Razones de interés público en el acceso a la información

El derecho de acceso a la información contempla una regla general: toda la información que se encuentre en poder de la autoridad es pública.  Sin embargo, la Constitución reconoce que existen ciertos principios y derechos fundamentales que fungen como excepción a esta regla.   De esta manera, la información puede reservarse o bien considerarse confidencial cuando se enmarca en algún supuesto legal.  

A pesar de esto, como en muchas otras materias, en la práctica, la excepción se vuelve la regla.   Las autoridades invocan la reserva ante cualquier solicitud de información que pudiera mínimamente enmarcarse en alguno de los supuestos de reserva.  Garantizar el derecho de acceso a la información en el sentido más amplio no es una característica de la actividad gubernamental, por el contrario la autoridad da lo mínimo indispensable para cumplir con su deber de entregar información y el ciudadano cada vez tiene que ir más lejos para obtenerla.

En este sentido, la apertura de las averiguaciones previas, ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años dentro de los distintos poderes y las autoridades en México que inclusive ha generado diversas recomendaciones a México por parte de organismos internacionales de derechos humanos.

Desde la creación del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) hasta la publicación de la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, este órgano garante del derecho de acceso a la información,  había determinado que todas las averiguaciones previas concluidas eran de acceso público, bajo la consideración de que el proceso deliberativo había culminado, y por tanto, su divulgación no afectaría el interés público, si no que aportaría a la rendición de cuentas de los funcionarios encargados de la procuración de justicia.

Sin embargo, esa reforma declaró la absoluta reserva de toda la información que integra las averiguaciones previas.  A partir de ese momento y hasta ahora, todas las investigaciones a las que se ha logrado acceder ha sido a través  de largos procesos judiciales que merman uno de los principios básicos del derecho de acceso a la información, la expedites.

Luego, una reserva absoluta, se convierte en una regla.  La reserva absoluta de las averiguaciones previas es una contracción al motivo de este derecho, una violación.  Cualquier restricción a un derecho fundamental debe invocarse únicamente cuando exista un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo y como en todo acto de autoridad, debe haber una fundamentación y motivación que se adecuen específicamente a los hechos.  Sin embargo ¿cómo se puede especificar el daño que puede causar la divulgación de una información cuando no se estudia un caso concreto? ¿Cómo podemos saber que la apertura de una averiguación previa puede ser más perjudicial que su reserva?

Tomemos el caso de Florence Cassez como un ejemplo de  la importancia de la divulgación eficiente de información. De acuerdo a una encuesta publicada en el mes de enero por el periódico Reforma después de la resolución del caso, el 83% de los encuestados opinó que la SCJN protegía sólo los derechos “de los delincuentes”.  Esto a pesar de que la Corte hizo un gran esfuerzo por explicar las razones legales por las cuales se le otorgó el amparo liso y llano.

Probablemente son pocos los que tuvieron acceso a la averiguación previa y al expediente judicial completo, sin embargo, el impacto de los medios en el caso generó apreciaciones sociales muy negativas en contra de la francesa.  Por lo tanto, en orden de otorgar credibilidad a la Corte, sería necesaria la publicación de este expediente para que la opinión pública tenga los elementos para entender por qué el caso se resolvió así y entonces generar un juicio propio sobre los verdaderos responsables.

Contrario a lo anterior y siguiendo lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, no existe manera de que el expediente se abra para su divulgación sino hasta pasados 12 años ya que es “estrictamente reservado”.  Sin embargo, de no hacerse, la SCJN y las demás instituciones encargadas de procurar justicia, seguirán ante los ojos de los ciudadanos como las instituciones que defienden los derechos de los delincuentes y no de las víctimas.

Este caso es solo una muestra de lo deficiente que es nuestro sistema de procuración de justicia en el que se fabrican pruebas y evidencias  y se llevan a cabo procesos arbitrarios en total opacidad.   Entonces ¿por qué no podemos hacer un escrutinio de la actividad del Ministerio Público que permita reconocer y reparar en estas deficiencias antes de que la opinión pública pierda la credibilidad en las instituciones encargadas de procurar y proveer justicia?

En 2010, el INEGI publicó[1] que en el 31% de los casos en el que se denunció algún delito no pasó nada, en el 15% no procedió la denuncia y solamente en el 5% hubo consignación; no existe una verdadera fiscalización que permita identificar dónde está el foco de atención, dónde reside el problema.

Una vez que se denuncia, existe una caja negra que nos impide ver si efectivamente hubo o no un delito,  si el probable responsable acreditó cada uno de los supuestos legales para así señalarlo,  o bien, si la investigación fue llevada a cabo de manera legal, exhaustiva, congruente e imparcial.  De esta manera es imposible darle valor al actuar del Ministerio Público y desligarlo de la impunidad que impera en el país[2]; pues aún cuando existan consignaciones, la experiencia ha mostrado que en muchos de los casos los inculpados no son quienes cometieron el delito[3] o no existen los elementos suficientes para probar que lo hayan cometido.

Es innegable que para formar una opinión justa de la ciudadanía hacia la actividad de las instituciones, es necesario que esta cuente con la información para juzgarla, pues  de otra manera todo es mera apreciación.

Por esto,  las razones de interés público que limitan el acceso a la información no pueden ser indeterminadas; si lo son, entonces serían arbitrarias.   El estudio de cada caso determinará la proporcionalidad del daño que puede causar la divulgación de una averiguación previa, más no el hecho genérico de encontrarse enmarcada en un supuesto legal pues de otra manera el daño de no publicar la información puede ser mayor que aquel que genere su divulgación “…no basta que una norma general que establece una restricción a un derecho fundamental tenga un fin legítimo para ser constitucional, dado que en ese caso deberá verificarse si la restricción es proporcional a dicho fin…”[4]

 *Publicado en Marzo de 2013 en Central Municipal


[1] Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010

[2] De acuerdo al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI) la percepción de las víctimas que acudieron al Ministerio Público es que éste, en el 84.9% de los casos, no brindó información sobre la investigación que supuestamente se inició con su denuncia.

[3] Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del ITESO, en su libro Crimen sin castigo. Procuración de Justicia Penal y Ministerio Público en México del Fondo de Cultura de Económica, señala que el 70% de las personas privadas de su libertad es inocente.

[4] Señor Ministro Valls Hernández


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