Un fragmento de verdad no es toda la verdad

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La memoria es necesaria para la construcción de una democracia. Son más de 300 hombres y mujeres asesinados por el crimen organizado en posible complicidad con autoridades.

 

Esta semana, en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y la generación de información en datos abiertos, han estado en el discurso de muchos y en las salas de debate de varios países del mundo, incluyendo el nuestro[1].

México ha sido reconocido a nivel regional por estar a la vanguardia legislativa e institucional en la materia[2]. Sin embargo, el reconocimiento de estas Instituciones a nivel internacional dista mucho de cumplir con las expectativas de algunos en el interior del país. Estamos lejos de que las palabras se conviertan en realidad y contemos –efectivamente– con un Estado responsivo y abierto en el que todas y todos los mexicanos podamos buscar, recibir y difundir información.

Un fragmento de verdad_camp-art19-foto Jorge Serratos

Desde el 2011 ARTICLE 19 y la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derechohan solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) la publicidad de las investigaciones de las masacres de migrantes de 2010 y 2011 ocurridas en San Fernando, Tamaulipas. y de 2012, en Cadereyta, Nuevo León.   Para la reconciliación de la sociedad con las instituciones y el gobierno -ante eventos tan sangrientos- se requiere saber lo qué pasó, los autores involucrados, las víctimas, las acciones del Estado para reparar el daño y las que está llevando a cabo para que algo así no vuelvan a suceder.

La memoria es necesaria para la construcción de una democracia. Son más de 300 hombres y mujeres asesinados por el crimen organizado en posible complicidad con autoridades, ¿por qué se tendría que resguardar esta información? ¿Por qué deberíamos esperar hasta que se esfumen las responsabilidades? ¿Por qué solaparíamos la impunidad si después de cuatro años no hay respuestas?

Todos fuimos víctimas del miedo y la desconfianza tras estos eventos ¿por qué no podemos conocer lo que pasó y lo que se ha hecho a partir de ellos?

La última semana de septiembre, el nuevo IFAI reconoció que los hechos que se investigan por el hallazgo de 47 fosas clandestinas con 193 restos en abril de 2011 en San Fernando, son violaciones graves a derechos humanos para efectos del acceso a la información. Además, con este criterio -que sobrepasa al viejo IFAI- se desistió de la demanda de revisión en contra de ambas organizaciones quedando únicamente la de la PGR, quien alude que ésta información es estrictamente reservada en virtud del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales[3], que su publicidad puede atentar contra la seguridad nacional, y que el IFAI no puede aplicar la excepción de reserva por violaciones graves a derechos humanos[4], ya que debe haber un pronunciamiento previo de alguna autoridad como la CNDH, la CIDH o la Corte Penal Internacional.

Por esto, lanzamos la campaña “Un fragmento de verdad no es toda la verdad” con la intención de que la PGR desclasifique las investigaciones de estos tres eventos y publique las acciones de reparación de daño y no repetición.

Hasta ahora, sólo conocemos algunos hechos fragmentados y con múltiples versiones de las masacres de migrantes en México. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aún falta una verdad con hechos establecidos, autores identificados y víctimas escuchadas. Esa verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad

 *Publicado el 3 de octubre de 2014 en Alto Parlante de Animal Político.

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[1] El miércoles pasado, México asumió la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa global que busca cambiar el futuro de las personas. Esta semana, el IFAI presentó una iniciativa al Senado para seguir con los trabajos legislativos de la Ley General de Acceso a la Información durante la Semana Nacional de la Transparencia y la Estrategia Nacional Digital de Presidencia impulsó el foro regional ConDatos.

[2] La reforma constitucional de transparencia atiende los principios internacionales de derechos humanos y tanto el IFAI como los órganos garantes locales son mecanismos “perfectos” para la exigibilidad del derecho de acceso a la información.

[3] La estricta reserva de las averiguaciones previas ha sido considerada desproporcional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Tesis: 1a. CCXVII/2013 (10a.) publicada en julio de 2013 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

[4] Último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Gobierno abierto ¿espacios abiertos?

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El día de hoy a las 3:00 pm, México asumió la presidencia de una iniciativa global que busca mejorar la vida de las y los ciudadanos a través de una relación horizontal que permite identificar problemas y generar acciones, la Alianza para el Gobierno Abierto.

La posición de México como cabeza de esta iniciativa – de acuerdo a lo mencionado por el Presidente Enrique Peña Nieto en el discurso en las Naciones Unidas – es construir una nueva relación entre el gobierno y sociedad, aprovechando al máximo el derecho a la información pública y las tecnologías de la información; ampliando la rendición de cuentas de los gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva.

El Presidente mencionó la importancia de consolidar el concepto de gobierno abierto como un nuevo modelo de gobernanza basado principalmente en la participación y colaboración de la ciudadanía en los asuntos públicos lo que implica la construcción de una relación horizontal.

De esta manera y tomando en cuenta la posición país para un nuevo modelo de gobernanza, creo que sería interesante que nuestro gobierno reconociera que no solo se trata de cumplir con los 26 compromisos del Plan de Acción 2013 – 2015; habría que reconocer que para ser un gobierno abierto es necesario garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y no restringir bajo ninguna figura los espacios cívicos.

Actualmente, la sociedad civil enfrenta serias amenazas.   Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas se colocan ante diferentes formas de represión (encarcelamientos, amenazas, desapariciones y muerte).  En México, como en muchos países de la región, el gobierno sigue utilizando formas sutiles para la restricción de los espacios donde la sociedad civil y las voces disidentes operan.

A pesar del discurso sobre la apertura gubernamental y la cercanía con los ciudadanos, cada vez existen más limitaciones legales o cuasi legales que permitan la asociación, la defensa y la vinculación con las políticas públicas, la comunicación y cooperación entre pares y la recepción de financiamientos.

En los últimos dos años,  los gobiernos federal y locales han desarrollado herramientas para censurar a los grupos independientes con leyes restrictivas como las de movilidad, las de difamación, calumnia y halconeo.

También han incrementado los arrestos y las agresiones legales en contra de periodistas y defensores por criticar el sistema de gobierno.

