Ley de Transparencia: la traición del Senado

Por: Ana Cristina Ruelas y Eunice Sánchez

En un ejercicio de “parlamento abierto” el Senado de la República invitó a la sociedad civil para que en conjunto trabajaran una iniciativa de ley de transparencia que garantizara el derecho de acceso a la información; sin embargo, después de más de doscientas horas de trabajo, análisis y discusión el legislativo cerró sus puertas a la sociedad.

La iniciativa presentada el 2 de diciembre del año pasado por senadores del PRI, PAN, PRD Y PVEM atendía, sin reparos y con ciertas excepciones, los más altos estándares del derecho de acceso a la información a nivel internacional, creaba los mecanismos necesarios para su promoción y garantizaba que las restricciones fueran apegadas a la legalidad, otorgando mayor certeza a los solicitantes.

Mesas de trabajo, entre sociedad civil y legisladores para la creación de la iniciativa de Ley General de Transparencia.
Mesas de trabajo, entre sociedad civil y legisladores para la creación de la iniciativa de Ley General de Transparencia.

Además, la iniciativa contaba con un gran acierto que, en tiempos como los nuestros, es por demás necesario: se reconocía el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad en los que el Estado estuviera involucrado.

Por un lado se obligaba a la CNDH a publicar toda la información relacionada con aquellos casos en los que hubiese determinado violaciones graves a derechos humanos que hasta el momento son tres -incluyendo la reciente reclasificación del caso Tlatlaya-.   También consideraba que ninguna reserva podría invocarse cuando la información solicitada refiriera a estos hechos y que el organismo garante –el IFAI o su símil en las entidades– podría pronunciarse sobre la publicidad de esta información tras un análisis sobre la trascendencia social que reviste. Por último, y con la intención de construir la memoria histórica, se obligaba a las autoridades a generar la información inexistente.

Actualmente se discuten modificaciones que pondrían en riesgo los alcances de esta reforma y que representan, una vez más, la simulación del compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. Las y los ciudadanos requerimos conocer los hechos, los actores involucrados y las penas a las que serán acreedores.

Si bien es necesario reconocer la participación del Estado y las acciones que se están llevando a cabo para que estos hechos no se vuelvan a repetir. En un contexto de violencia e impunidad como el mexicano se requieren leyes que protejan los derechos de los ciudadanos, servidores públicos que trabajen en conjunto con la ciudadanía y que no sirvan a otros intereses.

*Texto publicado en Animal Político con fecha del 06 de febrero de 2015

Agenda Pendiente

El inicio de un año es sin duda el período perfecto para replantear estrategias y redefinir el rumbo de las políticas públicas en un país.  En materia de acceso a la información y libertad de expresión hay –entre muchos otros– dos asuntos pendientes, no solo porque se plantearon como una de las políticas prioritarias del presente gobierno, sino porque la crisis social y política que vivimos a finales del 2014 requiere respuestas inmediatas, una efectiva rendición de cuentas que dé certeza a la sociedad e información plural que abone a un verdadero debate democrático.

Pleno del Nuevo IFAI - Grabaciones de sesiones
Pendiente número 1: aprobar la Ley General de Transparencia y Acceso a la información.

A principios de 2014 se aprobó la reforma constitucional de transparencia que gratamente, y después de un largo proceso, culminó con  un texto de vanguardia.  Pocos son los países en el mundo que cuentan con un reconocimiento tan amplio y acertado del derecho de acceso a la información.

Entre estos avances se destaca la eliminación del régimen de excepción que blindaba a los partidos políticos, a los fondos y fideicomisos públicos y a los sindicados y personas que reciben y ejercen recursos públicos, de otorgar información; se le otorgó autonomía constitucional al IFAI y nuevas facultades que amplían los mecanismos de exigibilidad y garantía del derecho como la facultad de revisión, de atracción y de interposición de acciones de inconstitucionalidad; además se le otorgó el carácter de definitivas e inatacables a sus resoluciones.

Luego, tras un primer intento de parlamento abierto[1], se generó una iniciativa de Ley General que amplía significativamente la protección del derecho de acceso a la información frente al marco normativo actual.  Esta iniciativa hace hincapié en la promoción que, los sujetos obligados y los organismos garantes, deben hacer para llegar a poblaciones en situación de vulnerabilidad; elimina toda disposición que criminalice el ejercicio del derecho -como las de halconeo[2]– y; garantiza el derecho a la verdad de la sociedad ante violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad[3].

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, esta iniciativa representaba un gran avance, pero horas antes de presentarla en el Pleno los Senadores introdujeron una serie de disposiciones que pusieron en riesgo su progresividad[4]: incluyen como causal de reserva de información aquella que pueda dañar la estabilidad económica[5]; imponen sanciones a los funcionarios públicos de los organismos garantes que divulguen indebidamente información que pueda generar daños o perjuicios a los sujetos obligados[6] y;  reconocen la reserva de  información sobre infraestructura estratégica de servicios públicos por un tiempo indefinido[7].

La discusión aún no termina y  estamos en la cuenta regresiva, este mes  debe aprobarse la Ley General para que el Congreso no incurra en omisión.  El riesgo que implica la no aprobación de esta iniciativa es grande, pues se puede tirar por la borda lo ganado en la reforma Constitucional y regresar a la inercia que nos dejó la anterior[8], un sistema de acceso a la información asimétrico y organismos garantes “autónomos”[9].

