La Alianza para el Gobierno Abierto

manos levantadas

La apertura gubernamental es un factor decisivo en el análisis de la calidad de las democracias. En la medida en la que el acceso a la información y la transparencia se vuelven pilares o sendas de acción, la administración pública adquiere nuevas capacidades con las que se hacen más visibles los actos de corrupción, el diseño de las políticas públicas, las prioridades de los gobiernos o aquellos criterios con los que se garantiza la legalidad que supone vivir en un Estado de derecho.

Desde el 2009 Barack Obama propuso una alianza global fundamentada en el concepto de gobierno abierto, que aporta a las democracias una vía para resolver diversos problemas públicos por medio de compromisos entre gobierno y sociedad civil, monitoreados por herramientas y metodologías de notable claridad. Así fue creada la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA por sus siglas).

Los diversos compromisos reposan sobre diferentes plataformas electrónicas, adquieren la importancia pública del conocimiento por medio de la transparencia y el acceso a la información, actúan por medio de la co creación social vinculada a la participación ciudadana y se legitiman por medio de diferentes acciones supeditadas a la rendición de cuentas.

La AGA es un espacio de intercambio entre académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, y personas con una trayectoria considerable en ámbitos como el derecho ambiental, la seguridad pública, la migración o las telecomunicaciones y funcionarios gubernamentales de instituciones como Presidencia o Función Pública, y diversas Secretarías como Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales o la de Desarrollo Social.

AGA_INFO DFbol204_14En el caso de México se han realizado previamente dos planes de acción –así se nombra al conjunto de compromisos que derivan de esos espacios de intercambio-, el primero inició en el año 2011 y terminó de integrarse en el 2012 y el segundo está en proceso de cumplimiento desde el año 2013 con la visión de constituirse parcial o totalmente en este 2015.

El resultado sobre el cumplimiento de estos veintiséis compromisos se tendrá el 22 de julio, día en el que podremos hacer una evaluación sobre los alcances y las metas de los acuerdos nacionales, que tienen fundamento en preocupaciones de alcance global.

Respecto a la importancia de los compromisos, podemos observar como ejemplos, el número 5, formulado para reorganizar y mejorar la base de datos de personas extraviadas o desaparecidas que actualmente se encuentran integradas en el RENPED, con estadísticas más sólidas que permitan la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos humanos de las personas extraviadas o desaparecidas y las de las víctimas indirectas o familiares; no es necesario abordar la importancia, si reflexionamos acerca de la coyuntura en la que nos encontramos desde el año pasado respecto a la exigencia ciudadana ante las atrocidades cometidas a los normalistas de Ayotzinapa.

Otros ejemplos sobre la importancia de la Alianza pueden observarse en el compromiso 22, llamado “Petróleo en beneficio de todos” que presenta una opción de gobierno abierto como puerta de escrutinio público a la reciente reforma energética; o el compromiso 23 “Minería para todos” que propone transparentar y hacer que se rindan cuentas sobre uno de los sectores históricamente más opacos en este país.

La Alianza para el Gobierno Abierto tiene posibilidades sobresalientes de interlocución y co-creación por el tipo de actores tomadores de decisiones, tiene una plataforma y metodologías globales que lo blinda de subjetividades caóticas y mantiene compromisos alineados a la viabilidad técnica y normativa con diseños para ser evaluados y monitoreados.

El tercer plan de acción se realizará en los primeros meses de 2016 y está abierta a cualquier organización o persona que considere puede aportar a la agenda pública nacional. Actualmente el Comité Coordinador de la Sociedad Civil (el contrapeso a las decisiones gubernamentales) está conformado únicamente por ocho organizaciones de la sociedad civil (Artículo 19, CIDAC, Cultura Ecológica, GESOC, Fundar, IMCO, SocialTIC, Transparencia Mexicana), sin embargo se pretende que a finales de este año se abra una nueva convocatoria para integrar nuevas organizaciones a las decisiones del Secretariado Técnico Tripartita (el espacio ejecutivo de toma de decisiones de la AGA).

El límite de la AGA es la voluntad política y la opacidad gubernamental, pero no hay marco teórico, normativo o político que sobreviva a la percepción estatal de que la mejor opción para salvaguardar a la nación es la discreción y la cerrazón gubernamental.

*Publicado el 25 de mayo de 2015 en Fondos a la vista

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