Además, con la justificación de seguridad nacional se han aprobado leyes que permiten la intervención de los sistemas de telecomunicaciones y la georeferenciación sin previa autorización judicial.

La posición de México como nuevo representante de una iniciativa de 64 países será significativa cuando funja como ejemplo para los demás países;  para esto tendrá que trabajar duro.

Además, como nuevo Presidente, tendrán que cuestionarse sobre la inclusión de aquellos países que restringen espacios cívicos  y sobre las sanciones a las que serían acreedores los que, dentro, llevan a cabo estas prácticas ¿cómo hablar de gobernanza cuándo una de las partes involucradas se encuentra sometida a restricciones que limitan su participación?   Una iniciativa que busca transparencia, rendición de cuentas y limita la participación a ciertos espacios no es suficiente para avanzar hacia una verdad relación horizontal o para construir confianza.

Hablar de gobierno abierto es mucho más que 26 compromisos, implica una perspectiva en las políticas públicas que responda a las necesidades de los ciudadanos y una construcción en conjunto que potencie el ejercicio de derechos.

La propaganda entorno al Segundo Informe de EPN

El 2 de septiembre durante su discurso del Segundo Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto repitió las frases de spots y ‘entrevistas’ que se difundieron en medios de comunicación la dos últimas semanas. Enalteció las reformas estructurales, iniciativas que –incluso– no han sido aprobadas e informó sobre nuevos proyectos no consensuados.

Imagen difundida por Gob Fed _ Reformas

En este periodo de ‘permisión’ su cara y voz acapararon todos los medios de difusión posibles a pesar de que existe una prohibición constitucional sobre el uso de la propaganda o publicidad oficial para la promoción personalizada[1]. La inexistencia de una ley que regule y establezca los lineamientos sobre el uso y difusión de la publicidad oficial ocasiona que eventos protocolarios como estos se vuelvan una puerta abierta a funcionarios que gustan de construir su imagen con recursos públicos.

Estos funcionarios se escudan en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice que la comunicación social en el marco de los informes de labores “no será considerada como propaganda”[2]. Esta disposición ha sido el instrumento idóneo para vulnerar la libertad de expresión e información, y pasar por la libre la restricción expresa de hacer proselitismo con la comunicación social.

Sin embargo, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas en la que se resaltó la posición del Ministro Franco González Salas, quien destaca que la promoción que se haga de los informes de labores debe ser objetiva y fuera de campaña (como lo señala el 242 de la LEGIPE) y que en ningún momento sus contenidos pueden contravenir la prohibición constitucional de utilizar imágenes, voces o símbolos que hagan alusión a una persona[3]. Es decir, los informes de labores, si bien son un ejercicio de rendición de cuentas del Presidente a sus ciudadanos, deben ceñirse al marco constitucional y su promoción de ninguna manera debe ensalzar figuras públicas.

Además, el Pleno del máximo tribunal menciona en reiteradas ocasiones que la causa de la mala aplicación de ese artículo 242 es precisamente la omisión del Congreso de cumplir con su responsabilidad de regular la publicidad oficial[4].

Imagen difundida por Gob Fed _Sin Hambre

De esta manera, la administración actual ha utilizado la falta de regulación para inclinar la balanza a una cobertura mediática que favorece las reformas impulsadas[5] y la imagen del Presidente.

En el evento de Palacio Nacional hubo muchos reconocimientos, pero poco se habló de resultados. La rendición de cuentas –que justifica la existencia de una excepción a la propaganda– quedó olvidada. Hasta el momento la publicidad oficial sigue mostrándonos una realidad inexistente y sigue siendo utilizada por los funcionarios para pasar de largo lo errores y tropiezos.

*Publicado en Alto Parlante de Animal Político el 5 de septiembre de 2014.

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[1] El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Octavo párrafo prevé: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

[2] El Artículo 242, párrafo 5 del LEGIPE dice: … lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico 

[3] Versión estenográfica de la Suprema Corte de Justicia.

[4] Desde la reforma al artículo 134 Constitucional en 2007 el Congreso de la Unión debió regular la publicidad oficial. Sin embargo, a pesar de numerosas iniciativas por diversos Senadores y Diputados de las distintas fuerzas políticas, el tema se ha mantenido en la congeladora. El artículo tercero transitorio de la reforma político – electoral previó su regulación a más tardar el 30 de abril de 2014 pero el Congreso mantuvo la inercia.

[5] De acuerdo al informe “Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013, primer año del presidente Enrique Peña Nieto”, Turismo, Hacienda y Energía son los sectores que más gastaron en publicidad oficial en 2013. Disponible aquí.

Grupos técnicos en las designaciones públicas.

El caso comparado del IFAI, el INE y el InfoDF.

La diferencia entre los representantes y los designados es la posibilidad de elección ciudadana. La elección de diputados, senadores, presidente, delegados o gobernadores es realizada por medio de votos asociados a los perfiles de los partidos políticos. El elector define por votación quienes son los seleccionados para el cargo y aunque –en muchos casos- desconozca el perfil, es un ejercicio de control político.

En el caso de las designaciones públicas, la elección la hacen los poderes públicos como el Congreso de la Unión, los Congresos locales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la República, entre otros. Por ejemplo, la Cámara de diputados elige a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, la Cámara de senadores a los Comisionados del IFAI, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los Comisionados del Instituto de Transparencia del Distrito federal.

El problema de estos procesos poco monitoreados y que generalmente se construyen como acuerdos a puerta cerrada entre partidos, es que nombran como titulares de diversas dependencias o Secretarías de Estado a personas que están al servicio de intereses que poco o nada tienen que ver con el proyecto encomendado.

Por esto, es fundamental impulsar procesos de designación transparentes y públicos bajo esquemas que describiré a continuación.

Es básico cumplir procedimientos establecidos en la Constitución y aprobar acuerdos públicos para las convocatorias que describan las fechas, los tiempos, el proceso de las comparecencias y el tipo de perfiles que pueden integrarse.

A su vez es necesario transmitir en vivo las sesiones por internet o televisión, hacer públicos los expedientes de los candidatos, publicar los instrumentos de medición y la metodología por la que se decide a un candidato y no a otro.