Gob Abierto foro Costa Rica-43 desaparecidos
Pendiente número 2: regular la Publicidad Oficial.

Otro tema “prioritario” para nuestro Presidente fue la regulación de la asignación de la pauta publicitaria a los medios de comunicación.  Después de las acusaciones hechas por Andrés Manuel López Obrador respecto a los montos millonarios gastados por Peña Nieto como gobernador del Estado de México, era necesario hacer una promesa inmediata y contundente a la ciudadanía que supusiera  independencia de los medios.  Sin embargo, como en muchos otros casos, dicha promesa se quedó en el tintero.

Imagen difundida por Gob Fed _Sin Hambre

La regulación e publicidad oficial se planteó como uno de los compromisos en el Pacto por México (compromiso 95) y se incluyó en los transitorios de la reforma político – electoral[10] pero nada pasó y ahora pende de la voluntad política para su realización[11].

Mientras, las autoridades federales y locales aprovechan esta falta de regulación para controlar las líneas editoriales de los medios de comunicación.  La asignación de publicidad oficial sobre bases partidistas y políticas moldea poderosamente el contenido informativo que reciben las audiencias. Esto limita la posibilidad de generar un debate verdaderamente plural y democrático.

Así, este año representa un gran reto para la libertad de expresion y el derecho a la información y es responsabilidad del Congreso asumirlo.

*Publicado en la edición de febrero de 2015 en Central Municipal.

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[1]  Digo intento porque a pesar de que la Iniciativa se generó en conjunto con la sociedad civil y las principales fuerzas políticas, hasta el momento no se ha dado continuidad al proceso de colaboración que permita hablar de una verdadera co-creación. Para hablar de Parlamento Abierto, necesitamos considerar una participación efectiva de la sociedad en el proceso legislativo hasta el momento de aprobación de la ley.
[2]  Comunicado. ARTICLE 19 promueve amparos contra ley de halconeo en Chiapas. Disponible en: http://www.articulo19.org/newsletters/comunicado-article-19-promueve-amparos-contra-ley-de-halconeo-en-chiapas/#sthash.k7D3YVLr.dpuf
[3] Con una ley como esta estaríamos en condiciones de  obtener información sobre las investigaciones de Ayotzinapa o de la masacre de 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas.
[4] En riesgo sistema nacional de transparencia, disponible en: http://www.articulo19.org/en-riesgo-sistema-nacional-de-transparencia/
[5] Todo afecta el valor del dinero, las violaciones a derechos humanos, los escándalos de corrupción, etc.
[6]  Esto inhibe el funcionamiento autónomo del organismo garante y crea una nueva categoría para restringir información además de la reservada o confidencial.
[7]  De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda reserva de información tiene que estar fundada en una ley, ser temporal y ser necesaria para una sociedad democrática.
[8] Desde la reforma Constitucional de transparencia de 2007 la sociedad civil había pugnado por eliminar las asimetrías existentes en la garantía del derecho de acceso a la información entre las entidades federativas a través de una ley general que nunca se aprobó.
[9] El 7 de febrero de 2015 culmina la vacatio legis para la aprobación de la Ley General.
[10] El artículo TERCERO transitorio previó la regulación de publicidad oficial a más tardar el 30 de abril de 2014.
[11] ARTICLE 19 presentó dos demandas de amparo en contra de la omisión del Congreso de regular publicidad oficial, y a pesar de que en un caso (el otro está pendiente de resolución) el Juez solicitó a las Cámaras pruebas sobre el proceso de discución que la propia Cámara no pudo solventar,el Tribunal Colegiado de Circuito decidió sobreseer el juicio.

Gobierno Abierto de camino al Distrito Federal

La democracia moderna –si existió- está en su peor momento. El esfuerzo internacional de los años 70 por imprimirle un toque de grandilocuencia respecto a las dictaduras y los totalitarismos del Siglo XX terminó por agotar los argumentos de sus más notables seguidores. Lo anterior, por no generar grandes cambios más allá de una elección periódica de nuevos líderes con viejos mandatos contenidos en los partidos políticos, y por la presión del neoliberalismo que ha construido monstruos transnacionales con un poder adquisitivo mayor al de numerosos países del mundo.

La falta de representatividad en las acciones de los congresos locales, nacionales o globales -da igual- y la incapacidad de los políticos para resolver los problemas públicos, nos demuestra constantemente que las decisiones las toman “ciertas” minorías con la limitada acción de las mayorías. Tema viejo.

Por ahí en la nebulosidad conceptual de la democracia, surgen un patrón de conductas aisladas, que parecen unir metas entre sociedad civil, defensores de derechos humanos, gobierno, académicos y otros transeúntes, con varios compromisos en común que suponen algunas prácticas notables en el entorno global: Gobiernos Abiertos. Central Municipal en su número 16 de diciembre del año pasado dedica un buen espacio al acercamiento conceptual.

Un gobierno abierto es ampliamente observado como una característica clave de los marcos legales sobre libertad de expresión, prensa, información y, por supuesto, la probidad de sus servidores públicos. Estos puntos son el cimiento de la confianza pública que requiere un gobierno abierto como principio de acción. El gobierno abierto es un concepto en transición desde los años 70´s –es muy valiente aquél que propone una definición monolítica- pero en esta década ha tenido la venia de los Estados Unidos y como bien sabemos, se vuelve con facilitad parte del ideario político.

