidades, es asunto de rendición de cuentas y servicio público.

Hay otros dos elementos fundamentales del derecho al agua y el derecho a la libertad de expresión y a la información que no debemos dejar pasar. En México la protección a los derechos humanos –sobre todo en las poblaciones distantes a las grandes ciudades- es una heroica tarea de la sociedad civil organizada y por supuesto una alabanza a los periodistas y fotoperiodistas que enfrentan transnacionales, caciques, narcotraficantes, o la desafortunada mezcla de los tres.

Hace unos años ARTICLE 19 oficina para México y Centroamérica documentó el caso de un periodista que señaló la contaminación de mantos acuíferos y diferentes violaciones a las leyes ambientales que fue amenazado y perseguido por autoridades también identificadas. La libertad de expresión y el agua también dependen de la seguridad que el Estado brinde en los temas; no podemos generar las investigaciones pertinentes si es el Estado quien reprime e incluso caza a quienes se encargan de beneficiarnos con tan importante información de alcance público.

Por último es fundamental llamar la atención sobre el tema del Fracking[2] como mecanismo de explotación de hidrocarburos no convencionales. Este término en inglés encuentra su origen en la contracción de slickwater hydraulic fracturing que es el uso de agua a presión atmosférica destacable para fracturar el subsuelo con arena enriquecida con químicos que dañan el subsuelo y la salud humanas, ya que contienen elementos radioactivos de alta toxicidad. Independientemente de la contaminación de los mantos acuíferos y filtraciones de químicos muy poderosos y de larga duración en pozos y fuentes de agua, la cantidad de agua requerida para lograr tan impresionante método de explotación es de hasta 30 millones de litros (recordemos que una persona necesita hasta 100 litros al día) con lo que el desperdicio no puede ser sino innecesario y degradante, por el desastre que representa su uso y el desperdicio para la vida humana.

El fundamento del control es el uso de las leyes para que nuestras voces se respeten y argumenten nuestros desacuerdos. Es fundamental preguntarles a los gobiernos que hacen con nuestra agua, con qué medidas la protegen y a quien o a quienes le ofrecen tan preciado recurso al costo que sea.

El agua es un derecho humano responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno. La rendición de cuentas, la identificación del problema público, la transparencia de los acuerdos público-privados y la protección de los derechos humanos en general, son la única opción para legitimar la actuación de los gobiernos de los estados. Tenemos derecho a saber, a dialogar y a que nos consulten sobre el rumbo que toma este recurso fundamental.

*Publicado en la edición de abril de 2014 en Central Municipal

[1] Una revisión breve pero concisa, se puede encontrar en: http://www.jornada.unam.mx/2006/08/15/index.php?section=politica&article=021n1pol

[2] Para obtener información especializada, se puede observar el trabajo de la Alianza Mexicana contra el Fracking en: http://nofrackingmexico.org/?page_id=8

Área de Derecho a la Información

 Silencio

Article19 (Artículo19) es una Organización Internacional que protege y señala el nivel en el que los Estados garantizan el Derecho a la Información. Nuestra apuesta como equipo es utilizar los más altos estándares legales y los principios fundacionales sobre los que se integra la Participación Ciudadana, el Acceso a la Información, la Transparencia y la Rendición de cuentas.

 

Entre los proyectos del Área de Derecho a la Información bajo la integración Colectiva, se encuentran:

www.inogdai.org

www.publicidadoficial.com.mx

www.designaciones.org

http://www.colectivoporlatransparencia.org

 

Los autores participan en:

http://rompeviento.tv/Bienvenidos/megafono/

http://www.conlosojosabiertos.org.mx/

http://www.elfanzine.tv/

http://www.animalpolitico.com/blogueros-altoparlante/#axzz2xwvGQsQy

http://www.centralmunicipal.com.mx/

 

En twitter Ana Cristina Ruelas como @anaruelas

En twitter Ricardo Luévano como @rickluev

 

Las opiniones vertidas en este blog son responsabilidad de la autora y el autor.