Y en el caso de la participación de la ciudadanía y la sociedad civil es deseable conformar un grupo de acompañamiento de expertos, académicos o personas notables que puedan calificar o monitorear este tipo de designaciones.

 

Los grupos técnicos

La experiencia de los grupos de acompañamiento (también llamados técnicos, de expertos o de notables) se han considerado como una buena práctica. Estos grupos consisten en convocar a un número determinado de personas de destacada trayectoria profesional, técnica o ética –como ideal- que acompañen el proceso evaluando con los instrumentos aprobados a los perfiles más aptos.

Recientemente tres procesos más adoptaron un grupo técnico con resultados trascendentes.Por ejemplo, en el 2011 cuando aún era el Instituto Federal Electoral se convocó a José Narro, José Paolí, Cuauhtémoc Cárdenas y Jorge Carpizo, para destrabar las inconformidades políticas sobre los perfiles de los tres nuevos consejeros del IFE. Durante un mes aproximadamente estos cuatro notables dialogaron y analizaron cada perfil destrabando el proceso por el que se eligió en diciembre de ese año a María Marván, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdova.

 

IFAI

El IFAI por la promulgación de la Reforma al artículo 6° Constitucional en febrero de este año, tuvo que ampliar el número de comisionados de cinco a siete. Se hicieron las comparecencias a los cuatro anteriores comisionados (Jaqueline Peschard había salido y su quinto lugar seguía vacante), aunque finalmente se rechazó otorgarles la reelección por los diversos escándalos y ridículos que tenían en su labor plenaria.

Pleno del Nuevo IFAI - Grabaciones de sesiones

Con el panorama despejado para proponer siete nuevos perfiles al pleno del IFAI, el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate propusieron a los Senadores tomar en cuenta un grupo de 10 expertos (originalmente ocho, pero después se promovieron dos espacios más para sociedad civil) que pudiera monitorear cada una de las 158 comparecencias. Es importante destacar la voluntad política que mostraron Alejandro Encinas del PRD, Arely Gómez del PRI, y Javier Corral y Laura Rojas del PAN para escuchar las necesidades de sociedad civil (Pablo Escudero del PVEM no tenía disposición al principio, pero lo retomó). Así, se planteó que el grupo técnico se conformara por Agustín Millán (ExComisionado del InfoDF), Mauricio Merino (CIDE), Issa Luna Pla (IIJ), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Eduardo Guerrero (LANTIA Consultores), Haydeé Pérez (FUNDAR), Jaqueline Peschard (ExComisionada del IFAI), López Ayllon (CIDE), Pedro Salazar (IIJ) y Alejandro González (GESOC).

De la convocatoria pública del Senado donde se inscribieron 161 posibles, la lista de la Junta de Coordinación Política pasó casi intacta, mostrando a 158 posibles aspirantes al IFAI. Senadores y el grupo técnico calificaron durante casi una semana por aproximadamente 25 minutos a cada compareciente. Después de evaluar los perfiles, la comparecencia y algunas preguntas hechas por Sociedad Civil, los diez expertos definieron a los 25 mejorer. De estos los Senadores eligieron a seis que fueron, Javier Acuña, Areli Cano, Oscar Guerra, María Patricia Kurczyn, Ximena Puente y Joel Salas. El único nombre que no fue elegido por el grupo técnico fue Eugenio Monterrey Chepov, cercano al PRI, anterior comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de México. A esta experiencia se le ha considerado exitosa por el nivel de interlocución entre los expertos y los Senadores y por respetar la decisión de la sociedad civil al menos en seis de los siete casos, nada mal ¿no?

INE

Consejeros del INE: Eugenia Galindo, Benito Nacif, Arturo Sánchez y Santiago CastilloCasi al mismo tiempo se realizó el cambió del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral que modificaba sus atribuciones y replanteaba la configuración del pleno. En este caso la Cámara de diputados eligió a un consejero Presidente y diez consejeros electorales. Al proceso se inscribieron 307 aspirantes y se creó un comité técnico de evaluación –similar al del IFAI- pero elegido por los mismos diputados y no por sociedad civil. El grupo se conformó por dos personas elegidas por el IFAI, dos personas elegidas por la CNDH y lamentablemente tres personas elegidas por la JUCOPO para un total de siete expertos. Así coincidieron en el grupo, Soledad Loaeza (COLMEX), Enrique Cárdenas Sánchez (ITAM), Alejandro González Alcocer (Gobernador sustituto en Baja California), Jorge Moreno Collado (Diputado Federal del PRI), Ricardo Becerra (periodista cercano a Woldemberg), José Antonio Lozano Díez (U. Panamericana) y Tonatiuh Guillén (COLEF). Obviamente se aprecia la diferencia en términos de legitimidad. Este comité técnico de evaluación sólo acreditó a 71 aspirantes y seleccionó a 55 posibles (cinco por cada cargo). Lo que dejó un margen de maniobra considerable para los diputados y su acostumbrado cabildeo opaco en la designación. De este proceso se eligió a Lorenzo Córdova como Consejero Presidente, a Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón como consejeros electorales para un periodo de nueve años. Marco Antonio Baños, Enrique Andrade González, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Benito Nacif Hernández como consejeros electorales durante seis años. Y a Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo únicamente por tres. Sobre este proceso hubo numerosas quejas respecto a su opacidad y los acuerdos entre partidos dado que el clima político no era el apto. El grupo técnico parece haberse contaminado considerablemente desde su creación.

InfoDF

El Instituto de Transparencia local del Distrito federal es considerado uno de los mejores institutos de transparencia nivel nacional. El espacio que dejó Oscar Guerra Ford al irse  como Comisionado al IFAI quedó vacante, y se decidió que por cuota de género el lugar sería para una mujer.