Así, desde que Barack Obama impulsó la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), nos hemos volcado a su estudio, debate, análisis, latinoamericanización y por supuesto, mexicanización.

Mientras el gobierno abierto se construye conceptualmente, lo estamos implementando por medio de la AGA y queremos probarlo en muchos espacios locales para mejorar nuestra forma de rendir cuentas, transparentar, etc. Lo escribí bien, probarlo.

Considerar un gobierno abierto no implica crear un número determinado de compromisos del gobierno con la sociedad, es una cultura de Estado y una perspectiva de política pública. El gobierno abierto es una práctica social que debe vincular a la sociedad en su conjunto (ONG´s, empresas, personas), y definitivamente no es una dádiva del gobierno.

En los trabajos previos a la Alianza para el Gobierno Abierto, Artículo 19 fue invitado por Presidencia a sentarse con algunos funcionarios de la PGR, la SEDENA y otras instituciones encargadas de la seguridad nacional y pública. La primera crítica de los servidores públicos fue que pensaba que “nosotros” queríamos transparentar las averiguaciones previas y les comentamos que el ejecutivo nos había propuesto un trabajo conjunto, que no veníamos a abrir nada sino a colaborar, pero que tampoco legitimaríamos sus proyectos; ese fue el nivel de desconfianza con el que inició este proceso. Actualmente Artículo 19 tiene dos compromisos clave sobre desaparecidos y detenidos que sin lugar a dudas pueden impactar en una cadena de acciones que mejoren el sistema judicial, pero seguimos trabajándolo con el gobierno federal.

Hace poco se planteó la posibilidad de incorporar al Distrito Federal al proyecto de gobierno abierto, y con todas sus letras, no parece viable, más bien puede ser un nuevo proyecto de simulación con costos para la ciudadanía y sin impacto real.

Hay ideas ciudadanas geniales en el DF, leyes de avanzada, proyectos sin precedentes a escala nacional y global, un posible gobierno electrónico, etc. pero eso, eso no es –ni siquiera- el piso mínimo del gobierno abierto. Un gobierno abierto se debe a la confianza ciudadana, no es opción, es la guía.

Por ejemplo, el DF cuenta con un sistema de información de averiguaciones previas. En éste las víctimas de un delito pueden dar seguimiento a las actuaciones del Ministerio Público. Tener acceso a un sistema que permita dar seguimiento a tu denuncia, genera confianza en las autoridades y permite mejorar la eficiencia de las instituciones de administración de justicia.

Y podremos estar de acuerdo en lo siguiente. No se genera confianza ciudadana con una adjudicación directa sobre la Supervía Poniente o sin detenciones a altos funcionarios en el News Divine. No se genera confianza ciudadana si en las designaciones públicas de la presidenta de la CDHDF y la Comisionada del  INFODF existen dudas considerables sobre los instrumentos técnicos, las calificaciones y la definición del perfil que las hace aptas.

No se genera gobierno abierto si en el espacio público, periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y civiles son agredidos en las marchas que se realizan en la Ciudad de México, por parte de la policía del Distrito Federal.

No se construye gobierno abierto mientras tenemos una “Ley –vigente- de Movilidad” con la que hay que avisar 24 horas antes de salir a las calles, no utilizar vías primarias e indicar la finalidad de la manifestación.

Para que exista un gobierno abierto, no sólo debe haber una sociedad civil que coparticipe, sino que debe existir la intención y la voluntad política de cambio cultural. La confianza ciudadana es fundamental.

Es cierto que el gobierno abierto es un laboratorio aún, pero la baja confianza incrementa la pérdida de legitimidad y rompe cualquier canal de interlocución, agregando matices totalitarios o de percepciones de gobierno.

¿Quieren gobierno abierto en el Distrito federal? Generemos una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, una perspectiva de gobierno abierto. La transversalidad del gobierno abierto con indicadores claros puede apoyar la inclusión de las opiniones y la participación ciudadana en el DF y después dialogamos los detalles del principio de gobierno abierto.

Aún en el espacio federal tenemos límites, ¿cómo resolveremos las percepciones limitadas del gobierno del Distrito Federal sobre transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana?

De los 26 compromisos adoptados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto por el gobierno federal, cuatro son los que están aún en mayor rezago. Los tres que están relacionados con la reforma energética y uno sobre seguridad (este compromiso es uno de los más importantes tomando en cuenta el contexto que vivimos), matices políticos que no son casualidad.

Abramos la información sobre los recursos que recibe el metro con el incremento de $3.00 por persona y el uso que se le dan, y después dialogamos sobre lo que podemos co-crear ¿va?

*Publicado en la edición de enero de 2015 de Central Municipal.

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La red #RompeElMiedo: acciones ciudadanas en contextos de represión

Por: Ricardo Luévano (@rickluev) y Marcela Zendejas (@marcezendejas)

Cualquier acercamiento monolítico a la correspondencia entre la participación ciudadana y la corrupción debe ser descartada. La confianza ciudadana, la ética, el espacio público, la vulneración de derechos, la desigualdad, la opacidad y diversas categorías de análisis sobre la cultura de la legalidad, no son eslabones que desencadenan acciones continuas más allá de un recuento histórico, son dimensiones que entrelazan contextos culturales, legales y políticos que alimentan la estabilidad o el caos social.