Publicidad oficial en México

Por: Ana Cristina Ruelas y Ricardo Luévano

El martes pasado se presentó el Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.  Los resultados de esta investigación, que se ha realizado por tres años consecutivos, son una muestra del uso descontrolado de recursos públicos, de la corrupción y de la impunidad que impera en nuestra sociedad.

Veintiséis estados gastan 5,377 millones de pesos de los cuales no se sabe a dónde se destinaron más de la mitad. Es decir, existen 2, 833 millones de pesos que se fueron a quién sabe dónde y para qué.  Estamos hablando de un presupuesto que podría ejercerse en el tratamiento de 200,000 enfermos de SIDA y no hay investigaciones abiertas, no hay sanciones, no hay nada.

Luego, estados como Guerrero, Coahuila, el Estado de México, Michoacán, Puebla y Tamaulipas, sin más, deciden violar la Constitución y negar el acceso a la totalidad de la información del gasto y tampoco hay pronunciamiento de las autoridades al respecto.

En un sistema democrático, la publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la ciudadanía y la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades[1]. Por esto, la publicidad oficial debe sustentarse bajo los criterios de claridad, objetividad, equidad y no discriminación.

Sin embargo, la naturaleza autoritaria del gobierno ha marcado profundas distancias entre la ciudadanía, la rendición de cuentas y el diseño de políticas públicas, incorporando millones de pesos a estrategias mediáticas ausentes de transparencia y regulación.

La publicidad oficial desde la experiencia mexicana, ha sido una válvula que ha favorecido de forma selectiva acuerdos e intermediaciones que impactan en la libertad de expresión y el derecho a la información.

La arbitrariedad y el favoritismo en la asignación de publicidad oficial han viciado de manera estructural la relación entre medios y gobierno. Se ha llegado a una dinámica de presiones mutuas y de “vicios aprendidos.”  La posibilidad de “negociar” la publicidad oficial promueve la autocensura, e inhibe la función social y de vigilancia que los medios de comunicación deben desempeñar en una sociedad democrática[2].

Aunque la obviedad histórica parece no dejar lugar a dudas entre la relación de los medios y el control del Estado,  ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación generaron la tercera edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas[3], con la difícil tarea de medir la transparencia  del gasto, la falta de planeación y fiscalización de su ejercicio y la distribución discrecional y arbitraria entre los distintos medios de comunicación.

En esta investigación, se confirma la opacidad, la ausencia de reglas y el incremento del presupuesto en publicidad oficial, al amparo de una deficiente justificación del gasto y su carente regulación. Los resultados presentan aristas destacables  y  porcentajes sobre el incremento o control en diversas entidades, interpretados desde solicitudes de información y datos públicos que proyectan la actuación estatal en el tema.

Así, aún cuando la publicidad del ejercicio de recursos públicos sea una obligación constitucional, la mitad de las entidades federativas no entregan alguna información sobre el gasto en publicidad oficial (el total o el detalle).  Es decir después de doce años de “transparencia” en el país no podemos saber a dónde se destina cada peso de los recursos públicos  y  no existen sanciones para quien los ejecuta.

De esta manera, veintiséis entidades gastaron 5,377 millones de pesos en publicidad oficial durante el 2012 y solamente conocemos el destino de 47%.  Es decir, no sabemos a dónde se fueron 2,833 millones.

Además, en 16 casos nos encontramos con sobreejercicios que llegan hasta cuatro veces de lo originalmente presupuestado. En total, 25 entidades sobreejercieron 72% más de lo aprobado.  Esto habla de la carencia en la planeación  y  fiscalización del ejercicio de este concepto.

Fuente: Elaboración con cifras obtenidas a partir del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2012.

Por último, la distribución del gasto –de lo que se pudo tener acceso con información de diecinueve entidades– revela la arbitrariedad y discrecionalidad con la que se maneja ya que 2 544 millones de pesos fueron distribuidos 44% a televisión, 24% a prensa escrita, 17% a radio, 12% a otros y 3% a internet. Sin conocer los criterios para llevar a cabo esta asignación.

Las cifras de esta investigación urgen a los legisladores a frenar este gasto innecesario de recursos públicos.  Tienen hasta el 30 de abril para cumplir con esta obligación.