InfoDF_PlenoA este proceso fue invitado el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate por parte del Presidente de la Comisión de Transparencia a la gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En los primeros acercamientos se les planteó el piso mínimo para construir una designación bajo el principio de máxima publicidad. Se solicitaron los perfiles públicos de las candidatas y la transmisión en vivo y se les otorgó un instrumento técnico similar al utilizado en el IFAI además de una lista de posibles personas para conformar el grupo técnico. Entre los nombres figuraban John Ackerman (IIJ-UNAM), Irma Sandoval (IIS-UNAM), Juan Pardinas (Instituto Mexicano para la Competitividad), Verónica Baz (CIDAC) y Edna Jaime (México Evalua). Los legisladores decidieron integrar un grupo de expertos conformado por otras tres personas, que fueron Marco Cancino (Inteligencia Pública), Lourdes Morales (RRC) y Cecilia Azuara (INE), quienes después de observar las diez comparecencias definieron tres perfiles finales, calificando como las mejores a Gabriela Inés Montes Márquez, Rosa María Bárcenas Canuas, y Elsa Bibiana Peralta Hernández, esta última la actual consejera del InfoDF. Este proceso no cumplió con los perfiles públicos (al menos al momento de escribir el presente) tampoco sabemos bajo qué criterios o calificaciones se definieron esos tres perfiles y por si fuera poco se pasaron del plazo acordado para elegir a la Comisionada. Un grupo técnico con una voluntad política que integra sólo algunos acuerdos tampoco brinda las condiciones idóneas para un proceso legítimo.

Como se puede apreciar los procesos colectivos y la voluntad política son esenciales para generar una designación legítima. El INE un proceso sucio y complicado, El InfoDF un proceso de limitada voluntad política y el IFAI un proceso exitoso con un traspié como fue la inclusión de un alfil del partido en el poder. El aprendizaje es claro, entre más involucrados estemos en este tipo de procesos más dificultades tendrán para designar a sus piezas serviles de ajedrez.

*Publicado en la edición de Septiembre de Central Municipal.

#NuevoIFAI frente a la verdad

Migrante durmiendo

 

Por: David Mora y Ana Cristina Ruelas

Desde hace más de tres años, ARTICLE 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C. han trabajado en conjunto por la publicidad de las investigaciones relacionadas con las masacres de migrantes en México. El grado de terror extremo que se vivió con la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010; las 47 fosas clandestinas con 193 cuerpos encontradas en el mismo lugar en abril de 2011, y la masacre de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012[1] es razón suficiente para conocer con certeza los hechos, los actores involucrados y las acciones que las autoridades han y están llevando a cabo para que nunca más vuelva a suceder algo parecido.

La lucha por la apertura de estas investigaciones sigue vigente. Las decisiones de dos jueces[2]que respaldan la publicidad, en defensa de los derechos de acceso a la información y a la verdad, fueron impugnadas por el viejo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público y, ahora, se encuentran en proceso de atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Rancho-donde-fueron-encontrados-los-72-migrantes

En medio de este proceso, el pleno del IFAI cambió, se integró con siete nuevos perfiles y al Instituto se le otorgó autonomía constitucional. Tal vez a causa de esto, los criterios de transparencia en relación con averiguaciones previas y violaciones graves a derechos humanoso delitos de lesa humanidad “se ajustaron” –como indicó Reforma–, y los nuevos comisionados y comisionadas del IFAI dieron reversa a la opacidad que en materia de derechos humanos caracterizó al anterior pleno (con excepción de los entonces comisionados Trinidad y Peschard).

El IFAI finalmente asumió la facultad que le fue conferida desde la publicación inicial de la Ley Federal de Transparencia, hace ya más de diez años, y que fue posteriormente ratificada por la Suprema Corte con ocasión del acceso a la investigación sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla: determinar –sin prejuzgar y sin necesidad de una declaración anterior al respecto– si los hechos investigados en una averiguación previa pueden ser calificados como graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para efectos exclusivos de permitir o no la publicidad de la información relacionada.

Este cambio llegó el pasado miércoles 20 de agosto, durante la sesión ordinaria, cuando el pleno decidió por unanimidad revocar la reserva que la PGR había determinado sobre algunos documentos relacionados con la investigación y detención de 16 policías municipales de San Fernando, involucrados con las 47 fosas clandestinas.[3]

Sin embargo, no se puede cantar absoluta victoria. La decisión que tomó el pleno es incongruente con la solicitud y atenta a los derechos de acceso a la información y a la verdad del ciudadano solicitante. Nos explicamos:

La información que requería el ciudadano era respecto a la investigación y captura de policías por su participación en las 47 fosas clandestinas con 193 víctimas, encontradas en abril de 2011. No obstante, el pleno estudió y argumentó sobre el caso como si fuese la masacre de los 72, ocurrida en agosto de 2010, también en San Fernando; ordenando la apertura de documentos que no están relacionados con la información solicitada por el ciudadano y que además no se encuentran en la averiguación previa analizada.

Este grave lapsus nos demuestra, por lo menos, tres cuestiones:

Uno. El IFAI no tuvo a la vista la información clasificada por la autoridad[4] con el fin de determinar el interés público imbuido en ésta y hacer un análisis detallado, concienzudo y con plena observancia de estándares internacionales, sobre la existencia o no, prima facie, de violaciones graves a derechos humanos. Este error podría acarrear el incumplimiento de la resolución por parte de las autoridades depositarias de la información.

Dos. La desinformación y opacidad que rodean a las tres masacres son tales, que incluso el Instituto a cargo de transparentar la información y hacer rendir cuentas a la autoridad investigadora erra al analizar los hechos y las implicaciones de éstos.

Tres. Mucho falta para que el derecho a la verdad cale en el Instituto, para así comprender las implicaciones que sobre éste tiene el acceso a la información pública relacionada con graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Faltan los comisionados a la verdad cuando confunden hechos, circunstancias, víctimas o perpetradores.

Por esto, es necesario que, previo a la firma de la resolución,[5] se estudie nuevamente los términos en los que fue votada a fin de que se permita el acceso a los documentos vertidos en la averiguación previa de la masacre de 193personas en abril de 2011, de la cual derivaron las detenciones de miembros de la policía.

Desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y ARTICLE 19 aplaudimos la decisión del IFAI, pues fortalece al Instituto en su labor de fiscalizar el funcionamiento transparente de los poderes públicos. Sin embargo, consideramos que se deben observar rigurosamente los casos de masacres de migrantes, para que la decisión tomada el pasado miércoles sea realmente una apuesta institucional por garantizar los derechos de acceso a la información y a la verdad de la sociedad.