Considerando las limitaciones, nos planteamos un pequeño análisis sobre el derecho a la protesta y las movilizaciones colectivas de acuerdo con un ejercicio de participación ciudadana, que aporta a la libertad de expresión una protección activa y ordenada, que ciñe a la corrupción desde un campo de batalla no menor, la vía pública.

La justicia se consolida por el Estado derecho y ciertos principios como el respeto a la dignidad humana y la sumisión del gobierno y los gobernados a la Ley, creando una sinergia de valores que regulan la actividad social.

Poca gente puede sostener que en México hay una democracia efectiva, un Estado de derecho íntegro o que se garantizan los derechos humanos fundamentales, al contrario, las críticas son decimonónicas y de corte derrotista, generalmente apegadas a la incapacidad del gobierno a vincularse con la ciudadanía y –no menor- a evitar cualquier mecanismo que suponga un mayor acercamiento o la rendición de cuentas de las instituciones de seguridad pública y nacional.

Parece que el punto de quiebre en el contexto del primer decenio del Siglo XXI se sustenta en las tecnologías –hace poco nuevas- y las redes sociales a través del espacio libre de internet que han generado la idea de que la democracia y la rendición de cuentas hacía la ciudadanía es posible.

Contra la vieja idea enmarcada de que el Estado es el fin último de la política, actualmente las personas, sus necesidades y sus exigencias, somos señaladas como los actores que deben ser beneficiados por el catálogo de derechos universales ampliamente elaborados. Sin embargo la clase política carece convenientemente de esta opinión y es fundamental recordárselos.

La protesta es un mecanismo de exigencia social que visibiliza la falta de capacidad gubernamental, la incongruencia en las leyes, la inoperancia en la atención de los problemas públicos y muchos otros desordenes asociados a la corrupción y a la falta de mecanismos institucionales que atiendan las demandas de la población. Si bien muchas manifestaciones son asociadas por el imaginario público con la violencia y el populismo, una característica fundamental es la intención ideológica de la petición común.

De hecho, el impacto de las manifestaciones en los últimos meses del 2014 en diversas ciudades mexicanas, responde a la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa a manos de autoridades locales que ha evolucionado por la flexibilidad de la primera consigna que señaló “Fue el Estado”. Sin mayor discusión sobre las facultades del gobierno y la conformación del Estado, la consigna ha funcionado para integrar el reclamo encarnado: el poder no es de la ciudadanía, es de los gobiernos y poderosos intereses transnacionales. A esta consigna le siguió la perspectiva de la clase política respecto a las acciones ciudadanas y que retomó la opinión pública sobre los alcances políticos y la negación de las demandas con: “Ya me cansé”.

Fue el Estado-Foto Redes Sociales

Cuando descartamos el acercamiento monolítico planteado en el primer párrafo, pensábamos en este punto de quiebre: ¿Qué debe cambiar para que la corrupción rinda cuentas y quien la ejerce sea castigado dentro de los parámetros de la Ley? La respuesta es obvia, incremento en la participación ciudadana.

La participación ciudadana suele acotarse a la democracia representativa, pero supone nuestra colaboración activa y directa en las acciones de la administración pública, razón por la cual es fundamental crear mecanismos institucionales, pero –como también describimos- estos no son suficientes, es más suelen ser centros de integración alimentados por los partidos políticos con consecuencias populistas.

Para que la participación ciudadana sea un escenario viable, es necesario conocer la verdad sobre las acciones públicas y los intereses a los que se vinculan la toma de decisiones de los gobiernos.

La organización ARTÍCULO 19 tiene como mandato la defensa de la Libertad de Expresión, y los actores fundamentales que deben publicitar y socializar la actuación gubernamental son los periodistas y ciudadanos comunicadores en general, por eso hemos facilitado la creación de una red solidaria bajo el nombre de #RompeElMiedo que ha sido activada desde su creación nueve veces.

Este esfuerzo inició con las protestas del primero de diciembre del año 2012 en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Ese día se vivió una jornada sumamente violenta en la Ciudad de México, ya que fuerzas de seguridad pública atacaron sistemáticamente a comunicadores, comunicadoras y activistas con el pretexto de resguardar el recinto en San Lázaro. El saldo: más de diez periodistas heridos, decenas de manifestantes detenidos y un activista muerto por una bala de goma.

En el contexto se hizo evidente la falta de protocolos de actuación por parte de los agrupamientos de seguridad pública, además del sometimiento con ataques frontales a personas con cámaras o cualquier equipo para documentar.

Tras esta jornada ARTÍCULO 19 describió una ruta de monitoreo con colectivos de medios independientes y de derechos humanos (estos son los que generalmente documentan los abusos contra los y las manifestantes y la prensa, a diferencia de los medios convencionales) e inició la construcción de una red cuyo objetivo ha sido la preparación y articulación para prevenir y evidenciar agresiones y detenciones a comunicadores y personas defensoras de derechos humanos. En una frase: La defensa del espacio público para expresar ideas y el libre flujo de información.