La publicidad oficial requiere reglas claras y transparentes que favorezcan el ejercicio efectivo de la libertad de expresión e información. Sin esto, la democracia será solo un discurso oficial.

Gasto en Publicidad Oficial en el primer año de EPN from Article19 on Vimeo.

*Publicado el 1 de abril de 2014 en Alto Parlante, Animal Político.

[1] Asociación por los Derechos Civiles (ADC). 2006 Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial. Argentina. ADC. disponible en línea en: http://www.censuraindirecta.org.ar/sw_contenido.php?id=139 (Última consulta febrero 2013).

[2] Dupuy, J., & Ruelas, A. C. (2013). Comprando Complacencia; publicidad oficial y censura indirecta en México. Paris: WAN – INFRA.

[3] La información relativa a la primera y segunda edición del Índice de acceso al gasto en las entidades federativas se encuentra disponible en la página www.publicidadoficial.com.mx

Transparencia: el arroz de todos los moles

En la agenda nacional e internacional hay muchos temas que traen a colación la transparencia, el derecho de acceso a la información y el gobierno abierto.   En todos ellos México se encuentra involucrado.

Tenemos por un lado una reforma constitucional -recién publicada- que maximiza el derecho de acceso a la información.  Estamos en medio del proceso de reglamentación que será todo un reto para los legisladores; el diablo está en los detalles y en esta medida hay muchas cosas que se tienen que considerar dentro de la nueva legislación para que su implementación sea efectiva.

Una buena legislación significaría que por fin el derecho de acceso a la información sea universal y sin restricciones para todas y todos los mexicanos. Hasta antes de la reforma las fronteras estatales implicaban la ampliación o la restricción de este derecho.  Así un habitante del Distrito Federal contaba con un reconocimiento más amplio y con la posibilidad de obtener mayor información que el habitante de Chiapas.  Ahora, el mismo derecho, los mismos principios y las mismas garantías para todos y todas[1].

Luego, somos parte de la alianza internacional de gobierno abierto (OGP por sus siglas en inglés) -de hecho somos Vicepresidentes- la cual promueve la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación ciudadana a través del uso de las tecnologías de información de manera que exista un cambio en la vida y el futuro de las personas[2].

El gobierno mexicano lanzó a finales del mes de enero el Plan de Acción 2013 – 2015 en el cual adopta una serie de compromisos con la intención de alcanzar estos objetivos.  Estos compromisos fueron aprobados en conjunto con la sociedad civil y destacan un trabajo compartido y corresponsable que vale la pena rescatar para otros ejercicios de interés público. Además, suponen una gran expectativa de la sociedad, pues algunos, como el sistema de registro de detenidos en tiempo real y la base de datos de desaparecidos actualizada, son pendientes históricos que no se han logrado culminar aún a pesar de sentencias internacionales de por medio, esperamos que esta vez sea la excepción y el marco de esta alianza internacional funja de precisión suficiente para que el estado cumpla con su palabra.

El Plan de Acción también incluyó compromisos como:

a)        Concentrar y poner a disposición, de manera permanente, actualizada, accesible, adecuada y oportuna, la información relativa a las evaluaciones de impacto ambiental, consulta pública, reunión pública de información y sus resultados. De manera que, la población pueda participar de manera oportuna e informada antes, durante y después del proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto incluye la creación de herramientas (adecuadas culturalmente) que difundan esta información y promuevan el ejercicio del derecho a la participación en la toma de decisiones.

b)       Contar con un padrón único de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal que integran a la “Cruzada Nacional contra el Hambre” (en los casos que se pueda identificar beneficiarios), abierto y actualizado, que permita conocer con precisión cuál es y en dónde se encuentra la población atendida por parte del Gobierno Federal, y establecer un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de los criterios de integración de los padrones de gobiernos estatales y municipales, para octubre de 2015.

Otro proceso que está en gestación a nivel internacional es el de la Agenda de Desarrollo posterior al 2015[3] de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mesas de trabajo y los procesos de consulta se han desarrollado por dos años en los que México ha tenido un papel activo e importante en el proceso deliberativo.