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* Colaboración especial: David Mora es investigador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A. C.

[1] De los 49 torsos abandonados en Cadereyta, por lo menos 10 eran migrantes, originarios de Honduras. Véase acá.

[2] Sexto Juzgado de Distrito, amparo indirecto 1189/2013 y Octavo Juzgado de Distrito, amparo indirecto 1371/2013.

[3] RDA 1924/2014 derivado de la solicitud de información con folio INFOMEX 0001700105814.

[4] Violando con esto el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley Federal de Acceso a la Información.

[5] Si bien el recurso fue votado en la sesión del 20 de agosto de 2014, aún se encuentra en engrose.

Agua clara, manos turbias

La explotación de recursos naturales es el pan de cada día en países en “vías de desarrollo”. Desde la conquista los gobernantes no han renunciado a la posibilidad de obtener las mayores ganancias a pesar de la extinción y la movilidad de pueblos enteros.

Por un lado, nos encontramos con promesas de desarrollo para las comunidades, trabajo, calidad de vida, bienestar.  Por otro, con desinformación, poca participación y persecución a la disidencia.

agua clara _ manos turbias

La explotación de recursos es sin duda una de los nichos más importantes de opacidad, la consulta se vuelve molesta para las autoridades, explicar el beneficio social, las posibles afectaciones, los daños que genera un mega proyecto y el impacto que tendrá al medio ambiente es mucho menos importante que los millones de pesos que otorgará su desarrollo.

Estos procesos han significado la persecución, el desalojo, la expulsión de personas, familias y pueblos enteros que exigen una consulta previa, libre e informada; que expresan el riesgo que representa la extracción para preservar sus costumbres y tradiciones o; que señalan la falta de información veraz que les permita decidir sobre su futuro y el de su comunidad.

La Tribu Yaqui en Sonora ha luchado incansablemente por la conservación de su territorio y recursos naturales. En 1940, un decreto del Presidente Lázaro Cárdenas les otorgó expresamente el derecho al 50% del agua existente en el caudal del río Yaqui. Sin embargo, en las últimas décadas y ante la sequía por lo que ha pasado el estado, los escurrimientos han sido utilizados para surtir a otras ciudades, para la agraoindustria y al Valle del Yaqui dejando a la Tribu con grandes problemas de acceso al agua.

De esta manera, sin considerar el decreto y a pesar del reconocimiento constitucional del derecho a la consulta previa libre e informada para los pueblos indígenas, en 2010, sin consulta,  información  y participación de la Tribu, se iniciaron los planes para la construcción y operación del “Acueducto Independencia” que pretendía transvasar, desde la presa “El Novillo”, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la Cuenca del río Yaqui a la Cuenca del río Sonora.  En el mismo año el proyecto fue sometido a la Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT, y para 2011 la autorización estaba otorgada[1] .

A partir de este momento, inició una batalla que aún no termina y que se ha convertido en una guerra de odio de las autoridades para este grupo indígena.   Los yaquis han manifestado su oposición de diversas maneras y el gobierno hábil e incapaz de entablar el diálogo ha optado por deslegitimar las razones de la tribu frente a los otros ciudadanos.

Pero lo que piden los yaquis no es cosa de otro mundo, no es una idea desconsiderada ni criminal como lo han señalado diversas autoridades[2], es información y reconocimiento de derechos que, por lo menos, ya se encuentran en la literalidad de las normas nacionales y en los principios internacionales de derechos humanos; pero como siempre, se dejan solo para la lectura de los universitarios y no para su efectiva aplicación.

ARTICLE 19 publicó recientemente los Principios relativos a la Libertad de Expresión y el Derecho al Agua y Saneamiento con la intención de que gobernantes, legisladores y jueces los adoptaran y así reconocieran la necesidad de contar con información suficiente que capacite para luchar por estos derechos;  la libertad de las personas de transmitir información al público y debatir cuestiones relacionadas y; la participación en la toma de decisiones relativas a los mismos.

Los Estados tienen obligación de informarnos sobre todo lo relacionado con estos temas.  Gobiernos como el de Sonora, deben reconocer que –para hablar de democracia y desarrollo–  los ciudadanos debemos estar en posibilidad de cuestionar, desde un punto de vista crítico, la conducta de un Estado respecto a estos derechos, de manifestarnos y expresarnos sin temor a ser perseguidos o sometidos a represalias o discriminación.

Al exigir información, debatir y manifestarnos sobre el derecho al agua, no exigimos solamente propiedad, exigimos vida, salud, dignidad, un medio ambiente saludable, alimentación, trabajo.  También pugnamos por la justicia social, la protección de la identidad cultural y la diversidad, la igualdad y la paz[3].

*Publicado en Alto parlante de Animal Político


[1] MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN A LA CONSULTA A LA TRIBU YAQUI.  Informe preliminar del proceso de consulta a la Tribu Yaqui.  A un año de la sentencia de la SCJN.  Disponible en: http://observacionconsultayaqui.wordpress.com/

[2] EL UNIVERSAL. Juez pide paralizar Acueducto Independencia en Sonora.  Disponible en: http://m.eluniversal.com.mx/notas/estados/2014/juez-pide-paralizar-acueducto-independencia-en-sonora-1016526.html

[3] ARTICLE 19, Principios relativos a la libertad de expresión y el derecho al agua y saneamiento.  Disponible en: www.article19.org

La designación del InfoDF reflejo de la Transparencia en la ALDF

por Ricardo Luevano y Ana Cristina Ruelas

La reforma constitucional de transparencia publicada en febrero de este año impulsó, con el apoyo de la Sociedad Civil, Académicos y Senadores(as) de los principales partidos políticos, la renovación integral del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); esta nueva configuración de siete Comisionados(as) integró entre los perfiles al ex Presidente del Instituto local de transparencia del Distrito Federal (InfoDF), Oscar Guerra Ford.

Foto Especial tomada de infodf_600X_

Ese espacio en el InfoDF será asignado a la brevedad, con la particularidad de que cumplirá con la cuota de género establecida en la Ley local, eligiendo a una mujer puesto que al momento los cuatro en funciones son Comisionados ciudadanos[1]. Al proceso se inscribieron once aspirantes[2] que deberán ser entrevistadas entre el 14 y el 25 de julio para elaborar el dictamen antes del 8 de agosto, según los plazos de la Asamblea Legislativa.