Hasta ahora, la red #RompeElMiedo funciona en dos niveles. El primero es un grupo de alrededor de quince colectivos de medios y personas defensoras de derechos humanos quienes se organizan a través de nodos para monitorear y cruzar información de las manifestaciones en la Ciudad de México. La información se comparte desde las marchas. Y un segundo nivel de comunicadores y activistas que se inscriben a la red por medio de internet y se les brinda un espacio en un centro de monitoreo creado con diversas herramientas, para analizar la cobertura, los espacios de violencia y las amenazas que se van evidenciando.

Es así, que cada vez que la red se activa los nodos cruzan información con el centro de monitoreo con el fin de registrar agresiones y detenciones y activar un sistema de alerta temprana en caso de presenciar situaciones graves de detenciones y agresiones.

En caso de activarse el sistema de alerta temprana la red pasa a una segunda fase con el  grupo de abogados de ARTÍCULO 19 quienes después de recibir la información confirmada activan la protección legal necesaria para salvaguardar la integridad de los y las detenidas.

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Toda la información recibida y confirmada en el centro de monitoreo se vierte en un informe redactado por ARTÍCULO 19 y publicado al cerrar la jornada. En este informe no solo se presentan datos y cifras sino exigencias específicas a las autoridades responsables.

Entre los hallazgos más relevantes que se pudieron documentar a través de esta red, está el registro de 46 agresiones en contra de la prensa el 2 de octubre del 2013 considerada la jornada más violenta en todo ese año.

En el marco de los acontecimientos de la activación de esta red se han podido acompañar procesos legales de comunicadores como Gustavo Ruiz Lizárraga de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones quien fue detenido en Septiembre del 2013 con argumentos falsos cuando se encontraba realizando un trabajo de documentación. Además de estos casos hemos acompañado y brindado asesoría legal en más de diez casos a documentadores agredidos y/o privados ilegalmente de la libertad en contextos de protesta.

Es difícil hablar de éxitos o logros de un esfuerzo colectivo como este, en un país en donde sistemáticamente se ataca el derecho a la libre manifestación de las ideas y de libertad de expresión, en un país en donde se criminaliza el derecho a disentir. De las lecciones aprendidas se encuentra en el centro la necesidad de trabajar de manera solidaria entre medios y personas defensoras de derechos humanos para exigir la defensa del derecho a la libertad de expresión y del libre flujo de información.

La red #RompeElMiedo impacta en la protección de los y las comunicadores por medio de redes de apoyo en tiempo real que fortalecen la participación ciudadana, el derecho a la protesta, la libertad de prensa y envían a la ciudadanía mensajes certeros sobre la exigencia social en numerosos contextos.

La corrupción unida a la violencia de las fuerzas policiacas se ve limitada y resignifica la dignidad periodística desde un espacio de protección por y con la sociedad civil organizada. Así, #RompeElMiedo es incorporar al espacio público la virtud de una ciudadanía activa, informada, transparente y disidente que en contextos de corrupción y de violaciones sistemáticas a derechos humanos, no podemos darnos el lujo de inhabilitar.

Para mayor información, visita en:

Tumblr: http://rompeelmiedo.tumblr.com/

Web: http://www.articulo19.org/red-rompeelmiedo-documentara-marcha-del-1-de-diciembre/

Twitter: #RompeElMiedo

Claves para entender la iniciativa de Ley General de Transparencia

Ana Cristina Ruelas de Artículo 19, Gabriela Morales de México Infórmate y Guillermo Noriega de Sonora Ciudadana formaron parte del grupo redactor de la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Conoce los puntos clave, según estos especialistas en transparencia, para comprender la importancia de la Ley General de Transparencia, los avances y los retrocesos en materia de Derecho a la Información.

Claves-ley general transp

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Ley General de Transparencia … ¿Opaca?

Después de la inclusión del Colectivo por la Transparencia y México Infórmate en las mesas de redacción de la nueva Ley de Transparencia, los senadores deciden, de último momento, realizar cambios al borrador de la iniciativa sin consultar con la sociedad civil.

Conoce los cambios realizados a la iniciativa y cómo estos pueden afectar tu derecho de acceso a la información.

Justicia, violencia y rendición de cuentas

justicia-by  J R Mora

En un momento como este, vale la pena crear las condiciones para que el Estado garantice el acceso a la justicia, la reparación del daño y la no repetición de hechos tan lamentables e indignantes como los de Tlatlaya, Atotzinapa, Cadereita, San Fernando, etc.

México debe ponerse una meta para acabar con el estado de inseguridad y reducir la impunidad y la corrupción en las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia. Para formular tal proeza es fundamental construir indicadores de rendición de cuentas como una forma de recuperar la confianza social que ha degenerado en el desprestigio de la clase política, la procuración de justicia y la misma sociedad.

Hablar de gobernanza en temas de seguridad, desde la experiencia del trabajo de Artículo 19 es como tratar de romper un diamante con los dedos. El acceso a la información relacionada con las acciones de las instituciones encargadas de seguridad o de administrar justicia se encuentra blindada por supuestos de reserva relacionados con la posible obstrucción de justicia, persecución de los delitos y el ataque contra el honor de los funcionarios públicos. Incluso ahora, en el proceso de aprobación de la reforma Constitucional de transparencia, la única excepción a la definitividad de las resoluciones del IFAI fue la seguridad nacional.