En este sentido, durante la primera semana de febrero, en el marco de la octava reunión de trabajo de los objetivos de desarrollo sustentables (ODS)[4], en donde la delegación mexicana formó parte del grupo de representantes de la ONU, más de 195 organizaciones y grupos de la sociedad civil a nivel mundial llamaron a los gobiernos a considerar el acceso a la información y la libertad de medios como un elemento central de esta agenda.   Los firmantes incluían a organizaciones de más de 77 países de cinco continentes que trabajan en diversas áreas relacionadas con la pobreza, la salud, la religión, el medio ambiente, derecho indígenas y libertad de expresión[5].

Así, aún cuando la mayoría de las delegaciones –la de México incluida– reconocen la importancia del acceso a la información y la transparencia en los ODS aún existen dudas sobre la incorporación de la rendición de cuentas dentro de la agenda de desarrollo.   Por un lado están los países que consideran que ésta debería ser una meta transversal a los objetivos y por otro están aquellos que como ARTICLE 19 promueven que sea una meta per sé, una meta de desarrollo global de gobernanza que abrace el acceso a la información para todas los ciudadanos del mundo.

La realidad es que como se quiera ver, el acceso a la información es una herramienta para las democracias, permite a las y los ciudadanos ejercer otros derechos y los empodera para exigir verdaderas garantías. Una de las fallas del gobierno mexicano para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) fue precisamente la falta de información suficiente del ciudadano para hacer valer y ejercer sus derechos así como la falta de rendición de cuentas sobre los recursos ejercidos para el buen cumplimiento de estas metas, entonces sería importante que este nuevo gobierno reconsidere el potencial democrático de este derecho e impulse esta meta.

 *Publicado en la edición de marzo de 2014 en Central Municipal


[1] Comunicado sobre la promulgación de la Reforma de Transparencia  disponible en: http://articulo19.org/comunicado-sobre-la-promulgacion-de-la-reforma-de-transparencia/

[2] Para más información sobre AGA ver: www.aga.org.mx

[3] Agenda de desarrollo post 2015, para mayor información ver: http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml

[4] Los objetivos de desarrollo sustentable forman parte de la agenda de desarrollo post 2015.

[5] Garantizar la rendición de cuentas en la agenda post-2015 por medio de la transparencia, la libertad de expresión y el fomento de la participación de la sociedad civil, disponible en: http://www.article19.org/resources.php/resource/37448/en/ensuring-accountability-in-the-post-2015-agenda-through-transparency,-free-expression-and-enabling-civil-society-participation

Grupo de acompañamiento

Lamentable y poco asertiva ha sido la interpretación que diversos actores han dado a la propuesta del Colectivo por la Transparencia y México Infórmate de instaurar un grupo de siete expertos que apoyen por medio de su experiencia en transparencia, acceso a la información y protección de datos, a los Senadores para elegir a los siete nuevos comisionados.

Se ha planteado el limitado criterio de que los Senadores dejarían la decisión en manos de los expertos, como si no reconociéramos la inoperancia legal y legislativa que significaría que sujetos que no fueron elegidos como representantes determinen o definan automáticamente a los siete idóneos.

Es fundamental recordar que durante la última elección de consejeros del IFE un grupo de “notables” –así los llamaron- como José Narro, José Paolí, Cuauhtémoc Cárdenas y Jorge Carpizo destrabaron la negociación anquilosada tres años antes apostando por María Marván, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdova, actuales Comisionados.

La propuesta es clara, ante el primer filtro que proponga la JuCoPo, el grupo de acompañamiento -al igual que los Senadores- revisarán los perfiles y destacarán a veintiún personas relevantes. Después a consideración de los Senadores, cada uno, tendrá la posibilidad de tomarlo en cuenta o tomar su propia ruta de designación. La propuesta intenta limitar las prácticas partidistas y proporcionarle legitimidad a una decisión que nos importa por las características del Órgano y los tomadores de decisiones.

El derecho a la libertad de expresión y a la información se ejercen en concordancia con el nivel de legitimidad y la garantía que las resoluciones de estos órganos obtienen bajo criterios informados e imparciales de quienes conforman el pleno. La defensa integral de derechos humanos requiere de la información suficiente para reconocer el rumbo y medir el impacto de las actuaciones en los diferentes ámbitos de gobierno.