El InfoDF es uno de los órganos de transparencia con mayor actividad. En el año 2013 recibió 2170 recursos de revisión[3] y ha sido un referente en la garantía del derecho de acceso a la información a nivel nacional e internacional pues tiende a aplicar criterios progresivos y de mayor relevancia, incluso que el propio IFAI.

La importancia del InfoDF también destaca en los contrapesos que ejerce en la entidad. Para muestra, fue reconocido por la ciudadanía al solicitar al Fideicomiso del Centro Histórico que entregara los contratos de adjudicaciones directas. O fuera de la entidad, al competir a nivel nacional en diversos índices, observamos que el Distrito Federal tiene la mejor Ley de Transparencia de todos los estados según el Índice del Derecho de Acceso a la Información[4], tiene el primer lugar en Transparencia y rendición de cuentas de los órganos locales, y el segundo con mejor promoción del D.A.I. según el Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información.

Evidentemente el proceso de designación de la nueva comisionada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es relevante en cualquier sentido para un sistema de órganos autónomos que está en proceso de reconstrucción tras la reforma mencionada. A pesar de esto, algunos(as) asambleístas han mostrado una seria indiferencia hacia la designación, convirtiéndola en una paradoja: la Comisionada  designada del Instituto de Transparencia de la entidad, habrá sido elegida sin reglas claras o instrumentos de evaluación objetivos, abonando al uso de prácticas limitadas en materia de transparencia y máxima publicidad de la designación, con la responsabilidad inicial de la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa. Un elemento simple que infiere la falta de interés en el proceso, es que antes de publicarse la convocatoria en la Gaceta, se publicó en un medio de comunicación no oficial como el Diario Reforma, resaltando la falta de interés en la ciudadanía y alimentando la sospecha de que el proceso se encuentra “planchado” por las cuotas del partido de mayor representación local.

 

Frente a este lamentable panorama, el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, enviamos una carta al Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa, Aarón Josué Ramos Miranda para solicitarle que se garantice un proceso de designación transparente y participativo, considerando –como piso mínimo y una buena práctica- la experiencia de los nombramientos de los siete comisionados del #NuevoIFAI.

Así, exigimos:

a)       Que las comparecencias se hagan públicas y se transmitan en vivo en la página institucional de la Asamblea Legislativa, además de permanecer disponibles para que el público pueda descargarlas.

b)       Que se publiquen las versiones públicas de los expedientes de las once candidatas.

c)       Que se habilite un micro sitio de la Comisión de Transparencia a la Gestión donde se publique -de manera oportuna- toda la documentación correspondiente a las diferentes etapas del proceso de designación.

d)       Que se invite a un grupo técnico compuesto por tres especialistas para aplicar un instrumento de evaluación a las candidatas y que los diputados tomen en consideración los resultados que se desprendan de esa evaluación sobre los perfiles y las entrevistas.

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En el Distrito Federal contamos con la mejor ley de transparencia, pero no garantiza la falta de voluntad de los políticos para avanzar con legitimidad ciudadana en la designación de los(as) tomadores(as) de decisiones en nuestros órganos ciudadanos. Por eso, consideramos que los legisladores y legisladoras deben apegarse a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos para que por medio de este tipo de design

aciones puedan fortalecerse en el Distrito Federal nuevas tendencias que respeten el mandato y cumplan con el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El Partido de la Revolución Democrática (con 34 diputados), el Partido Acción Nacional (con 13 diputados) y el Partido de la Revolución Institucional (Con 9 diputados) tienen una icónica oportunidad de demostrar que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las decisiones se toman como representantes ciudadanos, sensibles a reconocer la importancia de los derechos humanos y no a partir de cuotas partidistas, discreción constante e ilegítima de la Cámara de Diputados de este país.

*Publicado en Alto parlante de Animal Político

[1] Mucio Israel, David Modragón, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio.

[2] Alejandra Araceli Aguirre Sosa, Rosa María Bárcena Canuas, Rocío Aguilar Solache, Socorro Apreza Salgado, Xóchitl Consuelo Lara Becerra, Gabriela Inés Montes Márquez, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Odette Rivas Romero, Patricia Vázquez Ayala, Mariana Velarde Aguirre y Leslie del Carmen Zermeño Carlin.

[3] De acuerdo al Informe anual de labores del InfoDF, 2013.

[4] Ver www.idaim.org.mx

Justicia a la exigencia social sobre la patria

La visión de la justicia desde el cabildo o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es con certeza diferente a la que percibe la ciudadanía. Las normas jurídicas están en un librero, en una página web o en la memoria de algunos abogados, pero la percepción pública sobre la legitimidad de quemar una bandera en una manifestación, nos hacen enfrentarnos a discusiones aterrizadas en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales o -con énfasis acusatorio- en los artículos 191 y 192 del Código Penal Federal. La percepción de los símbolos mexicanos debe analizarse desde la utilidad de su “unidad nacional” o desde la limitación a un derecho tan valioso como la libertad de expresión.

 Quema de bandera oaxaca-2--El camino por el que ha transitado lo nacional es paradójicamente una guía de cómo imitar lo extranjero con el exótico  toque del neoliberalismo a la mexicana, nuestra dictadura sexenal suigeneris, o una guerra contra la propia población  donde los muertos somos nosotros, puras cosas made in México. La cohesión nacional nos ha integrado bajo esquemas (más  bien esquelas) establecidos por lo católico, lo burgués, lo colonial, lo francés, lo estadounidense, lo capitalista, lo sindical, lo  global, lo indígena y un sinfín de convenciones poco originarias, poco mexicanas. No descubro el hilo negro, ya lo hicieron  muchos buscadores de lo mexicano y entre los más populares Octavio Paz o el “Grupo Hiperión”. Lo mexicano es  accidentado.