Por su parte, los periodistas que tratan de documentar violaciones a derechos humanos para informar sobre la corrupción y colusión de autoridades con el crimen organizado se encuentran constantemente amenazados y proliferan las legislaciones que restringen los espacios de participación civíca para las voces críticas y disidentes. La tendencia a criminalizar el acceso a la información y la libertad de expresión en México va en aumento, lo que se traduce en una limitación al flujo de información libre y plural que debiera tener la ciudadanía en un país democrático.

Con énfasis en el acceso a la información, es fundamental que en uno de nuestros proyectos llamado “votos cautelosos” descubrimos que las ocho principales dependencias de Seguridad pública y nacional, el CISEN, el Instituto Nacional de Migración, la antes PFP, hoy Policía Federal, la PGR, SEDENA, SEMAR,  Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al entrar en vigor la Ley Federal de Transparencia tenían la misma tendencia de clasificación que la totalidad de la administración pública federal. En los últimos siete años, mientras la tendencia para las otras instituciones es abrir la información, para las ocho mencionadas, es reservarla.

Nadie supone que toda la información debe ser pública, son evidentes y bienvenidas las excepciones, pero después de doce años de haber sido aprobada la Ley Federal de Transparencia, la excepción es la regla. En el tema es fundamental tener información suficiente sobre la incidencia delictiva o el estado de la seguridad en cierto lugar, ya que  permite a los ciudadanos tomar mejores decisiones, estar al tanto de los riesgos a los que estan sujetos y tomar medidas de prevención más adecuadas.

Artículo 19, como parte de las organizaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), ha coordinado las mesas de “Seguridad y justicia” que generaron dos compromisos sobre “la funcionalidad y utilidad de la base de datos de desaparecidos” y un “Sistema de búsqueda y localizaciones de detenidos en tiempo real”. Ambas plataformas nos darán elementos de control sobre el Estado y plantearán nuevas categorías de rendición de cuentas ciudadanas, gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  Sin embargo, existe mucha resistencia para cumplir con estos compromisos, son los únicos dos del Plan de Acción 2013 – 2015  de los que no se ha firmado un plan de trabajo.

Foro-Gobierno abierto en Costa Rica_San José-

La corrupción de las autoridades y los cuerpos de seguridad en el caso de Ayotzinapa y Tlatlaya es un ejemplo de la necesidad de hacer un escrutunio público directo sobre estas instituciones. Necesitamos conocer la verdad de los hechos, los actores involucrados y las acciones u omisiones de las autoridades para construir comunidades seguras e instituciones que rindan cuentas y generen confianza.

En este doloroso e indignante panorama, consideramos que la libertad de expresión asi como el uso de la transparencia y el acceso a la información es una ventana que nos puede apoyar a reducir la violencia y los índices de muerte, a construir un posible Estado de derecho con acceso igualitario a la justicia, a fortalecer las instituciones públicas y los órganos autónomos para prevenir la violencia y limitar las acciones criminales de diversos actores y políticos.

En este sentido hay que destacar el alto índice por el que se priva a las personas del derecho a recibir un juicio justo e imparcial, acciones sobre las que se fundamenta la nociva corrupción. Como describió Eduardo Guerrero en su estudio-diagnóstico sobre Gobierno Abierto y Seguridad y Justicia respecto a la Alianza para el Gobierno Abierto, hay que generar reportes periódicos que indiquen las actividades y los gastos en materia judicial; poner a disposición del público datos judiciales, procedimientos de las cortes, resoluciones y transcripciones de los juicios; hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los jueces y Ministerios Públicos; divulgar ampliamente los derechos del debido proceso; y grabar las audiencias judiciales para ponerlas a disposición del público.

Por esto, consideramos que la agenda de desarrollo 2015 debe considerar a la libertad de expresión y el derecho a la información como metas necesarias para impulsar el estado de derecho. Sin medios independientes, espacios cívicos libres y una sociedad informada, no podremos hablar de comunidades seguras e inclusivas. La meta 16 de la agenda de desarrollo, sobre la promoción de comunidades seguras e inclusivas para el desarrollo sustentable, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instuciones efectivas que rindan cuentas, no se logrará si el gobierno mexicano no considera el problema desde la sociedad y le permite participar.

El contexto nacional en la materia supone construir nuevos balances en temas como el derecho a la verdad de la sociedad mexicana, ante la desaparición de más de 20,000 personas porque hay un tufo de incapacidad y corrupción estatal que parece anticipar el quiebre de las instituciones y mayores movimientos sociales de arriesgados alcances.

La violencia desbordada por la actuación ad hoc de los cuerpos policiacos y los militares en numerosos espacios, o micrositios libres de Estado y derecho, imprimen la idea de que no sólo el Estado puede tener el monopolio de la fuerza, dado que hace años se lo cedió a grupos paramilitares, sino -por ahora- el retrato y el miedo de un territorio donde la muerte más allá de la justicia, parece ser la constante anhelada esperanza para sobrevivir.

*Publicado en la edición de diciembre de 2014 en Central Municipal.

ACR

 

Un gobierno lejano y conservador

El contexto nacional requiere acciones inmediatas por parte del gobierno.  La crisis de inseguridad y la falta de legitimidad de las instituciones derivado de una flagrante corrupción han puesto al país en el reflector.   Durante el Encuentro Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto, un grupo de organizaciones de 18 países exigieron a México, como Presidente de esta iniciativa, que fungiera como ejemplo y garantice verdad, justicia y rendición de cuentas ante los hechos ocurridos en los últimos meses en el país[1].

Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto es una plataforma que promueve el diálogo entre el gobierno y la sociedad para la co-creación de políticas públicas.  En este sentido, durante el Encuentro las organizaciones mexicanas denotaron la fragmentación existente con el gobierno y la necesidad urgente de garantizar un verdadero estado de derecho.  Además señalaron que para que México tenga la legitimidad suficiente para presidir la Alianza, debe cumplir íntegramente con los compromisos del Plan de Acción 2013 – 2015, atender el rezago del Plan de Acción Ampliado y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en cada una de sus acciones.

La violencia no ha cesado desde el sexenio pasado.  Sin embargo, la percepción al exterior del nuevo gobierno era positiva; en poco tiempo, se lograron las “reformas estructurales”.  Pero 22 ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya y 43 desapariciones forzadas en Iguala fueron suficientes para romper esta idea.  México sigue enrolado en una “guerra” y, en 2014, van más de 5 mil desaparecidos[2].

Por su parte, en el marco de una serie de protestas y reclamos sociales por los hechos antes mencionados, se hace pública una investigación sobre un inmueble en posesión de la familia presidencial valuado en 7 millones de pesos cuyo propietario legal está ligado al consorcio de empresas a quienes se les asignó originalmente la licitación del tren de alta velocidad México – Querétaro y que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México ganó diversas licitaciones y adjudicaciones de obras públicas.   Tras las presiones de la sociedad, la Primera Dama salió a justificar la propiedad de la casa y el Presidente hizo pública su declaración patrimonial[3] la cual sigue sin mostrar el precio real de los bienes y el patrimonio de su esposa situación que, nuevamente, advierte sobre el nivel de opacidad y corrupción que permean el sistema.

México no es un gobierno abierto y es necesario decirlo con todas sus letras, el cumplimiento de un plan de acción no es suficiente para hablar de rendición de cuentas y muchos menos de una verdadera relación gobierno – sociedad.

Necesitamos conocer el paradero real de las víctimas, los hechos, los actores involucrados y las sanciones a las que son acreedores, las acciones u omisiones del Estado que permitieron que estos hechos ocurrieran, y aquellas que deberán garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir.

Es urgente que el Presidente revele la información completa de su declaración patrimonial incluyendo los bienes de su cónyuge y el valor real de los bienes que reporta.  Además, deberá promover la publicidad proactiva de la misma para todos los servidores públicos.

Es necesario construir confianza  y para esto es importante que se generen mecanismos de participación y se promueva el flujo de información.   Es urgente responder a los reclamos de la sociedad y decidir en conjunto.

*Publicado en Alto Parlante de Animal Político el 21 de noviembre de 2014


[1] http://www.articulo19.org/gobierno-mexicano-debe-comprometerse-con-la-justicia-social-para-considerarse-gobierno-abierto/

[2] http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/estadfc112014

[3] Vale la pena destacar que el enero de 2013, el Presidente ya había hecho pública una declaración patrimonial en la que se omitía el valor de los bienes (ver: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/01/16/pena-nieto-publica-su-declaracion-patrimonial-sin-el-valor-de-los-bienes)

Libertad de expresión y agua. Interpretaciones desde lo local.

El tema del agua y el saneamiento sufre censura, persecución y opacidad en materia de libertad de expresión. Las interpretaciones locales en proyectos como hidroeléctricas, fracking, rellenos sanitarios, acueductos, minas, etc. no tienen ninguna propuesta de consulta popular más allá de la típica simulación gubernamental, y en sentido contrario, las personas que cuestionan o se manifiestan contra algún megaproyecto son encarceladas, amenazadas o por medio de instancias legales acusadas de difamación.

Ni todos, ni siempre son los mismos escenarios en la libertad de expresión y el agua, por eso las experiencias municipales deben deconstruir nuestra visión de lo nacional y no viceversa.

En el análisis de la política pública hay un caso icónico para hablar del diseño de políticas o programas públicos. En una comunidad aislada, el gobierno envía a sus evaluadores y regresan con importante información y diagnóstico: “Mujeres caminan 20 kilometros diarios cada mañana para ir por agua y llevarla a sus casas; aproximadamente 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Después deben preparar alimentos y atender a las familias; el cansancio en la mirada de las mujeres es brutal, no parecen empoderadas y se les observa tímidas. Es fundamental hacer algo”.

Derecho al agua y saneamiento
El agua es un derecho humano responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno.(Imágen tomada y modificada de VeoVerde).

Acto-consecuencia: los expertos miden la caída del agua, colocan algunas bombas, instalan tubería de PVC y protegen los acabados con varios tramos  de ladrillo y concreto. El presidente municipal y diversos secretarios de la entidad se toman la foto; hay sonrisas de los niños abriendo las llaves con tarjas de concreto, tazas de barro, cámaras y encabezados en los dos periódicos locales. Todos a sus casas, una obra social sin precedentes.

Por ahí unos meses después, evaluadores de la felicidad, vuelven a la comunidad para medir el nivel de desarrollo y alegría en el espacio local. La sorpresa: el material está roto y sin uso alguno. ¿Qué pasó? ¿Terrorismo? ¿Anarquía? ¿Otro partido político se robó las bombas de agua? No.