El grupo de expertos es una opción complementaria al criterio de designación de los Senadores, es fundamental no limitar la gran oportunidad que nos presenta el contexto para avanzar en la materia.

El Colectivo por la Transparencia y México Infórmate reiteran la importancia de construir este proceso de acompañamiento entre expertos y Senadores, insistiendo en que la legitimidad de las Instituciones es un asunto de la sociedad civil e impulsaremos los mecanismos necesarios para identificar cada proceso de designación.

El demos sin kratos

La democracia real (no la típica explicación etimológica del demos y el kratos) fue durante los años 90 y el primer lustro del siglo XXI, el camino acordado por América y Europa para “protegernos” de las amenazas externas e internas que pudiera cometer cualquier supuesto enemigo de la libertad. El pretexto incorporado al discurso, fue que las democracias evitarían los regímenes totalitarios, aquellos que tanto daño hicieron durante la Segunda Guerra Mundial a Europa y durante los siguientes 40 años a América. Hay que puntualizar que la explotación y la imposición del imperialismo se manifestó desde Europa hacía África y desde Estados Unidos hacía América y Asia, pero bueno, esa historia se las puede contar Enrique Krauze en la televisora de su preferencia.

Llama la atención que en los últimos años diversas manifestaciones internacionales incitan al desacato gubernamental, bajo el popular discurso de que la democracia no funciona o no responde a las necesidades de la ciudadanía. Digamos, duró poco el romance.

La democracia cimentada en la corrupción de los diversos ámbitos políticos, estructurada bajo leyes que sirven a intereses particulares y asociada a la corrupción, tiende a impulsar lo que Platón describía como la degeneración o decadencia de los gobiernos: la oligarquía (gobierno de pocos), la timocracia (gobierna quien tiene propiedades o capital) o la tiranía (gobiernos unipersonales y absolutos), peor aún, todos juntos.

Las nuevas tecnologías de la información han cambiado toda comprensión sobre lo público y lo privado –apenas estábamos construyendo lo global- y han empoderado la construcción de la ciudadanía respecto a su exigencia en un catálogo de derechos impensables hace apenas 30 años.

Democracia en construcción

Construcción del estado

La construcción de un Estado democrático depende de la sinergia y el andamiaje legal, junto con el nivel de garantía que infiere en la protección y promoción a los derechos humanos. Por lo que el ciudadano tiende a respetar la autoridad (que tiene el monopolio en el uso legítimo de la fuerza) siempre y cuando se evite la arbitrariedad o el abuso del poder para mantener y hacer cumplir las leyes. Las leyes no son garantía de legitimidad y legalidad, pues si no se construyen a favor de las personas, si no a favor de poderes fácticos o grupos de presión, invariablemente la cultura de la legalidad se verá descalificada y finalmente rebasada por la cultura de la corrupción.

La percepción de bienestar y de respeto por las leyes, construye la integración ciudadana que respalda a los gobiernos en gran parte de las decisiones -supuestamente- tomadas por los “más aptos”, de ahí la noción típica de representatividad, que sustenta la elección popular acorde al conocimiento de quien “debe” gobernar como aquel que guía las decisiones gubernamentales.

Si nuestra opción de representación no se encuentra vinculada a la democracia, el Estado de derecho es vulnerable y se violan sistemáticamente los derechos humanos, la libertad de expresión o la libre manifestación de las ideas generalmente será controlada, perdiendo el sentido de garantía y participación. Democracia también significa disentir.

 

 * Publicado en El Fanzine

72 migrantes: una historia de opacidad

El 22 de agosto de 2010 fueron encontrados 72 cadáveres de mujeres, hombres y niños que habían sido asesinados en un rancho del municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas.  La mayoría de estas personas se encontraban en tránsito por México buscando llegar a los Estados Unidos.