La profunda tradición de la construcción por parte de los gobiernos (los tres principales partidos mexicanos gozan del discurso) sobre lo “nacional” nos debe millones de personas indignas para el régimen en turno, convertidos en esclavos, detenidos, prisioneros, muertos y desaparecidos. Pocos héroes nacionales (mártires) desde la verdadera disidencia por cierto.

El permiso para iniciar lo nacional en la Independencia fue el oportunismo de la clase privilegiada ante la distracción europea que permitió numerosas independencias en Latinoamérica, pero continuó, incluso perpetuó, un ciclo interminable de injusticias e indiferencias. En 1917 se adecuó la Constitución dentro del contexto de la Primera guerra mundial frente a la estrategia de Estados Unidos -particularmente con el incidente del Telegrama Zimmermann- que consideró que era viable controlar al Estado mexicano desde su Presidente que enfrentarse a un vecino incomodo. Caso similar al de la Expropiación petrolera, la ya imparable y anunciada Segunda guerra mundial con los recursos que habría gastado EE.UU. en mantenernos controlados como aliados era innecesario, mejor el control y el flujo de petróleo por otros medios.

En la historia de México se reconocen personajes dignos, éticos, defensores de los no favorecidos, inclusivos, sensibles a los pueblos originarios, etc. pero casi todos esos y esas ilustres, están separados en cajas en un edificio al final del Colegio de México, porque son de los pocos que gustan de no estudiar sólo lo señalado como nacional por el gobierno.

Ésta no es discusión sobre Juan Bautista Pascasio Escutia y Martínez, la bandera y si fue o no enlistado, sólo no es necesario considerar la idea de una historia única atiborrada de simbolismos exagerados que hasta ahora han impuesto formas anacrónicas de exclusión y límites.

¿Cuál es la necesidad de dar solidez a los argumentos nacionales? mejor aún ¿A costa de qué o quiénes? Infiero que de personas encarceladas por no estar de acuerdo con el gobierno que los señala como anarquistas quema banderas, o bajo el argumento de atacar a las mayorías patrióticas como en el caso del poema “La patria entre mierda” del célebre Sergio Witz que escribió “Yo me seco el orín en la bandera de mi país, ese trapo sobre el que se acuestan los perros y que nada representa, salvo tres colores y un águila que me producen un vómito nacionalista o tal vez un verso lopezvelardiano de cuya influencia estoy lejos, yo, natural de esta tierra, me limpio el culo con la bandera y los invito a hacer lo mismo: verán a la patria entre la mierda de un poeta.” Hay que destacar que el artículo 3° Constitucional dice que el Estado tenderá a fomentar el amor a la patria, por lo que le deberían construir un nuevo edificio a la SEP –no tan grandes como el Senado o la Cineteca- en el Zócalo de la Ciudad de México, aun cuando no sabemos nada de matemáticas y física, porque si algo tenemos hasta el tuétano es amor a la patria.

Cinco personas fueron consignadas en una manifestación realizada el 1° de mayo en el estado de Oaxaca por quemar una bandera de México, muchos se sintieron más ofendidos cuando Vicente Fox como precandidato ondeó un estandarte de la Virgen de Guadalupe en un acto público del PAN, pero claramente no es lo mismo porque eso tiene aceptación pública e incluso arranca fe y esperanza electoral.

El simbolismo nacional mexicano no acepta las críticas de una población lastimada por varias de las reformas Constitucionales, preocupada por el limitado crecimiento del país –según Carstens en tres décadas-, desesperada por la inseguridad y la violencia desmedida, incapaz de competir ante los monopolios asfixiantes, harta por el gasto en publicidad oficial que nos hace ver al gobernador de Chiapas hasta en la parada del camión en el Distrito Federal, o temerosa del contraste entre el crecimiento de la pobreza alimentaria y el control natal de la Sedesol, esas cosas deberían causar una revolución social, bueno enojo nacional, bueno molestia, bueno una bandera quemada ¡Ah! Justo.

 

La defensa de la libertad de expresión es más importante que preservar los símbolos que dan honra a nuestra patria, lo histórico está en duda y a nadie afecta la quema de un pedazo de tela en las calles. Es claro que uno de los principios democráticos fundamentales es la opción de salir a las calles a manifestarse contra las decisiones de gobierno, no obstante –como describimos en ARTICLE19- “Cabe recordar que este tipo de restricciones a la libertad de expresión violan la Constitución y las normas de derechos humanos que obligan al Estado mexicano. Tales restricciones –ilegítimas- contravienen tres elementos fundamentales de la libertad de expresión: la crítica política y de instituciones como discursos especialmente protegidos, la prohibición absoluta de ciertas restricciones a la libertad de expresión y la desproporcionalidad de las sanciones a través del derecho penal”.

Incluso en la Declaración Conjunta sobre Universalidad y el Derecho a la Libertad de Expresión. Recomendaciones a los Estados, inciso f), prima iii) que incluyen la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Relatoría Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establece que este tipo de restricciones deben ser derogadas y que si alguien fue condenado por éstas, debe ser absuelto inmediatamente.

El discurso sobre encarcelar a quien queme la bandera es patriótico pero anticonstitucional, antidemocrático y por si fuera poco va en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por lo tanto, exprese sus opiniones libremente y salga a las calles, la historia lo absolverá.

*Publicado en Central Municipal, junio 2014.

FEDERAL O NACIONAL, ASPECTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL

La variación en el nombre de Instituto Federal por Nacional (Electoral) implica cambios relacionados con las funciones institucionales, la capacidad de atracción, la fiscalización de los recursos y un elemento crucial para las designaciones, el nombramiento de los consejeros locales.

Antes de que el IFE se erigiera en 1990, la encargada de monitorear las elecciones era la Comisión Federal Electoral, una dependencia de la Secretaría de Gobernación; sin embargo por el complicado contexto político de 1988 y las elecciones donde “resultó” ganador Carlos Salinas de Gortari, fue necesario proponer un organismo con discursos de legitimidad, aunque no tuviera verdadera autonomía.

