En transparencia todo cambia para que todo siga igual

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Uno de los grandes logros de la reforma constitucional en material de Transparencia era otorgar, por fin, el carácter de definitivas e inatacables a las resoluciones de los organismos garantes del derecho de acceso a la información.  Es decir, los sujetos obligados no podrían impugnar las decisiones del Instituto en las que hubiere decidido que existe  un interés público de la sociedad en conocer la información.

Además de esto, la reforma eliminó el régimen de excepción existente para que partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos; personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad fueran sujetos obligados.   Es decir, todas las empresas que reciben y gastan dinero público también deben rendir cuentas y transparentar información.

Por su parte, desde el 2007 – año en el que se fijaron las bases y principios para la garantía del derecho de acceso a la información- la publicidad proactiva de toda la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos es una obligación constitucional que no sufrió cambios.

Pero como siempre, la claridad de las letras constitucionales parece perderse cuando quienes la interpretan son quienes reciben o ejercen este presupuesto.  La Constitución cambió, se creó una Ley General y está por aprobarse una Ley Federal, pero la cultura de opacidad en las autoridades y el encubrimiento, sigue igual.

Veamos, la semana pasada se otorgó la suspensión definitiva a la empresa Autopistas de Vanguardias, filial de Grupo Higa, tras la impugnación de una resolución del INAI que ordenaba la publicidad de los documentos del crédito que le otorgó Banobras -en 2012- por 2 mil 775 millones de pesos para la construcción de la autopista Naucalpan – Toluca.

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Por absurdo que parezca, la suspensión se dio en un momento en el que, de acuerdo al marco jurídico existente y vigente desde febrero de 2014: a) Autopistas de Vanguardia es un sujeto obligado a transparentar la información derivada del ejercicio del gasto público; b) ningún sujeto obligado puede impugnar una resolución del INAI y; c) la materia, motivo del amparo, es información que constitucionalmente debería estar disponible en el portal de Banobras y, con la implementación de la Ley General, en el de Autopistas de Vanguardia.

No es cierto que la orden del INAI de publicar esta información atente contra ningún derecho de Autopistas de Vanguardia, pues al recibir 2 mil 775 millones de pesos del erario y, posteriormente gastarlo, se convierte en un sujeto obligado a transparentar dicha información. La sociedad no pide que rinda cuentas sobre el rendimiento de activos propios de la empresa, si no de los que le pertenecen.

El derecho de acceso a la información es claro y lo ha sido desde hace décadas.  Si se recibe dinero del pueblo, se tiene que decir qué se hizo con él y cuál es el beneficio que genera. Si se llevan a cabo actividades que le corresponden al estado, se tiene que decir cómo se desarrollaron. Todo se documenta y, cuando se trata de dinero, las facturas se tienen que entregar.  Si no hay la intención de rendir cuentas a la sociedad, entonces, simplemente, no se recibe y ejerce el dinero de esta.

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