Sólo el poder dividido es un poder limitado

Ejecutivo vs Legislativo
El gobierno federal y el Congreso no pueden olvidar la división básica entre gobernar y legislar. No por ser ésta menos radical que la expectativa de separación entre Ejecutivo y Judicial, y a pesar de estar notoriamente ausente en las transacciones políticas recientes.

La característica sustancial de todo Estado de derecho es el imperio de la ley y la irrestricta sumisión de todas las autoridades a ésta. Así, el control último de la actividad y no actividad de las autoridades recae naturalmente en los juzgadores, es decir, el Poder Judicial. Por esto, la trascendencia de fomentar juzgados, tribunales y cortes independientes y autónomos frente a cualquier intento de control que provenga de las mismas autoridades. Esta primera división es absoluta y no admite reparo alguno.

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Ahora bien, además de ser un Estado de derecho, formalmente el mexicano lo es democrático. De esta segunda cualidad se infiere que los partidos y las fuerzas políticas compiten libre y equitativamente por las posiciones y, respaldados por el voto ciudadano, forman gobiernos y congresos en contrapesos verticales y horizontales. Sin embargo, a pesar de que la competencia democrática les da un origen común al Legislativo y Ejecutivo, es también deber del primero, con los instrumentos que la Constitución le otorga, controlar la actividad del segundo.

Pese a la trias politica sobre la cual se funda el Estado mexicano, el control del Legislativo sobre el gobierno se ha rezagado notoriamente, no por falta de instrumentos para hacerlo, sino por carencia de pluralidad legislativa y sensatez partidista. Esto no sólo permite que en la práctica el poder Ejecutivo predomine sobre el Legislativo, sino que abre el camino para que así también sea sobre el Judicial.

Así, el Senado fomenta este rezago con su silencio[1] cuando el Ejecutivo irrumpe en la práctica de su facultad legislativa (el instrumento natural de control al gobierno), a través de la Consejería Jurídica en el marco de la discusión de la iniciativa de Ley General de Transparencia. Fueron organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19,[2] y no legisladores quienes denunciaron la forma opaca y las potenciales regresiones que el consejero “comentaba” a senadoras (léase “dictaba línea” para el caso de la bancada priísta y del Verde Ecologista), haciendo un claro llamado a transparentar el proceso de la Ley de Transparencia –desafortunadamente, no es una tautología–.

organizaciones contra postulación de medina mora

Claudican en su independencia los senadores y senadoras al Ejecutivo, y de paso ponen en riesgo la autonomía e idoneidad del Poder Judicial, si estando frente a otro instrumento de control (la facultad de aprobar las designaciones presidenciales) esgrimen posiciones vacías como las declaradas por el Senador Omar Fayad, refiriéndose a la candidatura de Eduardo Tomás Medina Mora (“Nosotros no tenemos una sana distancia, como se dice por ahí. Somos priistas que respaldamos al Presidente”[3]), o recurren al intercambio de una Ley por una designación, como algunos medios han difundido.[4]

Finalmente, diluyen la frontera entre estos dos poderes públicos la senadora que en cuestión de pocos días solicita una licencia, el Presidente que la designa y sus antiguos pares que la ratifican para encabezar la Procuraduría. También lo hacen la Subprocuradora que deja su oficina buscando una diputación plurinominal por el partido del gobierno; la Subsecretaria que hace lo propio, pero arropada por el Partido Verde Ecologista, y los muchos otros senadores, senadoras, funcionarios y funcionarias que, en desbandada y sin reparo a estar en medio de funciones, corren de un lado a otro intentando agarrar el puesto que más les retribuya.[5]

Estos amarres y transacciones vulneran, sin duda, la división de poderes y su objetivo más noble: limitarse y controlarse recíprocamente; y paradójico pero cierto, no hay nada ilegal en ellos. Todos los procesos que brevemente se mencionaron están fundados en una u otra figura constitucional que bien valdría la pena repensar, como las licencias legislativas o los mismos procesos de designación. No obstante, no por ser estas figuras legales y la división de poderes estar nominalmente en la Constitución, podemos obviar que en todo Estado democrático y de derecho son irreductibles las divisiones y controles, no sólo formales sino materiales, algo que el Ejecutivo actual ha manifiestamente olvidado.

[1] Hasta ahora, pocos senadores, como el senador Javier Corral o el senador Alejandro Encinas, han dado sus justas proporciones a este hecho. El Senador Corral, por ejemplo, llamó a que el Pleno del Senado convoque al Consejero Jurídico para que, de manera presencial y pública, sostenga los argumentos entregados secretamente al Senado.
[2] Ver acá.
[3] Ver acá.
[4] Ver, por ejemplo, “Liga AN voto a Medina a ley de transparencia”, publicado en Reforma del 04 de marzo.
[5] Una práctica que no es exclusiva a un partido ni a un nivel de gobierno; existen varios casos de otros institutos políticos que en época electoral promueven la “puerta giratoria” entre congresos y gobiernos.

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