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El proceso por el que el IFE ha transitado para ser una de las instituciones más apreciadas y despreciadas de la opinión pública, ha matizado perfiles personalísimos más allá de la Institución. Por ejemplo, se reconoce el trabajo de José Woldenberg -quien fue el primer no abogado de la Institución- al cumplir diferentes solicitudes ciudadanas, en contraste las elecciones ilegítimas de Carlos Ugalde en 2006 y las vanidades de Valdez Zurita en el 2012 han creado nichos estratégicos de ajedrez político y burda melancolía por el IFE que pudo ser. La designación y el perfil de los Consejeros –especialmente el Presidente- es fundamental para entender las coaliciones y los criterios con los que se desarrolla la Institución.

En estos años, el IFE ha sido señalado como poco productivo y cooptado por la partidocracia frente a la indignante cifra del gasto que rebasa los 10 mil millones de pesos por año electoral.

La reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 en materia política y electoral, rediseña la forma de votar definiendo la homologación de los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales  para garantizar –según el objetivo- que la democracia electoral tenga mayor calidad.

De ahí parte la importancia de entender ¿Qué significa el proceso de transformar al IFE en el INE?

El carácter de autoridad nacional del INE mandató que hay diez consejeros y un presidente (elegidos por la C. de Diputados) que coordinarán las elecciones federales y estatales, y que a su vez designarán a los consejeros de los organismos estatales. Entre las nuevas funciones destacan que el INE podrá organizar la elección interna de los dirigentes de los partidos políticos, impulsará –de existir- a los candidatos independientes respecto al espacio de difusión en televisión y radio, y organizará y verificará el ejercicio de las consultas populares.

El INE también fiscalizará la actuación de los partidos políticos en campaña, pero no sólo en el ámbito federal, sino también en el local.

El contexto señala que la centralización del poder será nuevamente monolítica para el entramado democrático de este decenio, el limitado empoderamiento de los órganos estatales –mucho discurso, poca estrategia- de los últimos años demuestra las carencias que no podemos o no queremos resolver. Hay que considerar que once personas con un presupuesto superior a 10 mil millones de pesos, designarán a 224 consejeros estatales por cada elección. Demasiado poder para los(as) paladines de la democracia ¿no?

 *Publicado en Ojos Abiertos el 26 de mayo de 204.

Tw: @rickluev

www.articulo19.org

Trabajadores de confianza en el #NuevoIFAI

Mucho se ha escrito sobre el proceso de designación que permitió que arribarán al #NuevoIFAI, Javier Acuña, Areli Cano, Oscar Guerra, María Patricia Kurczyn, Ximena Puente, Joel Salas y Eugenio Monterrey. Los señalamientos van desde la opacidad madrugadora del PRI (por la hora, no por el elegido), la legitimidad que le “regalaron” la sociedad civil y la academia a los partidos políticos durante el proceso, o la primera vez en México que se conforma un grupo de acompañamiento al Senado tan cercano, respetado y con lineamientos metodológicos tan claros[1]. Opiniones críticas y constructivas que los diez expertos, el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate estamos revisando a conciencia y  con diferentes grupos y colectivos de la sociedad civil.

A menos que el Ejecutivo objete la designación de alguno de los siete Comisionados, el 14 de mayo del 2014 estarán sentándose al sur de la Ciudad de México -al paso que cambian muebles y cortinas- para definir en qué casos abrirán o cerrarán la información, en los temas de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos. Nada fácil si consideramos a los Sindicatos, Partidos Políticos y otros nuevos sujetos obligados.

Lo qué poca gente ha señalado sobre las designaciones es el periodo que cumplirán en su cargo los(as) Comisionados(as). No se sorprenda si al salir Javier Acuña su familia tiene doce nuevas botas sobre la chimenea en Navidad o ha tenido que quitar cinco por la emigración y el nulo crecimiento económico de este país, porque el Comisionado saldrá en 2023; no, no hay error con el año.

Periodos de los 7 comisionados del Nuevo IFAI

La permanencia de los Comisionados al frente del #NuevoIFAI (cualquiera que vaya a ser su nuevo nombre) bajo la lógica de la experiencia y la continuidad intercalada nos propone que Javier Acuña estará nueve años dándonos cátedra y generando criterios aperturistas, propersona, bajo el principio de máxima publicidad e incluso declarando violaciones graves de derechos humanos ¡Qué si se puede![2] Pero en caso contrario, nueve años nos podrían cerrar la información.

En toda designación debemos considerar la remoción, que en el caso de los Comisionados del #NuevoIFAI refiere que podrán ser removidos de sus funciones cuando trasgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución o en la Ley de Transparencia, también cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, o cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal.

Cerrar la información por protección a los gobiernos, los partidos, los sindicatos y otros actores deberá justificarse con cautela, porque la sociedad civil está proponiendo nuevas metodologías de la mano de diversos académicos para monitorear el desempeño de los Comisionados de aquí a sus nueve, ocho, seis y cuatro años en funciones. No debemos olvidar que son trabajadores de confianza, mucha confianza, confianza ciudadana.

*Publicado en “Plumaje” de Animal Político

[1] Sobre los cuatro exComisionados entrevista a Ana Cristina Ruelas y Héctor Rubio en Megáfono del 5 de marzo de 2014:

http://rompeviento.tv/Bienvenidos/megafono/

Sobre los perfiles escribe Lilia Saúl en El Universal:

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/nuevo-ifaiel-perfil-de-los-aspirantes-214421.html

Sobre la cuota partidista escribe Darío Ramírez en Sin Embargo:

http://www.sinembargo.mx/opinion/08-05-2014/23754

Sobre el grupo de expertos escribe Ricardo Luévano en Guía Pública: http://guiapublica.articulo19.org/?p=103

Sobre el conflicto de intereses escribe Alberto Aguirre en El Financiero: http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2014/04/20/nuevo-ifai-favoritismo-o-conflicto-intereses

Sobre el proceso de acompañamiento al Senado entrevista a Haydeé Pérez en Megáfono del 07 de mayo de 2014:

http://rompeviento.tv/Bienvenidos/megafono/

Sobre los retos del #NuevoIFAI Lilia Saúl:

http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/-articulos-88102html-88102.html

[2] “El IFAI puede ponderar sobre violaciones graves a Derechos Humanos” http://www.articulo19.org/derechoalaverdad-el-ifai-puede-ponderar-sobre-violaciones-a-derechos-humanos/