Las mujeres rompieron las tuberías porqué a los brillantes evaluadores no se les ocurrió preguntar ¿Cuál es el problema de la comunidad? Para empezar ¿Tienen problemas?

Decidieron considerar que la distancia era el problema. Si hubieran analizado el contexto con perspectiva de género, habrían entendido que ese espacio era único para las mujeres, que caminar les brindaba una rutina casi secreta con la que podían aislarse de la típica sumisión patriarcal y un espacio de chismorreo, que ya quisiéramos un martes a las 9:00 a.m.

Claro que tenían problemas, pero no el de la distancia. Enseñarles a sembrar nuevos frutos, darles elementos para hacer inocua el agua o limpiar de escombros uno de los caminos principales a otra de las poblaciones era una solución ¿El problema? El gobierno no conoce los problemas públicos, no consulta, y no diseña de forma adecuada el uso de los recursos públicos.

En el caso de la hidroeléctrica “El Cajón” –megaproyecto del sexenio de Vicente Fox- realizada por la Comisión Federal de Electricidad sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Si hubieran existido los Principios relativos a la libertad de expresión y a los derechos al agua y al saneamiento, hubieran ignorado cada uno de los quince.

“Los ciruelos” era una comunidad de personas que vivían de la cosecha por la que tomó el nombre; el embalse de la hidroeléctrica o la cortina de concreto que impide el paso del agua del rio, inundó grandes extensiones al subir el agua incluyendo esta comunidad. La CFE construyó por medio de Ingenieros Civiles Asociados casas en un espacio cercano, una cancha de futbol cerca de un desfiladero, y les pagó –en algunos casos-  $200.00 pesos por cada árbol frutal y $1,200.00 por la cosecha.

La comunidad nunca estuvo de acuerdo con la obra -ahora menos- ya que la ciruela no se da en ese lugar, por lo que la gente ha tenido que migrar a la ciudad a buscar empleo; ellos en los supermercados, como boleadores de zapatos o cargadores; ellas como vendedoras de artesanía y servicio doméstico. Por el nivel del agua que sube considerablemente cada temporada de lluvia, los animales se mezclan con la comunidad reubicada y los insectos han generado enfermedades. Lo anterior podría haberse evitado si se hubiera creado un análisis adecuado del entorno y del impacto social de la obra sexenal.

Mario Luna_vocero de la tribu yaqui-Exigimos su ¡libertad!'-_- Ilustración de Gran Om
Mario Luna, vocero de la tribu yaqui detenido por la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora. (Ilustración tomada de Radio Indígena)

En otro caso emblemático y de clara persecución de gobierno para limitar la libertad de expresión en el tema del agua. Mario Luna de la tribu Yaqui representante del pueblo de Vícam fue detenido el 11 de septiembre de 2014 por integrantes –supuestamente- de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora, acusándolo de crímenes que en la declaración de los testigos se observan claras contradicciones; con ello pretenden mermar la lucha de la tribu yaqui para impedir que el Acueducto Independencia desvíe las aguas que reconoció como suyas Lázaro Cárdenas en 1940 tras una larga guerra, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impulsado una resolución a favor del pueblo Yaqui y han sido violados diversos acuerdos internacionales en la materia.La región sur sureste del país alberga cerca del 35% de las reservas naturales de agua dulce de todo México, de hecho el sistema hidráulico Grijalva-Usumacinta tiene el mayor afluente del territorio nacional. En la capital de Chiapas, el vertedero de basura de Tuxtla Gutiérrez colinda con un predio particular que acusa a la empresa Proactiva de no contener los estándares adecuados para la protección del ambiente y el agua de la zona. También señala que la empresa encargada de la recolección de la basura contamina diversos afluentes como El Lacandón, Suchiapa, Grijalva y Santo Domingo. Héctor Montesinos Cano, -habitante del ejido y activista ambiental- describe que la contaminación proviene de los lixiviados y de los escurrimientos, porque todo el jugo de la basura que contiene metales pesados como pilas y fierros han creado ríos insalubres de olores fétidos que no pueden usarse más. La respuesta de la empresa fue una demanda millonaria a Héctor Montesinos por difamación, acompañada de la indiferencia del gobierno del estado de Chiapas.

En contexto, el suministro de agua potable y la disposición de medios de saneamiento para la población, contribuyen a disminuir la condición de pobreza, proporcionar un crecimiento en el bienestar social y lograr el desarrollo de las comunidades, además de ser un derecho universal que se debe garantizar a la población, pero la falta de consulta para describir y trazar una ruta en la política pública de las acciones de gobierno que tienen que ver con este tipo de proyectos sólo trazan el camino a la inconformidad y la protesta.

Las acciones sociales y colectivas son fundamentales para expresar nuestro derecho a ser escuchados sin embargo los gobiernos reprimen, encarcelan, ignoran e inmovilizan, para tener acceso a adjudicaciones directas o procesos de selección simulados que les reditúan grandes cantidades de dinero.

Debemos discutir con mayor precisión la relación positiva y la importancia entre el derecho a la libertad de expresión e información (libertad de expresión) y los derechos al agua y al saneamiento, de no ser así, no sólo tendremos sed y enfermedades, también viviremos en la ignorancia, el silencio y la opacidad.

 

*Texto publicado en la edición de noviembre de 2014 de la revista Central Municipal