Dos personas sobrevivieron y mucho de lo que se sabe sobre este acontecimiento derivó de sus testimonios.  De acuerdo a su dicho, las víctimas fueron secuestradas por un grupo de delincuentes mientras iban en el camión que los llevaría hacia la frontera; después, los mismos secuestradores, les preguntaron si querían formar parte del cártel de los “zetas” y ante la negación la respuesta fue la muerte.

Altar-masacre San Fernando

Este fue el escenario de la masacre más cruenta del sexenio del expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, a partir aquí, se detonaron otros hechos tan graves y dolorosos como este: la muerte de 193 migrantes en 2011 y de 49 más durante el 2012. Año tras año se acumularon decenas de muertes que hoy por hoy permanecen impunes.

Si bien la muerte de los 72 fue un detonante, no fue un hecho aislado. Antes de esto el gobierno ya había sido alertado sobre la corrupción de funcionaros públicos y sobre los secuestros constantes de la población migrante en su paso hacia el país del norte. Por ejemplo, durante su visita a México en 2008,  el Relator Especial de las Naciones Unidas había informado que la migración transnacional seguía siendo un negocio en México, gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas, con la colaboración de las autoridades locales, municipales, estatales y federales. El relator advirtió que los migrantes eran víctimas con cierta regularidad de mutilaciones, secuestros, agresiones y acoso y abuso sexual durante el trayecto.

 

Después en 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un primer informe especial sobre secuestros en contra de migrantes en donde señalaba que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro en los que se privó de su libertad a 9,758 migrantes.

Luego, ante los hechos del 22 de agosto de 2010, esta misma Institución abrió un expediente de queja para averiguar posibles violaciones a derechos humanos y posteriormente publicó un segundo informe especial donde denunció que en el período de seis meses, de abril a septiembre de 2010, hubo 214 eventos de secuestro donde resultaron 11,333 víctimas.

La queja fue estudiada durante más de tres años, tiempo en el cual se le otorgó a la CNDH la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos[1].

Finalmente, el 27 de diciembre de 2013, se emitió -sin mayor pronunciamiento- una recomendación por los hechos ocurridos aquel día.

La recomendación -si me preguntan- es como comer un pozole sin tostadas o una quesadilla sin queso. Parece que la CNDH se olvidó de todo lo dicho anteriormente, olvidó los eventos de secuestro que había documentado y había publicado en sus informes especiales, nada dijo sobre los hechos que dieron lugar a la masacre, sobre los derechos violados de las víctimas cuando aún estaban vivas, sobre el número de las víctimas y su grado de vulnerabilidad, sobre la frecuencia de los hechos, sobre la sistematización de las violaciones en relación con otras similares o sobre la posible participación, omisión o aquiescencia del estado; es decir, a pesar de su magnitud, no reconoció la existencia de violaciones graves a derechos humanos en esta masacre.

migrantes_contrapunto news

La CNDH se quedó corta y solamente estudió la debida diligencia de los funcionarios públicos en el resguardo del cuerpo del delito, en el manejo de los cuerpos y la atención a los sobrevivientes.

A pesar de esto, reconoce que ante los hechos se violó el derecho a la verdad -derecho que esta relacionado directamente con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad- al considerar que el estado no procuró las debidas diligencias para informar a las víctimas y a la sociedad sobre los hechos, pero las recomendaciones específicas distan mucho de asegurar el resarcimiento de este derecho.

En resumen, la recomendación 80/2013 se encuentra totalmente descafeinada, parece que la CNDH la emitió para salir del paso y nunca consideró que, después de tres años y medio, la matanza aún duele en el corazón de la sociedad y que ésta necesita más respuestas, necesita conocer la verdad.

Desde 2011, ARTICLE 19 ha luchado por conocer la verdad de los hechos de la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, a través de un proceso interminable en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) que asegura no poder garantizar la verdad a la sociedad, pues no existe pronunciamiento sobre la existencia de violaciones graves a derechos humanos por parte de la CNDH.  La recomendación 80/2013 era la última esperanza para obtener la información por la vía administrativa, ahora solamente quedan los tribunales. La CNDH y el IFAI olvidaron que son órganos de estado creados para proteger derechos humanos.

[1] La reforma de derechos humanos del 2011 incluyó está facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el  artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que anteriormente se encontraba conferida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.